Caracas.- El fiscal general Larry Devoe admitió el 11 de junio las fallas que hay actualmente en el sistema penal venezolano, como el retardo procesal, lo que atribuye al colapso de la estructura actual.
Durante un acto llevado a cabo en el marco de la reforma de la justicia penal, Devoe señaló que consiguió a «una persona que tenía siete años en un establecimiento policial y no había sido presentada ante un tribunal».
Declararse culpable: la estrategia de los presos para salir antes
Aseguró que en un diagnóstico sociodemográfico hecho a la población privada de libertad, se encontró «que el 75% de los condenados admitió los hechos, lo que significa que ante el retardo procesal, ante los costos del proceso, la solución del privado es admitir los hechos para salir antes, para acortar el tiempo de privación de libertad».
Dicha situación, afirma, es agravada por el hacinamiento en los centros de detención preventiva, ya que «son espacios donde la persona debería pasar poco tiempo», por lo que considera que deben ser descongestionados.
Ante esto, estima que esta realidad vulnera la presunción de inocencia y demanda acciones inmediatas para garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales en Venezuela.
Denuncias de ONG
El jueves 11 de junio, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, habló sobre este tema, enfocándose en 87 casos de presos políticos que permanecen bajo medida de prisión preventiva desde hace más de dos años en Venezuela.
Asimismo, detalló que, de ese grupo existen 57 personas que incluso han superado los tres años de prisión preventiva sin recibir una sentencia firme.
Asimismo, Himiob sostuvo que estas personas deberían recibir medidas cautelares menos gravosas o ser excarceladas de manera inmediata, debido a que han excedido ampliamente los lapsos legales de detención preventiva.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que ha contado al menos 23 muertes de reclusos bajo custodia del Estado, denunció el 10 de junio el deceso de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, detenido por el caso de la «Operación Trueno», desde hace cuatro años junto a otras 22 personas que, según denunciaron familiares mediante la ONG Provea, están bajo la figura de detención preventiva «como una condena de facto, violentando el principio de presunción de inocencia y el derecho de ser juzgado en un tiempo razonable».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
