Más de una decena de organizaciones civiles exigieron transparencia y la participación de la sociedad civil en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Organizaciones como WOLA, Cofavic, Espacio Público y Provea suscribieron un comunicado donde además expresan preocupación por la reciente reforma a la Ley Orgánica del TSJ, así como la selección de titulares para la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Escuela Judicial.
Las ONG hicieron un llamado a los miembros de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo a conducir este proceso conforme a los estándares internacionales en materia de independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
Explicaron que la integración del máximo tribunal del país (TSJ) tiene un impacto directo en la vigencia del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la población.
“Por ello, la designación de sus integrantes no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética”, reza el comunicado.
En procura de asegurar un proceso legítimo y democrático, las organizaciones hicieron las siguientes exigencias:
–Publicación oportuna de un cronograma claro: Consideran indispensable que se difunda el cronograma detallado y definitivo que permita conocer cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos
–Difusión completa de aspirantes y hojas de vida: Para las ONG la lista de personas postulantes debe ser pública, junto con sus hojas de vida y soportes necesarios para evaluar su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos. “El escrutinio público solo es posible si la información sobre las capacidades técnicas y la probidad de los candidatos es accesible”.
–Establecimiento de un baremo objetivo: El Comité correspondiente debe diseñar y publicar un baremo o criterios de calificación objetivos y detallados. “La selección debe basarse estrictamente en el mérito profesional, la trayectoria jurídica y la idoneidad ética”.
–Mecanismos de impugnación y respuestas fundamentadas. Según las ONG, el proceso debe garantizar plazos, canales e instancias claras para que cualquier persona u organización civil pueda presentar objeciones o impugnaciones debidamente sustentadas respecto de postulantes que no cumplan con los requisitos de idoneidad.
–Garantía de espacios reales de participación ciudadana. De acuerdo a las organizaciones el proceso debe contemplar mecanismos efectivos que permitan a la sociedad civil dar seguimiento a cada etapa, presentar información relevante, conocer los criterios de evaluación y acceder a información suficiente sobre las decisiones adoptadas.
Organizaciones que suscriben las peticiones:
Acceso a la Justicia
Aula Abierta
AlertaVenezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
CIVILIS
COFAVIC
Comisión Internacional de Juristas
Espacio Público
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos)
Robert and Ethel Kennedy Center for Human Rights
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
