¿A quién le conviene la muerte del Niño Guerrero?, ¿Quién gana y quién pierde? y ¿Qué revela esta acción sobre la seguridad y política en Venezuela? Todas estas preguntas fueron contestadas en una edición especial de La Conversa con la Luz el domingo 14 de junio conformada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, además de Efecto Cocuyo.
El pasado viernes 12 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta Truth Social que las Fuerzas Armadas de su país mataron en una acción conjunta con el gobierno venezolano al líder de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” en la población de La Claritas, en el estado Bolívar. Trump describió el ataque ejecutado por el Comando Sur estadounidense con apoyo venezolano como “cinético, rápido y letal”.
Ronna Rísquez, directora de ARI y autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado, indicó que si se hubiese querido hacer justicia lo indicado era detener a Guerrero Flores y no supuestamente eliminarlo en la segunda incursión violenta de fuerzas militares estadounidenses luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
Rísquez recordó que Guerrero Flores está en la misma causa que se le sigue en Estados Unidos a Maduro por terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado y empleo de armamento de guerra.
“Tendría que haber hablado, testificado o comparecido ante ese tribunal en Estados Unidos para hablar acerca de esa aparente relación con Maduro a quien el gobierno de Trump señala como el verdadero líder del Tren de Aragua”, dijo Rísquez.
La directora de ARI sentenció que Guerrero hubiese podido hablar de las operaciones del Tren de Aragua fuera de territorio nacional, especialmente en Chile, donde la banda criminal está señalada de ser la autora del asesinato del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, el pasado 21 de febrero de 2024 y donde además era solicitado por los delitos de secuestro, extorsión, homicidio y trata de personas.
“También hubiese sido interesante que hablara acerca de cómo fue que el Tren de Aragua logró operar durante tantos años en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, salió y estableció células en distintos países, todo eso ante la mirada de las autoridades venezolanas”, enfatizó Rísquez.
Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, dijo que el propio fiscal chileno, Héctor Barros, indicó que había información de que Guerrero Flores se encontraba operando en el estado Bolívar.
Rísquez agregó que las autoridades brasileñas también presumían de la presencia de Guerrero en ese sector, porque existe la probabilidad de que eventualmente se moviera al vecino país por razones de seguridad.
César Batiz, director del Pitazo, informó que la intervención de la cárcel de Tocorón se produjo en 2023 y el que el dominio hamponil en el sector de Las Claritas y el Kilómetro 88 estaba en manos de alias “Juancho” y posteriormente llegó Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, asi como Giovanni Vicente Mosquera. “Por otro lado está Fabio, que está en otra zona”.
Según Batiz, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, le dio a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la orden que debía sacar del Arco Minero al Tren de Aragua, al ELN y a los sindicatos.
“El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo reconoció que estuvieron en la zona representantes de empresas mineras estadounidenses y dijo que necesitan seguridad. Y esa seguridad no la pueden tener mientras estén presuntos criminales del Tren de Aragua, el ELN, y los sindicatos”, dijo Batiz.
Rísquez sostuvo que desde que se desmanteló la prisión de Tocorón en 2023 se especulaba sobre la presencia del “Niño Guerrero” en el estado Bolívar.
“Las personas con las que pude hablar confirmaron que el visitaba con frecuencia esa zona para reunirse con Petrica y después del desalojo de Tocorón se había ido a refugiar a Las Claritas. Entonces sí es posible que haya podido estar ahí”, dijo Rísquez.
La directora de ARI informó que todos los pueblos que tienen minas cuentan con un jefe criminal. “Y eso ha sido así, antes y después de la creación del Arco Minero y durante la época en que era gobernador Francisco Rangel Gómez”.
Rísquez apuntó que además en esa zona hay otras estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Reyes calificó como llamativo que ahora el presidente estadounidense Donald Trump sea quien informe primero de lo que acontece en Venezuela y después el gobierno de Rodríguez lo confirme, tal cual y como sucedió con la captura de Maduro y Flores.
Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes, sentenció que la muerte del “Niño Guerrero” se produjo después de la aprobación de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional y la presión de algunos voceros del gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad en esa zona, donde supuestamente deben instalarse inversionistas extranjeros.
Una caja negra
Rísquez dijo que el Arco Minero es como una caja negra. La opacidad y la falta de transparencia con la que opera el gobierno venezolano hacen que sea prácticamente imposible corroborar una información.
“Periodistas en la zona no tienen cómo constatar qué está pasando en esa zona de Las Claritas. Cazadores de Fake News hizo un análisis de la mayoría de los videos publicados, incluso donde se veían a mineros huyendo y determinaron que casi la mayoría son falsos, no corresponden a la zona ni al momento”, sostuvo Rísquez.
Reyes informó que aparte del comunicado que sacó la administración de Rodríguez, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa no se han pronunciado sobre la incursión estadounidense en territorio venezolano.
Blanco sentenció que Trump había usado al Tren de Aragua como un elemento recurrente en su campaña y la supuestamente eliminación del “Niño guerrero” se convierte en una victoria para su gestión política.
Batiz expresó que es perentorio buscar una solución para los mineros que no son delincuentes.
“Que están allí por necesidad. En El Callao se habla de unos 60.000 mineros. Algunas organizaciones dicen que han detectado 1.900 focos de minería, otras hablan de 3.700. Lo que sí es exacto es que el Arco Minero tiene una extensión de 120 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que corresponde al 12% del territorio nacional”, indicó el director de El Pitazo.
Blanco agregó que el área es un poco más grande que Portugal y el doble del tamaño de Costa Rica.
Rísquez agregó que la gobernanza criminal que operaba en el Arco Minero se encargaba de establecer cierto orden.
“Se daban a la tarea de reclutar a los mineros, comercializar todo lo que estaba alrededor de la mina, prostitución, droga, licor, logística en general. Y a cambio recibían un porcentaje de lo que generaba la mina”, expuso la directora de ARI.
A juicio de Rísquez, el gobierno venezolano pudo haber realizado esta operación sin el apoyo de Estados Unidos, así como desalojó Tocorón y otras prisiones de Venezuela, desmanteló la banda del “Koki” en la Cota 905 de Caracas, la banda del “Picure” en Guárico y al Tren del Llano en San Juan de Unare en el estado Sucre
“No significa que convalide las formas en que se hacen este tipo de operaciones, pero hay que tener claro que este mismo gobierno ha combatido a otras estructuras criminales sin el apoyo de Estados Unidos”, dijo la directora de ARI.
Para Rísquez, la supuesta muerte de Guerrero Flores cobra un protagonismo simbólico en la gestión de Trump.
En vista de la opacidad del operativo, Rísquez apuntó que desconoce si otros cabecillas del TDA cayeron igual que Guerrero Flores o ahora pasarán a tomar el control de la organización criminal.
“Lo único que hemos visto es una publicación en una red social del presidente de Estados Unidos, un comunicado del gobierno de Venezuela y una casucha que fue explotada”, puntualizó Rísquez.
La directora de ARI indicó que aún hay muchas preguntas por responder y que probablemente queden en el aire. “Qué tipo de aeronave se usó en el bombardeo, qué proyectiles se emplearon, cuántas personas intervinieron en la operación y por supuesto la cantidad de víctimas, si hubo heridos. No tenemos mayores detalles”.
Reyes calificó a lo ocurrido en Las Claritas como un experimento de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en cualquier territorio venezolano.
“Y es una alerta para todos, para los grupos que están y también los que no están en el gobierno”, sostuvo la directora de Efecto Cocuyo.
Reyes añadió que organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea exigieron una investigación exhaustiva.
“Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que la gente se termine adaptandose al autoritarismo”, indicó la fundadora de Efecto Cocuyo.
Reyes agregó que el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que había que estar preparado, porque este tipo de acciones van a seguir.
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