En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a que el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, está acondicionando los centros de detención del país y cerrando los que consideran “inhabitables”. Entre ellos, mencionó a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas.
“Nosotros hemos ido acondicionando sitios y cerrando sitios que, de verdad, no era habitables. Te pongo un ejemplo, la Zona 7 de la PNB acá. Eso era un centro de hacinamiento, eso es otra cosa. Era un sitio de ultraje, más bien. Hemos estado revisando los casos, hay más de 12 000 pendientes de juicio, una cantidad de personas que tienen ya condena, que deben estar en los centros de reclusión normales”, expresó Cabello a los periodistas.
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🔴 Diosdado Cabello anunció que el gobierno está acondicionando centros de detención y cerrando los que son inhabitables.
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El reconocimiento de que Zona 7 es un “centro de ultraje” parece llegar tarde para el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien fue nombrado en dicho cargo el 27 de agosto de 20024, un mes después de las disputadas elecciones presidenciales que derivaron en la mayor ola represiva y detenciones en el país en la historia contemporánea.
Cabello, quien ya había ocupado esa cartera ministerial 22 años atrás, asumió en esa fecha el control directo de los órganos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Su nombramiento se dio en medio de la denominada “Operación Tun Tun”, una política gubernamental orientada a la detención masiva de manifestantes, líderes políticos de oposición y ciudadanos percibidos como disidentes. Bajo su gestión, el discurso oficial justificó las capturas masivas bajo la narrativa de “neutralizar planes terroristas”. No obstante, organismos internacionales documentaron que esta estructura sirvió para consolidar una persecución sistemática que violó derechos fundamentales de forma generalizada.
En esta declaración Cabello hizo mención a la reforma del Sistema de Justicia Penal que adelanta el Rodrigato, con la que prometen transformar integralmente el sistema para garantizar una justicia “expedita, combatir la corrupción, erradicar la impunidad y asegurar el respeto a los derechos humanos”.
Pero las evidencias sobre el hacinamiento, “ultraje” y otras violaciones de derechos humanos en la Zona 7 de la PNB no son recientes. El reconocimiento de la situación llega dos años después de las constantes alertas que familiares de presos políticos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han hecho con insistencia desde 2024.
Un inframundo de vieja data
El Centro de Detención Preventiva de la PNB en Boleíta (Caracas), históricamente conocido como “Zona 7”, pasó a ser uno de los principales centros de reclusión temporal para civiles detenidos en el contexto poselectoral. A pesar de ser un espacio diseñado exclusivamente para resguardar a personas de forma transitoria —por un lapso no mayor a 48 horas—, se transformó en un reclusorio prolongado caracterizado por el hacinamiento extremo -que reconoce Cabello apenas casi dos años después- la insalubridad y la opacidad judicial.
En el informe “Prisión injusta, celdas inhumanas” de Provea (diciembre 2024) se recuerda que antes del evento electoral presidencial celebrado el 28 de julio de 2024, había centenares de personas detenidas por razones políticas en centros de reclusión
como “Boleíta Zona 7” y “El Helicoide”, en Caracas. También destacan que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH) —en un informe presentado el 20 de septiembre de 2022— detalló que en esos espacios se realizaron actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos — entre ellos dirigentes políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores
de los derechos humanos—.
Uno de los aspectos más graves denunciados por organizaciones como Foro Penal y Amnistía Internacional fue la reclusión de niños, niñas y adolescentes en el mismo perímetro de Zona 7. Tras las protestas de julio de 2024, más de 160 jóvenes de entre 14 y 17 años fueron encarcelados en todo el país, imputados bajo cargos severos de terrorismo e incitación al odio, delitos cuyas penas oscilaban entre los 10 y 30 años de prisión. La detención de este grupo vulnerable representó, a juicio de defensores de derechos humanos, la transgresión de un límite ético e institucional en la historia carcelaria contemporánea de Venezuela.
Bajo la gestión de Cabello, este centro de detención albergo al menos a 21 adolescentes en esos meses de alta represión, cuyas madres protestaron y denunciaron en distintas ocasiones que sus hijos fueron objeto de golpizas, humillaciones y torturas psicológicas prolongadas.
El impacto psicológico fue tal que familiares reportaron crisis severas de depresión e ideación suicida entre los menores recluidos dentro de una celda que se conocía como “La llorona” o “El inframundo”, ubicada en el sótano del recinto, en donde los presos debían pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios. La celda carecía de ventilación, entrada de luz solar y baños
En el informe titulado justamente “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7” del Observatorio Venezolano de Prisiones, y publicado en diciembre de 2024, se evidenció el colapso y las graves violaciones a los derechos humanos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido en Boleíta. La principal recomendación desde entonces era cerrarlo, ya que al ser un espacio originalmente administrativo, no estaba acondicionado para retener personas por más de 48 horas ni para funcionar como un centro de reclusión permanente.
Para esa fecha, el OVP cifró en más de 400 el número de personas encarceladas allí, en espacios diseñados para una capacidad mucho menor, donde en celdas minúsculas se recluía a más de 25 personas. Además, las condiciones infrahumanas de reclusión fueron denunciadas: falta de ventilación y luz solar directa que propiciaba la rápida propagación de enfermedades, los reclusos se veían obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas debido a la insalubridad de los baños.
El OVP identificó que en Zona 7 también funcionaba una celda de castigo a la que llamaban “El Tigrito”, en donde recluían a los que llegaban o o eran castigados. También era un área pequeña, de apenas cuatro por seis metros, en donde los presos eran obligados a dormir de pie y se turnaban para sentarse en envases de refrescos.
“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe.
A todo ello se sumaban actos corruptos y prebendas. El informe expuso la existencia de “polipresos” (presos privilegiados) que habitaban en áreas separadas con acceso a luz, ventilación y descanso digno.
Sobre la reclusión de adolescentes, esta investigación también reveló que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con población penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.
Justo una semana después de los hechos del 3 de enero que marcaron un “nuevo momento político” según el chavismo, en el que ahora reconocen parcialmente algunas fallas del sistema penal y judicial, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) anunció el fallecimiento bajo custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años.
El preso político, quien dedicó más de 20 años de su vida al servicio público como funcionario de la Policía de Portuguesa, murió en la sede de la PNB Zona 7. Lo habían detenido apenas un mes antes por compartir mensajes críticos contra la gestión del gobernador de Portuguesa y el Ejecutivo nacional. Bajo la sombra de la opacidad judicial, se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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