“Es un horror que parece no tener fin”, repiten los familiares de Omar Francisco (35) y Rafael Efraín Rodríguez Parada (42), dos hermanos colombianos que cumplirán cuatro años encerrados en los penales El Rodeo II y El Rodeo III.
Pescadores desde niños, los hermanos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 22 de septiembre de 2022 cerca del río Arauca, en el estado Apure, junto a los venezolanos José Aponte Rojas, de oficio mecánico; Gabriel López, obrero y Miguel Alexander Guedez, maestro de construcción.
Posteriormente incorporaron a la causa al campesino venezolano Oscar Jesús Trejo, un joven de 18 años, que detuvieron en el camino ya que a Aponte lo dejaron recluido en un hospital de la zona porque sufrió una convulsión debido a las torturas que sufrió y debían trasladar a Caracas a cinco presos y no cuatro.
Los cinco fueron condenados a 30 años de prisión por terrorismo, tráfico ilícito de municiones, asociación para delinquir, contrabando agravado de combustible y conspiración. Según sus familiares y defensores, en todo el expediente no existe una sola prueba que los vincule con esos delitos. Los funcionarios a cargo del procedimiento alegaron que formaban parte de las disidencias de las FARC aunque la comunidad que convive en la frontera los reconoció como miembros de familias de pescadores y trabajadores asentados en la frontera desde hace varias generaciones.
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Cuatro años después de su detención, los hermanos Omar y Rafael presentan graves secuelas físicas producto de las diversas torturas que sufrieron: dolores intensos de columna que les impiden levantarse, problemas cervicales. Omar presenta una hernia testicular que no ha sido tratada y no puede alzar los brazos.
Su familia asegura que antes de su detención nunca habían enfermado pero que ahora su situación es diferente. La comida que reciben en prisión es de muy mala calidad y tampoco tienen acceso a tratamientos médicos, según conocieron.
Sus familiares en Colombia viven aterrorizados. La esposa de Omar, Glenys Santana, madre de sus cuatro hijos menores de edad, detalló a El Pitazo que recuerda cómo hombres armados entraron en ese entonces a su casa y dispararon en múltiples ocasiones.
“Los niños quedaron traumados, convencidos de que su papá fue asesinado”, precisó al tiempo que asegura que ni ella ni sus hijos han visto a Omar en todo este tiempo ya que viajar a Venezuela les genera pánico.
La tía de los hermanos, Magalys Gómez, se hizo cargo de presentar denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía colombiana, exigiendo revisión de las pruebas y su repatriación, pero aún no recibe respuestas. “Tememos que se mueran en la cárcel. Ya están enfermos, con secuelas de torturas y sin atención médica. Si el Gobierno colombiano no interviene, vamos a recibir dos cadáveres en vez de nuestros familiares. Solo pedimos que se conozca la verdad y que los regresen vivos”.
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La noche de la captura
Omar y Rafael vivían de la pesca en las aguas del río Arauca. Cruzaban la frontera y vendían el pescado fresco en la población de Elorza, en el estado Apure. La noche del 22 de septiembre de 2022, funcionarios de la Dgcim llegaron hasta sus viviendas.
Primero detuvieron a Rafael Efraín y a los otros acompañantes. Luego irrumpieron en la casa de Omar. Los cinco hombres fueron arrodillados y encañonados.
Comenzó una violenta requisa buscando armas y dinero pero solo hallaron la factura del pescado y los implementos de trabajo: chinchorros, nylon, anzuelos y comida. Frustrados, tumbaron los techos de sus casas y voltearon tobos que usaban para la pesca en busca de evidencia. No encontraron nada, tal y como aseguraron familiares que quedó sentado en el expediente.
Los golpearon brutalmente en diversos días. José Aponte Rojas, el mecánico, sufrió una convulsión en medio de una tortura en la que le cortaban la respiración, por lo que fue hospitalizado. Quedaron cuatro detenidos.
A todos los llevaron a la sede de la Guardia Nacional de Elorza, donde al menos 15 funcionarios de la Dgcim los golpearon nuevamente mientras preguntaban por “Ramiro” y “Ale”. Los detenidos indicaron que no los conocían.
Al día siguiente, durante el traslado a San Fernando de Apure, incorporaron al joven campesino Oscar Jesús Trejo, quien según los familiares no estaba presente en el momento de los hechos. Este era el reemplazo del mecánico que quedó herido: en la foto de la detención aparece el mecánico pero en los documentos figura la identidad de Oscar. A pesar de su notable diferencia física y de edad, las autoridades no le dieron relevancia.
Días después fueron enviados a Caracas. En la audiencia preliminar se presentó un defensor privado. El juez José Máximo Márquez les manifestó a los funcionarios a cargo del procedimiento un reclamo público por la detención del grupo: “¿Por qué están haciendo estas injusticias? Si siguen trayendo gente inocente, van a terminar ustedes en este hueco”, relató luego el abogado de los detenidos a sus familiares quienes estaban conectados con la situación a distancia.
A pesar de la ausencia de pruebas, les negaron la libertad. El 30 de enero de 2025, tras un año de juicio, la jueza Andreina Romero del Tribunal Tercero de Terrorismo condenó a los cinco a 30 años de prisión.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
