Los Llanos.-La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) presentó al Ejecutivo nacional una agenda de reclamos sobre importaciones, incentivos fiscales, infraestructura rural y seguridad jurídica durante la instalación del Primer Consejo de Seguimiento Agroproductivo, una instancia que reabre un canal formal de diálogo entre el Gobierno y los gremios agrícolas tras años de escasa interlocución institucional con el sector.
El encuentro, celebrado el pasado 11 de junio, contó con la participación del ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wladimir Padrino López; el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería; representantes de organismos públicos vinculados al área agroalimentaria, agroindustriales y organizaciones de productores.
Además de Fedeagro, a la convocatoria también asistieron representantes de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac), la Asociación de Industriales Agrícolas (Asinagri) y la Asociación de Frigoríficos y Mataderos Industriales de Venezuela (Asofrigo).
El presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, explicó que el encuentro tuvo como propósito escuchar directamente a los actores de la cadena agroalimentaria y conocer la situación productiva nacional.
“Planteamos muchas de las situaciones que están afectando directamente al productor venezolano y que además fueron consignadas por escrito”, afirmó.
Más allá de los planteamientos sobre arroz, maíz, tributación o infraestructura, la reunión pareciera marcar el retorno de una mesa de trabajo donde participaron directamente representantes de los principales gremios agropecuarios e industriales del país junto gabinete de Delcy Rodríguez.
Durante las dos últimas décadas, organizaciones agrícolas mantuvieron denuncias recurrentes relacionadas con importaciones, falta de financiamiento, escasez de combustible, fallas de infraestructura, y ausencia de seguridad jurídica y políticas tributarias, aunque con limitados espacios de discusión y de atención de las autoridades nacionales.
El reclamo principal: las importaciones en tiempos de cosecha
Uno de los temas centrales de la reunión fue la denuncia realizada por Fedeagro sobre el impacto de las importaciones de arroz durante la cosecha nacional en este 2026.
El gremio recordó que recientemente solicitó al Ejecutivo detener el ingreso de este cereal al considerar que la importación masiva coincidió con la temporada de cosecha venezolana, provocando una sobreoferta que afectó la comercialización de la producción nacional.
Según la organización, durante el ciclo 2025-2026 ingresaron más de 300.000 toneladas de arroz importado, situación que generó dificultades para la recepción de la cosecha nacional por parte de la industria y afectó especialmente a productores de estados como Guárico y Portuguesa.
Fedeagro denunció que algunas empresas receptoras limitaron las compras de arroz nacional e incluso condicionaron la recepción de cosechas a compromisos previamente adquiridos por los productores mediante financiamiento de insumos.
Como consecuencia, el precio pagado al agricultor se redujo aproximadamente 35 %, al pasar de 0,40 dólares por kilogramo a 0,30 dólares por kilogramo.
La organización insistió en la necesidad de establecer mecanismos que permitan sincronizar las importaciones con los niveles reales de abastecimiento y evitar que estas coincidan con los períodos de cosecha nacional.
Temor a que el maíz enfrente el mismo escenario
La preocupación de los productores no se limita al arroz. Durante la reunión, Fedeagro manifestó inquietud por el comportamiento de las importaciones de maíz mientras avanza la siembra del ciclo invierno.
Quero Pérez señaló que actualmente existen semillas e insumos suficientes para atender alrededor de 400.000 hectáreas de maíz, una cifra que refleja las expectativas de crecimiento del sector para este año. Sin embargo, indicó que informes internacionales reflejan la llegada al país de más de 1.000.000 toneladas de maíz blanco y amarillo entre febrero y mayo, principalmente desde Estados Unidos, además de cargamentos provenientes de Argentina y Brasil.
El gremio considera que la Comisión de Seguimiento Agroproductivo debe mantenerse activa para evitar que las importaciones terminen afectando la comercialización de la cosecha nacional prevista para septiembre, octubre y noviembre.
“Hay muchos rubros en los que podemos alcanzar la autosuficiencia. Lo que necesitamos es una planificación que priorice la producción nacional y evite distorsiones en el mercado”, sostuvo.
Asimismo, Fedeagro advirtió que parte de las importaciones agrícolas compiten con productos subsidiados en sus países de origen, como el caso de Estados Unidos, una situación que pone en desventaja a los agricultores venezolanos.
Infraestructura afectada por las lluvias
Otro de los planteamientos realizados ante las autoridades estuvo relacionado con los daños ocasionados por las recientes lluvias en Portuguesa y parte de la región andina.
Quero Pérez explicó que se informó al Ministerio de Agricultura sobre la necesidad de una intervención rápida en la vialidad de los municipios Unda y Sucre, donde las precipitaciones han generado afectaciones que dificultan la comunicación terrestre entre Portuguesa y Lara.
Recordó que productores de localidades como Guaríco, El Tocuyo y Quíbor del estado Lara, mantienen una importante dinámica económica con esta zona para la movilización de rubros como café, cambur y hortalizas, por lo que la interrupción del tránsito afecta directamente la actividad productiva.
Aunque reconoció las acciones emprendidas por la Gobernación de Portuguesa, señaló que la magnitud de los daños requiere apoyo adicional por parte del Ejecutivo nacional.
Incentivos fiscales para sostener la producción
Fedeagro también llevó a la mesa de discusión la preocupación existente por la no renovación del decreto que permitía deducir inversiones agrícolas del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
El gremio considera que esta situación se suma a otros factores que han reducido la rentabilidad del sector, como la eliminación de subsidios al combustible y fertilizantes, la inflación y las limitaciones para acceder al financiamiento.
A juicio de los productores, mantener la carga tributaria sin reconocer las inversiones que exige la actividad agropecuaria termina estragulando la producción nacional.
“Es necesario que existan mayores incentivos para que la clase agrícola pueda mantenerse productiva”, expresó Quero Pérez.
Seguridad jurídica y recuperación de tierras
La seguridad jurídica en el campo también formó parte de la agenda presentada al Ejecutivo. Fedeagro valoró positivamente las recientes actuaciones judiciales que permitieron la restitución del predio Don Boni, ubicado en el municipio Papelón del estado Portuguesa.
La unidad de producción, de 1.542 hectáreas, permanecía ocupada ilegalmente desde agosto de 2024. Durante ese período, según denunciaron los propietarios, fueron desvalijados equipos agrícolas, se registró la pérdida de más de 700 reses y se levantaron más de 95 de estructuras improvisadas dentro de la finca.
Quero Pérez sostuvo que el caso representa una señal positiva para el sector, aunque insistió en que los productores requieren garantías permanentes para proteger sus inversiones y propiedades.
“Hemos insistido en que el campo venezolano necesita sentirse protegido para seguir trabajando. Deben fortalecerse los mecanismos de defensa del sector agrario y garantizarse la protección de la actividad productiva”, afirmó.
La respuesta del Ejecutivo
Durante la reunión el ministro Vladimir Padrino López presentó una serie de lineamientos orientados a ordenar las importaciones agrícolas y reducir posibles afectaciones sobre las cosechas nacionales.
Entre las propuestas planteadas se encuentra que las licencias de importación caduquen antes del inicio de la recepción de las cosechas nacionales; que los productos importados se encuentren nacionalizados y distribuidos antes de la entrada de la producción venezolana al mercado; y que las futuras autorizaciones se calculen con base en los niveles reales de abastecimiento y en la capacidad de compra de la cosecha nacional. Sin embargo, dirigentes gremiales precisaron que estas medidas no quedaron plasmadas en acuerdos formalmente suscritos entre las partes.
Lo ocurrido en la reunión, explicaron, fue la presentación de los planteamientos del sector agrícola y una respuesta preliminar por parte de las autoridades nacionales, cuyos resultados deberán evaluarse en futuras mesas técnicas de seguimiento.
Para Fedeagro, la principal conclusión del encuentro es la reactivación de un espacio institucional de discusión que permita abordar de manera periódica los problemas estructurales de la producción nacional y construir mecanismos de coordinación entre productores, agroindustria y Gobierno.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
