🔴🔵 Tarjeta roja a los feminicidios en América Latina

Por Carlos Gutiérrez | CONNECTAS

En México, el comienzo del Mundial de fútbol se vio marcado por situaciones contrastantes. Mientras en el histórico estadio Azteca todo era fiesta, música y deporte, en las calles, varios grupos protestaban por problemáticas minimizadas o invisibilizadas sistemáticamente por el Estado mexicano. Entre ellas se destacaban las de colectivos de madres buscadoras, que se enfrentaron a los cercos policiales que trataban de acallar sus clamores por más de 130.000 desaparecidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

En redes sociales también surgió la campaña “La violencia contra las mujeres no es parte del juego”, para crear consciencia sobre los altos índices de feminicidios en el país. Tan solo en México, el 43,9% han sufrido las agresiones de sus esposos o parejas, que suelen agudizarse en los grandes eventos deportivos, como denuncia la Red Nacional de Refugios. Esta problemática afecta a todos los países de América Latina.

Justamente, una semana antes del inicio del torneo mundialista, en Argentina miles de personas salieron a las calles para protestar por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo apareció en un descampado de la ciudad de Córdoba.  

El asesinato de dos mujeres más se sumó a la indignación de la ciudadanía y de grupos feministas que luchan por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina presenta una cuestionada baja de 12,3% en el índice de los casos durante 2025, con respecto al año anterior. “Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas”, expresó en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Las declaraciones del fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, quien lleva el caso de Agostina Vega, solo alimentaron la indignación de grandes sectores sociales. Primero, evitó calificar el crimen como feminicidio. Luego, le dio mérito a los perros de búsqueda que dieron con los restos de la menor. “Hay que entregarles una medalla de distinción”, afirmó. La exconcejal Laura Vilches lo increpó al decirle que podía “ahorrarse el cinismo”, porque era “una payasada” lo que estaba haciendo.

Para Aimée Zambrano, coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix, con sede en Venezuela, el asesinato de Vega fue la gota que derramó el vaso de la grave violencia que sufren las argentinas. Afirma que su historia está siendo tan relevante como lo fue en 2015 el feminicidio de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años, que dio origen al movimiento Ni una menos. Además, señala Zambrano en conversación con CONNECTAS, la actitud del fiscal Garzón “es un indicador del tipo de gobierno, el tipo de ideas que ahora hay en Argentina y que vienen de la mano de negar los derechos de las mujeres y de negar que existe un Estado patriarcal, y de negar que hay un tratamiento diferenciado desde lo masculino hacia lo femenino”.

En efecto, el gobierno de Javier Milei decidió recortar hasta casi en un 90% el presupuesto para prevenir la violencia de género, mientras eliminaba el programa Acompañar así como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “El Gobierno libertario optó por desfinanciar y suprimir, evitando contemplar que las iniciativas ahora vaciadas eran el resultado de una larga historia y que surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal”, publicó el diario español El País.

María Elena Martin, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, explica que desde la llegada de Milei a la presidencia, “prácticamente se han desmantelado todas las políticas públicas de igualdad de género y los observatorios. Solamente queda el de la Corte Suprema de Justicia, que registra feminicidios”.  Pero, afirma la académica, por supuesto no ha podido desintegrar la vigilancia de la sociedad civil.

El 10 de junio, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar “emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años”.  Y es que, en lo que va del año, se registra un intento de feminicidio en ese país cada 26 horas. Ello, “frente a un sistema que garantiza impunidad y que tiene una política de negacionismo, desfinanciamiento y desmantelamiento total de las políticas para prevenir esta situación”, argumentó el legislador.

Por su parte, la Asociación Civil Franco-Argentina MundoSur muestra en su Informe Anual 2025, que Argentina registró “un incremento leve, pero sostenido, en los últimos tres años” en el índice de feminicidios. También se mira un aumento en América Latina, ya que durante 2025 hubo más de 3.700 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, un promedio de 315 por mes y un aumento del 18% con respecto al 2024. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en la región se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. Las naciones con las tasas más altas durante 2025 en la región fueron Puerto Rico, Honduras y Ecuador.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, Honduras presenta uno de los mayores índices de muertes violentas de mujeres del mundo. La mayoría de los casos, señala el organismo, “son perpetrados por la delincuencia organizada y una importante cantidad son clasificados en la categoría ‘sin determinar’”.

El Centro de Derecho de Mujeres de Honduras reportó que tan solo en los primeros cinco meses de este año 111 fueron asesinadas, lo que equivale a un feminicidio cada 32 horas. El país “enfrenta tasas de impunidad alarmantes”, señala en un pronunciamiento público al comentar una reforma al Código Penal sobre el delito de feminicidio, que aumentó la condena hasta 60 años en casos agravados.

Para esa ONG, aumentar las penas no es de ningún modo suficiente. “La investigación criminal deficiente, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género de parte de los operadores de justicia y la revictimización institucional de las mujeres que denuncian, hacen que el mayor obstáculo no sea la insuficiencia de las penas vigentes, sino la casi nula probabilidad de que los agresores sean efectivamente investigados, procesados y condenados”, dice el documento.

Estas cifras regionales, sin embargo, no reflejan la realidad, porque más de la mitad de los países no cuentan con información pública. Por ello, uno de los principales desafíos es la falta de datos consolidados. MundoSur utiliza la información que aparece en la prensa digital como fuente principal para construir un mapa anual regional de feminicidios que presenta desde 2019.

Aunque parezca extraño por sus sesgos y vacíos, la prensa se convierte en “una herramienta invaluable para poner en agenda la necesidad de que el Estado asuma sus compromisos y sus obligaciones”, señala Eugenia D’Angelo, directora ejecutiva y fundadora de MundoSur. Lo anterior se agudiza aún más ante la inexistencia de una definición jurídica homologada en los países y ante las diferencias en las capacidades institucionales para registrar, sistematizar y publicar información.  

Por su parte, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron a finales de mayo el informe “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, donde llaman la atención sobre el alto subregistro en la mayoría de los países iberoamericanos.

Ponen como ejemplo a México, donde apenas el 13,6% de los casos llega a denuncia formal, y a Ecuador, donde solo se denuncia el 5%. Asimismo, señala que entre el 44 y el 50% de los casos sucede en los hogares. “Esto significa que todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”, alerta SEGIB en un comunicado oficial.

Además, el informe “Medir para transformar” muestra que la violencia contra las mujeres produce un alto desgaste económico para los países. En algunos de ellos, como Paraguay y Ecuador, alcanza hasta el 5% del Producto Interno Bruto, representado en gastos de salud y justicia, descapitalización de microempresas y falta de rendimiento de las trabajadoras víctimas de violencia, entre otros factores.

“Tiene un costo muy importante. Y no solo es económico. Ese es uno de los aspectos menos visibilizados. Tiene un impacto humano y social. Tiene impacto sobre la salud, tiene impacto sobre la autonomía de las mujeres y en su participación laboral”, ahonda Azul Picón, coordinadora del área de prevención de las violencias de Grow – Género y Trabajo, asociación civil especialista en temas de género en el ámbito laboral.

En su informe 2025, MundoSur advierte que en la región latinoamericana avanza la regresión política y el debilitamiento de las “organizaciones que históricamente han sostenido el monitoreo independiente de los feminicidios”. Denuncia un “creciente backlash contra los derechos de las mujeres”, lo cual es evidente a partir de los recortes de presupuestos, debilitamiento institucional y discursos anti-derechos.

El medio argentino feminista Latfem atribuye el fenómeno desde 2019 a los gobiernos de extrema derecha. Preocupa particularmente la política del nuevo presidente chileno José Antonio Kast, quien encabeza una agenda antiderechos en esta materia.

D’Angelo explica que en Latinoamérica hay al mismo tiempo avances y retrocesos y algunos países han desarrollado marcos normativos e institucionales relevantes para proteger los derechos de las mujeres. “Pero la existencia de una legislación avanzada no garantiza por sí sola una protección efectiva. Que exista la ley no significa que el derecho sea efectivo y que sí pueda ser ejercido claramente por las personas”, señala.

Pero otro factor, igualmente preocupante, entra en el juego. “Hay un alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una clara agenda antifeminista y antiderechos”, afirma esta jurista doctora en derechos humanos. Asimismo, considera que “la persistencia de los feminicidios y la especial vulnerabilidad de las mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, rurales, mujeres con discapacidad, personas trans, muestran que la violencia femicida sigue siendo una expresión extrema de desigualdades estructurales que no han sido resueltas en la región”.

El marco normativo internacional existe y muchos países lo tienen considerado. El instrumento más avanzado es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual no se centra en la sanción sino en la prevención. El problema es que no se implementan políticas concretas. “Por ejemplo, en Argentina está ratificado, pero no hay nadie que controle que se cumpla”, acusa Picón.

En este escenario de violencia contra las mujeres, las expertas coinciden en que para muchas de ellas el mundial de futbol no es motivo de celebración, sino de angustia, porque en estos ambientes se reafirman los discursos patriarcales. Insisten, como también señala la SEGIB, en que solo habrá resultados si se consolidan políticas gubernamentales encaminadas a la prevención, lo cual no solo representaría menores costos económicos, sino que ayudarían a proteger derechos y, sobre todo, a salvar miles de vidas en el continente.

Este análisis contó con la colaboración en reportería de Federico Ruiz.