El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) confirmó la excarcelación bajo medidas cautelares del capitán de fragata de la Armada de Venezuela, Carlos Luis Piña Bastidas, ocurrida el pasado viernes 19 de junio de 2026.
El oficial permaneció más de cuatro años privado de libertad como preso político en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO 2) de Santa Ana, estado Táchira, tras ser acusado falsamente de una presunta conspiración contra Nicolás Maduro.
La odisea de Piña Bastidas comenzó el 6 de marzo de 2022, cuando fue secuestrado por grupos irregulares en el estado Táchira. El militar fue mantenido encapuchado, esposado y bajo amenaza de armas de fuego. ¿Su “delito”? Haber hecho el favor de trasladar desde Táchira hacia Valencia al ciudadano estadounidense Jerrel Kenemore, quien viajaba al país simplemente para visitar a su novia, Yasmina Guillarte.
Cinco días después, el 11 de marzo, los grupos irregulares entregaron a Piña a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la cual posteriormente lo transfirió a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). No fue sino hasta el 15 de marzo de 2022 cuando la DGCIM oficializó falsamente su detención en las actas policiales. Durante este periodo de aislamiento, la defensa denunció de forma sistemática que el capitán fue víctima de desaparición forzada y torturas. Finalmente, se le imputaron los delitos de inmigración ilícita de personas, asociación para delinquir y conspiración.
El canje que lo dejó atrás y la justicia negada
En marzo de 2023, una investigación periodística de Infobae expuso cómo el sistema de inteligencia de la gestión de Maduro fabricó una supuesta red de espionaje y conspiración utilizando un viaje estrictamente personal. A pesar de que el propio abogado defensor, Ovidio Becerra Jaimes, interpuso un recurso de amparo constitucional denunciando la falsedad de las actas de la DGCIM y la simulación de hecho punible por parte de los funcionarios, el proceso continuó.
La injusticia se hizo más evidente el 20 de diciembre de 2023. Ese día, su coacusado, el estadounidense Jerrel Kenemore, fue liberado y enviado a EE. UU. como parte del canje político por el financista Alex Saab. Mientras el ciudadano norteamericano regresaba a su país, el capitán Piña permaneció tras las rejas.
A inicios de 2026, la defensa técnica solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía ante el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Táchira debido al estado de salud crítico del militar, producto de los maltratos sufridos. Sin embargo, el 4 de marzo de ese año, el juzgado negó el beneficio tras argumentar que los delitos imputados no encuadraban en la norma.
Desde Clippve celebraron el reencuentro del militar con su familia, pero recordaron que es fundamental que la justicia actúe conforme a los derechos humanos y se garantice una reparación integral para las víctimas. Asimismo, recordaron que la tarea no ha terminado: más de 400 presos políticos, entre civiles y militares, continúan tras las rejas en Venezuela.
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