Las personas LGBTIQ+ en Venezuela han construido sus propias redes de apoyo para acompañarse, protegerse y acceder a servicios ante la ausencia de políticas que atiendan sus necesidades y de leyes que garanticen sus derechos. El cierre de varias organizaciones, las amenazas, la criminalización y la persecución contra activistas en los últimos años redujeron aún más las opciones para una población que encuentra en la sociedad civil el apoyo que el Estado se ha negado a brindarle.
Una de las pocas organizaciones que aún opera en el país en materia de documentación y atención de violencia hacia personas LGBTIQ+ es el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, un espacio en el que participa Prissila Solórzano, mujer trans y activista por los derechos humanos. Allí coordina el área de servicios legales y psicológicos, dirigido a personas de la diversidad sexual y de género que han atravesado situaciones de violencia o discriminación.
Solórzano explicó que el acompañamiento incluye desde orientación, casos de víctimas de agresiones o acoso hasta hechos vinculados con violencia de género dentro de la población, así como situaciones de discriminación laboral. También, añadió, contempla asesoría para quienes deciden o no formalizar sus denuncias ante instancias correspondientes.
Destacó que el observatorio impulsa espacios de encuentro y de acompañamiento colectivo, como grupos de apoyo para personas LGBTIQ+, incluyendo personas trans, no binarias y queer.
“Esto hace que asistan personas de diversas orientaciones e identidades, que se conozcan y conecten con su realidad”, dijo la activista. Señaló que en estos espacios, además del acompañamiento emocional, también se impulsan procesos de aprendizaje que contribuyen a fomentar el respeto y reducir la discriminación.
Pero la desaparición de muchos de estos espacios genera preocupación por el impacto en la capacidad de atención y apoyo a las víctimas que, en numerosos casos, quedan sin opciones. Esta reducción también limita las posibilidades de participación en el activismo para la exigencia de derechos.
“Cada vez son pocas las organizaciones que brindan estos apoyos y servicios, y muchas personas quedan desamparadas en el camino”, alertó Solórzano, quien destacó, sin embargo, que “siempre” hay quienes pueden orientar a quienes lo necesitan hacia alguna de las organizaciones que aún permanecen activas.
“Que estos espacios se hayan limitado, por contexto país o por temas de recursos, hace que la comunidad no tenga espacios donde asistir, tener información, reunirse y también colaborar. Muchas personas LGBTIQ+ buscan siempre participar y colaborar, unirse a la exigencia de los derechos”, añadió.
La percepción de Solórzano coincide con los registros de otras organizaciones y activistas, quienes advierten que la combinación de crisis económica, migración, persecución política y restricciones al espacio cívico debilitaron significativamente la capacidad de respuesta de la sociedad civil.
Al menos 15 ONG cerradas en lo que va de año
La activista Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, reafirmó a El Nacional que la crisis de Venezuela ha afectado a las organizaciones de la sociedad civil. Indicó que para este año registra el cierre de al menos 15 ONG que trabajaban con personas LGBTIQ+.
“Todas las organizaciones que surgieron entre 2019 y 2021, incluso las que tuvieron mucha participación pública, sobre todo entre 2022 y 2024, han desaparecido. Primero por la migración, luego por la persecución política y las amenazas”, manifestó.
“Pero, además, por el cierre del financiamiento, es decir, a la emergencia humana compleja se ha sumado la reducción drástica de financiamiento hacia temas relacionados con género y personas LGBT. Si no hay financiamiento, difícilmente se puede seguir ofreciendo servicios”, añadió.
Franco explicó que hubo un tiempo en el que la mayoría de las organizaciones ofrecían más servicios, como atención psicológica y asesoría legal, mientras que otras ofrecían grupos de apoyo y recolección de datos. “Pero hoy día no están activas. Eso también afecta a las personas LGBT que necesitan asesoría y un lugar donde encontrarse con otro que les sea similar”, añadió.
“Incluso un trabajo como el que hace Unión Afirmativa, que siempre ha sido de incidencia. ¿Cómo puedes hacer incidencia ante un gobierno que no te escucha? Ni siquiera se reúne contigo, es decir, que tú le tocas la puerta y no te abre. Un gobierno al que tú vas y le entregas propuestas y ni siquiera te responde; al que le entregas datos y los ignora”, cuestionó.
La Ley Anti-ONG agravó la situación
La abogada Tamara Adrián, primera mujer trans electa diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela y segunda en la región, considera que esta situación también está vinculada a las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil.
Recordó que hace algunos años convocó a una reunión con 80 activistas LGBTIQ+ de distintas generaciones y tendencias políticas, entre ellos personas cercanas al chavismo y a la oposición. Al preguntar cuántos contaban con una estructura legal formalmente registrada, solo 3 respondieron afirmativamente y, de esos casos, 2 habían retomado ONG inactivas que tenían un objetivo social lo suficientemente amplio como para continuar operando bajo esa figura.
Después de eso, señaló Adrián, el chavismo lanzó en 2023 una propuesta diseñada para controlar el financiamiento internacional y asfixiar el espacio cívico en Venezuela: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. La normativa fue promulgada en agosto de 2024.
Indicó que tiene conocimiento de que, desde ese entonces, solo cuatro ONG han podido registrarse formalmente, aunque ninguna trabaja en temas relacionados con la población LGBTIQ+. “Los registros se han negado históricamente. A mí me lo hicieron varias veces”, afirmó.
“Con la diáspora y la persecución quedamos muy pocas personas en el activismo. Las organizaciones dedicadas a los derechos LGBT en Venezuela prácticamente no tienen acceso a financiamiento internacional, a las donaciones internacionales, a los proyectos internacionales”, manifestó.
La negación a la autorización de cualquier organización que menciona orientación sexual, identidad de género o derechos humanos, afirmó la exlegisladora, ocurre sistemáticamente en Venezuela desde hace al menos 20 años.
“Las organizaciones no están hoy día en una buena posición porque el Estado se ha encargado de asfixiarlas, y al no tener financiamiento, no pueden desarrollar programas sociales para ayudar a los vulnerables”, explicó.
Hay otras “prioridades” para las autoridades
Quiteria Franco añadió asimismo que la situación ha sido difícil, incluso para Unión Afirmativa, que existe desde el año 2000. Señaló que las autoridades han pospuesto las discusiones sobre las políticas públicas y las leyes LGBTIQ+ bajo el argumento de que hay “prioridades” económicas y políticas.
La reducción de espacios de apoyo también ha tenido consecuencias en el propio movimiento LGBTIQ+. Franco señaló que, además de las dificultades materiales, existe un desgaste acumulado entre quienes han impulsado durante años la agenda de derechos.
“Después (las autoridades) se olvidan. Pero además es otra manera de jugar al agotamiento porque la gente se cansa, el activismo se cansa también de lidiar con gente que no quiere hacer nada por ti, algo que se podría solucionar tan fácilmente si solo existiera la voluntad de hacerlo”, expresó.
Una experiencia similar relata Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria, una asociación civil que suspendió temporalmente sus actividades durante 2024 por miedo y porque “se cansó”.
“Venezuela igualitaria siempre se mostró optimista. Si revisas la historia de todo el trabajo que hemos hecho, siempre fuimos optimistas y confiamos en las instituciones del Estado, confiamos en el gobierno y hubo cierta movilización que nos hacía creer que íbamos bien. Pero en 2024 nos cansamos, tuvimos miedo y decidimos bajar la Santamaría temporalmente”, expresó.
Piermattei aseguró recientemente que “recuperaron la confianza” y “sintieron entusiasmo” después de que las autoridades los convocaron a formar parte del Programa por la Paz y Convivencia Democrática.
“Las personas que forman parte del programa son personas que habían estado con nosotros en algún momento de la historia. Sabemos que han respaldado nuestras causas y mostraron muchísimo compromiso con nuestra solicitud, y nos pidieron que les diéramos un documento con las demandas más importantes que teníamos ante el Estado”, señaló.
Explicó que el documento incluye la exigencia de que se generen las sentencias definitivas de lo establecido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Proyecto de ley contra toda forma de discriminación
El activista también dijo que la información se remitió “de inmediato” a Delcy Rodríguez, quien le solicitó a la magistrada y presidenta de esa sala, Tania D’Amelio, una doctrina sobre la diversidad sexual.
En opinión de Piermattei, el hecho de que la petición haya sido elevada les genera mayor confianza.
Añadió que, posteriormente, la Asamblea Nacional los convocó para presentar una propuesta de ley orgánica contra la discriminación y señaló que las demandas de la población LGBTIQ+ requieren una interlocución directa entre diputados y movimientos sociales para que las iniciativas respondan a sus necesidades y reivindicaciones.
Como ejemplo, mencionó luchas impulsadas por distintos sectores en defensa de derechos específicos, como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Tiene que haber una interlocución con las mujeres para saber qué quieren. Entendiendo esa lógica, construimos un proyecto de ley orgánica contra toda forma de discriminación para que lo asumieran como propio y discutiéramos en mesas de trabajo las modificaciones que creyeran pertinentes y fuera introducida por iniciativa legislativa. Queremos que la propuesta sea por iniciativa legislativa, pero le llevamos el producto para que entendieran qué es lo que necesitamos”, indicó.
Piermattei expresó que esa “apertura” mostrada por las autoridades y la invitación a participar en la Comisión de Desarrollo Social Integral, encargada de abordar este tipo de asuntos, las percibieron como un avance que les generó más certezas sobre la posibilidad de que se atiendan sus planteamientos.
Asimismo, aseguró que D’Amelio los convocó a una mesa de trabajo en la que reiteraron su solicitud de que se emitan respuestas sobre las sentencias que permanecen pendientes en la Sala Constitucional.
Expectativas positivas, pero con temor
En paralelo, señaló el activista, la Defensoría del Pueblo a cargo los convocó a una reunión en la que expusieron sus principales demandas y resaltaron la importancia de la institución por su competencia en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas vulnerables.
Además, subrayó que el organismo tiene facultades para acompañar las causas impulsadas por movimientos sociales y contribuir a que las demandas presentadas reciban respuestas favorables por parte de las instituciones del Estado. Durante el encuentro, declaró, percibieron una receptividad que consideró positiva, aunque subrayó que todavía esperan resultados concretos.
Añadió que solo cuando se produzcan avances efectivos en las demandas que consideran prioritarias podrán determinar si existe una verdadera voluntad de atenderlas.
“Ellos tienen la potestad de adherirse a las causas emprendidas por los movimientos o de incidir ante la Sala Constitucional para que se den respuestas positivas a las demandas que están allí reposando. Hubo receptividad. Todavía estamos a la espera de respuestas. Tenemos expectativas positivas, pero siempre está ese temor latente de que simplemente se nos esté instrumentalizando de nuevo. Hasta que no veamos efectivas esas demandas básicas, no podremos decir si realmente la intención es buena o no”, manifestó.
“Las iniciativas simplemente se enfriaban”
Al igual que Adrián, Rosmit Mantilla fue electo diputado a la Asamblea Nacional en 2015, aunque estaba preso cuando ganó la curul. Lo arrestaron funcionarios del Sebin en mayo de 2024 durante las protestas opositoras registradas ese año y que fueron cruentamente reprimidas por el régimen chavista.
Contó que, tras salir de prisión y asumir el cargo, encontró resistencias tanto en las filas del chavismo como en sectores de la oposición vinculados a corrientes religiosas conservadoras.
“El oficialismo, en teoría, se mostraba más abierto a estos temas. Organizaban marchas, apoyaban actividades públicas y exhibían respaldo simbólico, pero cuando llegaba el momento de avanzar en el terreno legislativo, las iniciativas simplemente se enfriaban”, afirmó.
“Venezuela es constitucionalmente un Estado laico. No se puede gobernar en nombre de Dios. Una cosa es la fe y otra el ejercicio del servicio público”, manifestó el exlegislador, que lamentó que Venezuela esté rezagado en temas de derechos humanos que en otros países se resolvieron hace años.
“Venezuela sigue atrapada en discusiones que en muchas democracias fueron resueltas hace décadas. Lamentablemente, Venezuela no ha avanzado; en muchos aspectos hemos retrocedido. En Venezuela ni siquiera existen cifras oficiales sobre personas asesinadas por su orientación sexual o identidad de género”, afirmó.
Mantilla enfatizó que, más allá de la salida del chavismo del poder, el país necesita un “profundo proceso de reeducación social” y destacó que no se trata de que haya un diputado o un presidente LGBTIQ+, sino de personas formadas en derechos humanos que entiendan los desafíos contemporáneos en materia de libertades y trabajen para garantizarlas.
“Estoy casado en Francia con un hombre maravilloso y me gustaría que algún día pudiera hacerlo también en mi país”, expresó.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
