Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, la Casa Blanca y el gobierno de Donald Trump le ha dado un respaldo irrestricto a Delcy Rodríguez al frente de la administración venezolana.
El tutelaje que ejerce sobre Venezuela ha pasado de declaraciones en las que Donald Trump alaba a la que fue vicepresidenta ejecutiva de Maduro a medidas concretas que se materializan desde el mismo mes de enero con el alivio de sanciones y una relación más fluida con el chavismo al punto que funcionarios en Washington difieren sobre cómo afrontar la presión de María Corina Machado para que regrese al país.
La más reciente de esas acciones fue la petición hecha el pasado 11 de julio. El Departamento de Estado, controlado por Marco Rubio y quien está al frente de las decisiones en Caracas, envió una carta al Departamento de Justicia para pedir la protección a Rodríguez por una demanda de tres estadounidenses que habían sido detenidos en Venezuela, quienes exigen una compensación económica en un tribunal del sur de Florida.
«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», alegó el Departamento de Estado en lo que marca un hito más en la cercanía entre Washington-Caracas.
Desde el mismo enero, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado (Ofac por sus siglas en inglés) ha tomado medidas que a la postre significan una apertura para el régimen.
Órdenes ejecutivas para aliviar sanciones
El 9 de enero se anunció la Orden Ejecutiva 14373 y control fiscal, que permite a EE. UU. controlar la comercialización del petróleo venezolano, depositado en una cuenta que ellos administran. Desde allá le envían recursos al chavismo para gastos y el funcionamiento del aparato estatal en el país.
Esta primera orden tras casi una semana de la llamada «Operación Resolución Absoluta» buscaba «proteger los activos venezolanos de los acreedores, impidiendo que estos embarguen sus reclamaciones contra los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, definidos como los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos».
A finales de ese mes, el 29 de enero, tras la aprobación del Parlamento que controla el chavismo de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, se emitió la Licencia General 46 que excluyó ciertas actividades relacionadas con el régimen de sanciones al crudo venezolano. Los pagos debían hacerse al Tesoro estadounidense.
Respaldo de Wright con su visita a Caracas
En febrero, visitó el país el secretario de Energía, Chris Wright, la primera de un funcionario de alto nivel en décadas. Eso avanzó con nuevas licencias de la OFAC. Fueron las licencias Generales 30B, 49A y 50A, que autorizaron el uso de puertos y aeropuertos venezolanos para enviar diluyentes de crudo, así como la renovación o ampliación de permisos a otras petroleras, más allá de Chevron, para volver a operar campos en territorio nacional. Entre ellas estaban Repsol, ENI, BP y Shell, que ya están trabajando.
En su plan de tres fases para Venezuela (estabilización, recuperación y transición), Estados Unidos ha usado principalmente la de recuperación para apalancar su presencia e influencia sobre el chavismo.
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Reconocimiento oficial en marzo
La declaración más política de afianzamiento de esas relaciones se produjo el 5 de marzo cuando la Casa Blanca reconoció formalmente a Rodríguez como presidenta del país, pese a que la Constitución de 1999 dice que cumplidos los seis meses de la ausencia formal de un presidente que no ha completado la mitad de su periodo debe declararse su falta absoluta y convocarse a elecciones en un periodo de 30 días. Un lapso que se cumplió el pasado 3 de julio.
Ese reconocimiento llegó justo dos meses después que jurara como encargada del poder en el país por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
«Me complace decir que esta semana hemos formalmente reconocido al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente», dijo Trump en unas declaraciones el 7 de marzo durante el discurso inaugural de la iniciativa «Escudo de las Américas» en Miami, ante líderes de la región que apoyan su iniciativa.
En abril llegaron licencias para permitir operaciones al Banco Central de Venezuela, como parte de los esfuerzos para que el país volviera a los organismos multilaterales, satanizados bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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La entrega de Alex Saab
El mayor espaldarazo de Miraflores a Trump fue la de entregarles a Alex Saab, un empresario de origen colombiano al que defendieron a capa y espada desde que lo capturaron en Cabo Verde, África, y pasó más de dos años tras las rejas, hasta que en un intercambio de prisioneros con la administración de Joe Biden permitió su liberación en diciembre de 2023.
Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y hasta Diosdado Cabello lo alabaron, lo recibieron como héroe y posteriormente fue designado ministro de Industrias Básicas del país. Pero su posición privilegiada llegó a su fin apenas Rodríguez asumió el control de Venezuela. A finales de enero lo destituyó de su cargo y a su esposa, Camilla Fabri, un mes después. Comenzaron los rumores de su detención y finalmente en mayo lo entregaron a la justicia estadounidense.
Después de su defensa a prueba de fuego, el chavismo alegó que era colombiano y había falsificado documentos para obtener la nacionalidad venezolana. Aunque ello no impidió que fuese designado enviado diplomático y posteriormente ministro.
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Rubio pide inmunidad para Rodríguez, por ahora
Ahora, con la petición del Departamento de Estado al de Justicia, se marca un nuevo afianzamiento de esa relación Trump-Rodríguez, Caracas-Washington, que excluiría a Delcy Rodríguez ser juzgada en tribunales estadounidenses mientras se mantenga en el puesto como mandataria interina, reconocimiento que se expresó formalmente en marzo pasado.
La demanda por 314 millones de dólares que decidió el tribunal de Florida no la alcanzaría a ella, aunque sí a otros funcionarios del chavismo como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ambos aún en el ejecutivo que encabeza Rodríguez.
Esta petición además busca que se archiven o desestimen definitivamente las causas abiertas en su contra en esa jurisdicción, donde también se juzga a Alex Saab, conocido como testaferro de Maduro y antiguo aliado de su gestión.
El juez Darrin P. Gayles fijó una indemnización por valor de 314 millones de dólares a los acusados, que incluyen a siete individuos, entre ellos, Maduro, Rodríguez y al empresario y exministro de Industria venezolano Alex Saab Morán, así como Cabello y Padrino López.
Aunque Delcy Rodríguez estuvo en el radar de las autoridades estadounidenses, como lo reveló AP en enero pasado que aparecía en investigaciones de la DEA, aunque no la culpaban de nada, esta inmunidad que le piden ahora, aunque según la carta solo será mientras ejerza funciones de Estado.
«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», dice la petición expresa del Departamento de Estado, lo que solo ocurriría mientras se mantenga en el puesto, por lo que deja la puerta abierta a continuar las investigaciones en su contra al dejarlo.
El documento señala también que «el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», petición que se remonta a inicios de este mes.
AP reveló que Delcy Rodríguez figuraba como una de las demandadas por los tres estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela, pero quedó fuera de la sentencia. La agencia de noticias estadounidenses incluso reportó que los abogados de la funcionaria solicitaron en abril desestimar el caso alegando inmunidad como jefa de Estado, algo en lo que el Departamento de Estado posteriormente le dio la razón.
Ya en mayo, esta agencia dijo que las peticiones en este sentido iban dirigidas a «no entorpecer los empeños del gobierno de para estabilizar Venezuea tras la captura de Nicolás Maduro», decía un reporte del 28 de mayo pasado. Citaron un exfuncionario que comentó a la agencia que fue una petición general.
De los elogios de que «Rodríguez está haciendo un gran trabajo», la medida de protegerla solo abarca mientras se mantenga como jefe de Estado, un cargo en el que EEUU la reconoce desde hace más de cuatro meses, aunque de facto lo hicieron a partir de la captura de su predecesor.
Otra arista podría ser el llamado «puente de plata», en el que se le garantizaría inmunidad posterior a su abandono del cargo para facilitar la transición, algo que en esta petición de julio no abarca, pero que podría ser el inicio de una forma de permitirle no ser investigada como un incentivo para que deje el cargo sin persecución posterior.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
