Hace dos años, el pueblo venezolano protagonizó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavía no se concreta, lo que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a denunciar la incongruente situación que sufre el país.
Un pronunciamiento conjunto
El Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones políticas y sociales, junto con integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales, y sindicatos no confederados, han manifestado su posición ante las sedes del CNE en la capital y en varias regiones del país, en torno al significado del 28 de julio de 2024 y a la crisis que estremece a la nación.
La declaración señala: «A dos años de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranía que despojó al pueblo, el país entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restitución del Estado de derecho».
El camino hacia la restitución del Estado de derecho
Por tanto, restablecer nuestra soberanía y el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artículo 5 de la Constitución nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentación del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional.
Este tendrá entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, éticamente irreprochable y técnicamente capacitado.
Una crisis agravada por la tragedia
Debemos reconocer que nuestro país vive su hora más difícil, agravada por el impacto de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de la nación.
Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las más graves ocurridas en la historia de América Latina. Se combinaron las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio del poder de un gobierno de facto, ilegítimo e inconstitucional, cuya gestión usurpadora desmanteló las instituciones hasta convertirnos en una nación víctima de un Estado fallido y presa fácil del tutelaje de una potencia extranjera.
La fortaleza del pueblo venezolano
Aun así, los niveles de resistencia y fortaleza de nuestro pueblo siguen íntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos por su valentía y su alto nivel de solidaridad, al haberse activado antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto. Y haber creado, en un corto plazo, miles de centros de acopio en todo el país para dar lo mejor de sí en favor de los damnificados y heridos. Asimismo, agradecemos la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.
Un plan de emergencia nacional
Es perentorio impulsar un gobierno legítimo, responsable de la conducción del país, que asuma un plan de emergencia nacional orientado, primordialmente, a enfrentar la profunda crisis humanitaria compleja que impacta las áreas política, social, económica, cultural y moral de la nación.
Esto exige la legitimidad incuestionable de la conducción de la república y una respuesta inmediata que garantice la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la libertad de expresión, el cese de la censura a los medios de comunicación, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicación de las leyes dictadas para perseguir a la disidencia, que menoscaban los derechos humanos.
Asimismo, deben atenderse con absoluta urgencia moral las exigencias de protección alimentaria, de hábitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, así como de las personas en situación de vulnerabilidad (niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) golpeadas por el hambre, la escasez de medicinas y la precarización de la familia.
El rescate del valor del trabajo
Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo, lo que significa un aumento general y escalonado de salarios y de pensiones que dignifique al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral; la reanudación de los convenios colectivos; la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.
La redemocratización del país también debe consagrar el respeto a la libertad y la autonomía sindical, así como a los convenios que amparan a los trabajadores suscritos por el Estado venezolano con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros derechos laborales y sociales.
Hacia la reconciliación nacional
Todo esto debe enmarcarse en un proceso inmediato de reactivación del aparato económico y en la ejecución progresiva de un programa dirigido a la reinstitucionalización democrática del país, a la necesaria reconciliación nacional, a sanar las heridas del tejido social y a reivindicar el valor de la dignidad humana.
Se trata de superar el odio y el resentimiento sembrados desde el poder, de abrir caminos de diálogo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruir el tejido moral. De lograr, en fin, que el nuevo poder supere la mentira institucional, asumiendo como principio que toda política y toda economía deben girar en torno a la persona humana y no al poder.
Porque toda política pública debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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