A más de un mes del doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la falta de información oficial mantiene a miles de familias en una incertidumbre absoluta.
En una publicación difundida en Instagram, la ONG Provea advirtió que la opacidad estatal no solo entorpece la reconstrucción, sino que vulnera de forma directa al menos cinco derechos humanos fundamentales.
La organización alertó también que la falta de datos impacta de forma directa la capacidad de respuesta de la sociedad civil, por lo que añadió que la ausencia de transparencia paraliza a la población de forma sistémica:
“Sin datos, las familias no pueden tomar decisiones, las comunidades no pueden organizarse y las víctimas no pueden exigir responsabilidades (…) La transparencia no es un favor del Estado venezolano; es una obligación de sus compromisos en materia de derechos humanos”, sentenció la ONG.
Derecho a la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas
El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y congeló esa cifra, dejando de actualizar el registro mientras las iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido.
Asimismo, las autoridades detuvieron el boletín diario de fallecidos el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Esta situación ha causado que las familias sigan buscando a las personas desaparecidas “sin acompañamiento del Estado”.
Derecho a la salud y a la atención médica
La organización alertó que las autoridades ocultan la capacidad hospitalaria real, la disponibilidad de tratamientos y el nivel de atención especializada en las zonas afectadas, alertando que la incertidumbre “también afecta el derecho a la salud”.
Derecho a una vivienda digna y a la protección de las familias desplazadas
Provea recordó que el gobierno interino reportó 23 811 personas ubicadas en 107 campamentos temporales, pero no detalla cuántas son niños, personas con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas, ni precisa cuánto tiempo permanecerán allí.
Además, el Estado inició la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, sin informar con transparencia si cumplió con los protocolos previos de búsqueda de víctimas y restringió la cobertura de la prensa mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Derecho a la educación
A pocas semanas del inicio del año escolar, el Estado no ha publicado datos sobre la cantidad de escuelas que quedaron inhabitables ni sobre la cifra de estudiantes y docentes damnificados. Esta omisión deja a miles de niños y jóvenes sin saber dónde, cuándo ni en qué condiciones retornarán a las aulas.
Derecho al acceso a la información pública y rendición de cuentas
La ONG recordó que el Banco Mundial estimó en 19 600 millones de dólares los daños directos del doble terremoto, pero el Estado no ha explicado cómo gestiona los recursos públicos ni los fondos de ayuda humanitaria destinados a la reconstrucción. Ante esa situación, la organización enfatiza que la en medio de una emergencia como esta, “la información también es ayuda humanitaria”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
