La Unión Europea sigue sin conseguir despegarse por completo de los suministros energéticos que llegan desde Rusia, a pesar de los intentos por acelerar su transición hacia otras fuentes. Así lo revela un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, recogido por la agencia Reuters este miércoles, que pone en evidencia las grietas en la estrategia comunitaria.
Inversiones insuficientes y nuevas amenazas
El bloque comunitario no está destinando los recursos necesarios para reemplazar el combustible ruso ni para expandir de manera contundente las energías renovables y las redes eléctricas. Esta situación ocurre, según los auditores, en un momento crítico: “justo cuando la seguridad energética de Europa se enfrenta a nuevas amenazas derivadas de la inestabilidad en Oriente Medio”.
Cifras que preocupan
Desde 2022, la UE ha recortado de forma significativa la compra de combustibles rusos. Las importaciones marítimas de crudo ruso han caído casi en su totalidad, y la participación del gas ruso se desplomó del 45 % (en 2022) al 12 % actual.
Sin embargo, el panorama no es alentador. Los depósitos de gas de la UE están al 67 % de su capacidad, muy por debajo del 80 % que marcaban el año pasado.
Los analistas ya advierten que los precios podrían dispararse durante el invierno, especialmente con la prohibición total de importaciones de GNL ruso que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
La brecha millonaria de la inversión
La Comisión Europea había estimado que para dejar atrás la energía rusa se necesitarían unos 300.000 millones de euros (aproximadamente 349.000 millones de dólares) en inversiones. Sin embargo, los países miembros apenas han comprometido 54.300 millones de euros (unos 63.100 millones de dólares). Los auditores señalan que esta diferencia revela fallos en la planificación o en la ejecución, y recomiendan una mayor intervención desde Bruselas.
La mirada de Moscú
Desde el Kremlin han reiterado en múltiples ocasiones que el “deseo maníaco” de Europa por asestar una derrota estratégica a Rusia termina perjudicando a sus propias economías y, en última instancia, a sus ciudadanos. Una advertencia que cobra fuerza a medida que se acerca el invierno y los termómetros empiezan a bajar.
