La quiebra y posterior intervención estatal del Ueno Bank en Paraguay desencadenó una profunda crisis política y social que este 5 de noviembre concluyó con la renuncia del presidente Santiago Peña, investigado por la Fiscalía por presuntos delitos económicos vinculados al caso.
El derrumbe financiero impactó directamente a unos tres millones de usuarios —casi el 45 % de la población— y a 32.000 jubilados, tras el fuerte crecimiento de la cartera de inversiones del banco durante el gobierno de Peña. Esto se debió, en parte, a modificaciones en los criterios de inversión del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar las pensiones del sector público.
La imposibilidad de acceder a los fondos generó indignación y protestas masivas en las calles, donde miles de afectados exigieron la devolución inmediata de su dinero y la dimisión de Peña.
El IPS rompe el silencio
Ante la ola de críticas, el IPS salió a defender su gestión. Hugo Díaz, director de Inversiones del organismo, aclaró el 3 de noviembre que Ueno Bank fue elegido como depositario en un concurso público organizado por el Banco Central de Paraguay (BCP) en 2025. Este año, añadió, no se realizaron nuevas inversiones porque ya se habían alcanzado los límites prudenciales.
Las inversiones del IPS en el sistema bancario paraguayo ascienden a 355 millones de dólares, distribuidos en depósitos de ahorro y bonos financieros emitidos en 2024 entre 14 instituciones distintas.
Díaz insistió en que todas las operaciones cumplieron con las leyes vigentes y desmintió versiones sobre una concentración excesiva de recursos en Ueno Bank.
Por su parte, Mirtha Arias, consejeraemporal del IPS, precisó que solo el 9 % de la cartera de activos del instituto estaba depositado en el banco intervenido. En un mensaje de tranquilidad, aseguró:
Los haberes jubilatorios se pagarán puntualmente el 17 de noviembre, según el cronograma establecido. El dinero de los salarios proviene de los aportes obrero-patronales, no de las inversiones bancarias.
Gladys Vera, gerente financiera del IPS, respaldó esta postura.
Medidas para proteger a los jubilados
El IPS anunció acciones administrativas y legales para salvaguardar su patrimonio, en línea con las directrices del BCP. Además, se compromete a:
- Trasladar urgentemente a los afectados a otras entidades financieras.
- Habilitar un portal para que los usuarios consulten a qué banco fueron reasignados.
- Permitir cambios de entidad si el jubilado no está conforme con la asignación.
Las sombras sobre Peña
Antes de que estallara el escándalo, una investigación periodística del 17 de octubre reveló que Ueno Holding Saeca —vinculada al banco— transfirió unos 30.000 millones de guaraníes (aproximadamente 5 millones de dólares) a una empresa donde Peña era accionista hasta marzo de 2026.
A esto se suman las críticas por el nombramiento de Carlos Carvallo, exdirectivo de la Financiera Ueno, como presidente del BCP en septiembre de 2023. Bajo su dirección, el ente emisor autorizó a Ueno Bank a manejar 335 millones de dólares de forma autónoma, fondos que, según la prensa local, estarían destinados a su fusión con Visión Banco y provenían de Ueno Holding Saeca.
Tras la llegada de Peña a la presidencia y el ascenso de Carvallo al BCP, Ueno Bank comenzó a recibir inversiones del IPS, generando dividendos para un grupo de banqueros —Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos—, actualmente detenidos. Se les acusa de conducta indebida en crisis, lesión de confianza y violación de normas contables, entre otros delitos.
