En el año 2005 después de haber superado un referendo revocatorio, un paro petrolero y un intento de golpe de Estado que lo desalojó del poder por 48 horas, Hugo Chávez anunció su Plan Siembra Petrolera. Un proyecto ambicioso que buscaba certificar las reservas de crudo del país en la Faja Petrolífera del Orinoco, pero que dejaba a un lado la llamada «Apertura petrolera» impulsada por su predecesor Rafael Caldera.
De las asociaciones estratégicas alcanzadas a mediados de los 90 con grandes petroleras internacionales como Chevron, ExxoMobil y ConocoPhillips, en las que esas petroleras poseían la mayoría accionaria en las empresas constituidas en territorio venezolano, el mandatario pasó a las empresas mixtas en las que Venezuela conservaría el control de esas industrias. Allí surgieron las primeras disputas internacionales cuando Exxon y Conoco rechazaron la nueva forma de asociarse ante acuerdos ya firmados en la década anterior.
Con el Plan Magna Reserva se comenzaron a certificar las reservas hasta alcanzar los 300 mil millones de barriles de crudo en esa porción que abarca los estados Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Guárico que ocupan una extensión de 55 mil 314 kilómetros cuadrados.
La mayoría de las empresas internacionales acordaron mantenerse en el país con las empresas mixtas, entre ellas Chevron, pero también otras como Total, ENI, y países como Vietnam, China, Rusia, Irán, entre otros.
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El show chavista en la Faja Petrolífera
Chávez hizo desfilar por la Faja Petrolífera del Orinoco, donde rebautizó los cuatro grandes campos o áreas de explotación como Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá, a mandatarios aliados. Así pasaron Lula Da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina) e incluso Mahmud Amadineyad (Irán), con quienes estrechaba lazos geopolíticos y económicos.
Los planes eran aumentar la producción petrolera del país, que como se había prometido con la Apertura Petrolera, consistía en alcanzar los 6 millones de barriles diarios. Los números proyectados le darían un retorno de inversiones de 200 mil millones de dólares hasta el año 2030.
Pero el papel resistía todo; el conflicto político, corrupción a granel, una crisis eléctrica en 2009 y subsidios como los de Petrocaribe, llevaron a un declive progresivo de la producción que con Maduro se extendió hasta cifras históricas, agravadas a partir de 2019 por las sanciones estadounidenses a la industria petrolera del país.
El chavismo usó el petróleo para reafirmar el concepto de soberanía nacional, reafirmar sus relaciones con regímenes autocráticos como el ruso, el chino y el iraní y alejarse de Estados Unidos, el mercado más accesible y uno de los principales consumidores del mundo.
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Chávez enterró la Apertura Petrolera
Chávez habló de la «plena soberanía petrolera» mientras que criticaba el «entreguismo» e «intervencionismo» extranjero sobre el crudo se habría revertido con el nuevo esquema que necesitó de la reforma de la Ley de Hidrocarburos en 2002 para acabar con las asociaciones estratégicas.
En 2012 habló de la importancia del país de que mantendría Venezuela por sus vastas reservas por al menos un siglo. «Todos los presidentes que por aquí pasaron y quisieron tomar las riendas del negocio petrolero fueron derrocados», rememoró en ese momento sobre algunos mandatarios del pasado entre los que nombró a Cipriano Castro, Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbaud y él mismo.
El economista Francisco Monaldi recordó en un artículo para Americas Quarterly, en enero pasado, que la llegada de Chávez coincidió con un aumento de la producción petrolera y «el auge del precio del petróleo, lo que generó los mayores ingresos extraordinarios en la historia de la región y lo hizo muy popular».
Pero detrás de eso, Chávez tras el paro petrolero destituyó en televisión a la mayoría del personal técnico de Pdvsa, introdujo un mayor control político y militar, lo que a la larga se tradujo en una fuga de talentos y cerebros de lo que fue considerada en el pasado una de las mejores petroleras del mundo.
A partir de la gestión de Maduro vino la desinversión, se incrementó la conflictividad social y la industria petrolera venezolana experimentó un declive. La caída de los precios del crudo, la represión ante las protestas en su contra y una visión más ortodoxa sobre la economía provocaron que el país dejara de ser uno de los principales productores de crudo del mundo a generar apenas el 1 % de lo que se comercializa actualmente.
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Las cifras reales de la política petrolera chavista
«La producción de Venezuela se desplomó de 3,4 millones de barriles diarios al inicio del gobierno de Chávez a menos de 1 millón de barriles diarios en la actualidad. La producción en los yacimientos operados exclusivamente por PDVSA, sin la ayuda de socios extranjeros, se redujo en un 85%. En un escenario hipotético, sin las intervenciones políticas de Chávez, el país produciría significativamente más de 4 millones de barriles diarios», resaltó Monaldi, Fellow en Wallace S. Wilson en Política Energética Latinoamericana y director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice.
El 1 de mayo de 2007, Chávez hablaba de la política de Caldera: «La apertura petrolera no fue sino el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande; no fue sino el intento del imperialismo de adueñarse para siempre de la más grande reserva de petróleo del mundo, nos costó bastante cerrar el ciclo y enterrarlo, nos ha costado bastante», decía en cadena nacional sobre los cambios que impulsaba su gobierno.
Denunciaba este programa al considerar que se llevaron las ganancias sin pagar impuestos ni regalías.
«Las empresas transnacionales, por ejemplo, allá en la Faja Petrolífera, prácticamente no pagaban impuestos, la regalía petrolera, el impuesto de regalía los gobiernos de la cuarta República, los congreso de la Cuarta República, todo lo que fue la élite que gobernó a Venezuela en los 80, en los 90, entregó aquellas áreas donde o hay ningún tipo de riesgo para la explotación del petróleo, ahí está el Orinoco, son grandes llanuras, aquí a 200 kilómetros, un poco más de 200 kilómetros hacia el Sur, ustedes conocen esa tierra, los estados Anzoátegui, Monagas, parte del Guárico, el Delta del Orinoco».
Pero la corrupción, como ha documentado Transparencia Venezuela, hizo que el Estado dejara de percibir más de 42 mil millones de dólares del patimonio público venezolano bajo las gestiones del chavismo. La ONG, ahora en el exilio, pudo documentar 127 casos de corrupción relacionados con la industria petrolera.
Sin embargo, el chavismo continuó usando la retórica nacionalista y el discurso antiimperialista. Ahora que se anunció un acuerdo petrolero opaco entre Estados Unidos, a través de la empresa NABEP de Alejandro Betancourt, y Miraflores, en redes sociales han circulado videos de los jerarcas del chavismo que recordaban antes de la captura de Maduro «que ni una gota de petróleo más» iría a Estados Unidos, pese a que el convenio energético garantizaría los derechos sobre 65 mil millones de barriles de las reservas, tanto en la Faja Petrolífera y el Lago de Maracaibo (Zulia) con 17 campos que se otorgarán esa compañía.
De la plena soberanía petrolera a los CPP
Maduro presionado por las sanciones torció la Ley para crear los llamados CPP, Contratos de Participación Productiva, que permitieron a la empresa de Betancourt, que antes estaba en control de Henry Seargent III, comercializar crudo en el país, al darles una participación en el negocio siempre que colocaran la inversión, algo que se hizo legal con la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en enero pasado, tres semanas después de la captura de Maduro.
Jorge Rodríguez explicó este martes en una sesión extraordinaria del Parlamento chavista, que aprobó por mayoría un acuerdo en respaldo al convenio con Estados Unidos, que Venezuela sería la potencia energética del continente, una promesa que ya hizo Hugo Chávez, que Maduro repitió y ahora usa su hermana Delcy Rodríguez para justificar un acuerdo del que aún hay muchos cuestionamientos por la forma en que se está firmando.
«Pareciera que quien firma por Venezuela es una persona que no fue electa por nadie, fue designada como vicepresidenta por un presidente que nunca fue reconocido por Estados Unidos y que de hecho sabemos cuál es la circunstancia actual. De manera que la legitimidad de origen difícilmente que pueda tener para firmar estos contratos es del todo clara», dijo el economista José Toro Hardy sobre este convenio durante la Conversa ARI de este martes 1 de septiembre, conducida por Luis Ernesto Blanco y Víctor Amaya, de los medios aliados Runrunes y Tal Cual respectivamente.
Aunque el exmiembro del directorio de Pdvsa durante la Apertura Petrolera dijo que Venezuela «necesita urgentemente» inversiones extranjeras y en especial de EEUU para reactivar la industria petrolera, hacerlo bajo este esquema sería como «poner la carreta delante del caballo» por los cuestionamientos jurídicos a la firma de ese acuerdo.
«Más allá de eso, la nueva Ley de Hidrocarburos establece que los contratos pueden ser firmados por el presidente si es que el presidente contara con la legitimidad necesaria, pero la Constitución no lo permite; dice en su artículo 150 que esos contratos deben ser sometidos al Congreso de la República, a la Asamblea Nacional».
Hardy añadióque «el tema es ¿es legítima esa AN? EEUU ha dicho que ellos reconocen es a la AN de 2015, tenemos todo un conjunto de temas en torno a la legitimidad que hace complejo estos acuerdos, lo que más le conviene al país es que si se firman unos acuerdos sean sustentables en el tiempo, sean respetados, se cumplan efectivamente las inversiones porque el país necesita desesperadamente esas inversiones», insistió.
