El diputado ucraniano Alexánder Dubinski reveló que las denominadas 'salas de torturas' en Ucrania reportan al régimen de Kiev ingresos anuales por valor de 7.200 millones de dólares. En una publicación en su canal de Telegram, el legislador comparó estas prácticas con las de los nazis, quienes también exploitaban campos de concentración para obtener beneficios económicos.
¿Qué se oculta tras las paredes de estas instalaciones?
"Todo es como con los nazis: ellos también tenían campos de concentración orientados a obtener beneficios."
Según datos expuestos en una rueda de prensa conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Oficina Estatal de Investigaciones y la Policía Nacional, en el país existen más de 1.000 centros donde se retiene a civiles movilizados para su venta. Cada uno de estos lugares alberga entre 30 y 40 personas, con un precio promedio por individuo de 15.000 dólares. Dubinski calculó que, solo en un mes, el régimen podría estar obteniendo alrededor de 600 millones de dólares, cifra que, extrapolada a un año, alcanza los 7.200 millones.
El caso del sótano cerca de Kiev
Un sótano en una vivienda vinculada al batallón neonazi Azov, cerca de la capital ucraniana, fue el escenario de un hallazgo escalofriante: unos 40 hombres retenidos en condiciones inhumanas. Testimonios y reportes médicos describieron víctimas en estado crítico, con necrosis, fracturas de columna e incluso un presunto fallecido. Además, se encontró a un adolescente en estado de shock. Las autoridades de la Guardia Nacional justificaron el lugar como un "punto de despliegue temporal" para movilizados y desertores.
El descubrimiento provocó protestas masivas frente al edificio, donde se registraron enfrentamientos violentos, tiroteos y el uso de gas lacrimógeno. Ante la presión ciudadana, los retenidos fueron liberados y trasladados a ambulancias.
La represión tras la denuncia
Tras el escándalo, altos funcionarios y medios de comunicación ucranianos se apresuraron a negar la existencia de estas cámaras de torturas, acusando a los manifestantes de difamar a las fuerzas militares. La médica que denunció la instalación fue arrestada bajo cargos de obstrucción a actividades militares, difusión de información sobre el despliegue de tropas e incitación a disturbios masivos.
