El Senado de Paraguay dio inicio este 6 de noviembre al juicio político contra el presidente Santiago Peña, centrado en el escándalo del Ueno Bank. La Cámara Alta activó oficialmente el proceso tras recibir la acusación respaldada por los 78 diputados presentes en la Cámara Baja, quienes la aprobaron por unanimidad la jornada previa.
Peña, quien mantiene su cargo a pesar de haber presentado su renuncia el 5 de noviembre, anunció que presentará argumentos y pruebas para su defensa. Sin embargo, la sesión conjunta del Congreso que debía analizar su dimisión quedó sin cuórum, por lo que no se discutió.
Solicitud de prórroga para la defensa
Horas antes de la sesión, el mandatario solicitó una extensión de 72 horas para preparar su defensa. Peña justificó su petición al considerar "insuficiente" el plazo de menos de 12 horas para seleccionar un abogado, revisar la documentación y garantizar su derecho al debido proceso.
¿Qué originó el juicio político?
El proceso se desarrolla en medio de la crisis generada por la intervención al Ueno Bank, que impactó a aproximadamente tres millones de clientes. Las acusaciones contra Peña incluyen supuestos conflictos de interés e irregularidades vinculadas al banco y al manejo de fondos previsionales.
"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía" - Santiago Peña
Consecuencias según la Constitución
Tras escuchar la defensa y concluir el procedimiento, el Senado decidirá si destituye a Peña. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes elegidos democráticamente obtienen una senaduría vitalicia, a menos que sean declarados culpables en un juicio político. De ser destituido por esta vía, Peña perdería ese derecho y los fueros asociados.
Si el Congreso acepta su renuncia y Peña abandona el cargo sin una condena en el juicio político, sí accedería a la senaduría vitalicia. En ese escenario, para someterlo a un proceso penal, un juez debería notificar la causa al Senado, que evaluaría su desafuero con una mayoría de dos tercios, conforme al artículo 191 de la Constitución.