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Una auditoría de 48 indicadores arroja una calificación de 30,6 sobre 100. Maduro cayó, pero no comenzaron la democratización, el desmontaje del aparato represivo ni la reconstrucción institucional. Ahora, un acuerdo petrolero por 100 años amenaza con consolidar lo que debía desaparecer.
Esteban Gerbasi · @estebangerbasi · 3 de septiembre de 2026
Ocho meses es casi el tiempo necesario para traer una vida al mundo. En Venezuela, sin embargo, la transición nació muerta.
Desde la caída de Nicolás Maduro, el 3 de enero, hubo tiempo suficiente para presentar un calendario electoral, liberar a los presos políticos, renovar el árbitro electoral, abrir los medios de comunicación, comenzar a desmontar el aparato represivo y entregar el poder a una autoridad legitimada por el voto.
Nada de eso ocurrió.
Maduro está preso, pero Delcy Rodríguez gobierna sin haber sido elegida. El chavismo conserva los principales resortes del Estado. Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello siguen en la cima del poder. La Fuerza Armada fue reacomodada, no transformada. El sistema electoral continúa bajo control de la misma estructura política y todavía no existe una fecha creíble para que los venezolanos decidan libremente su futuro.
Se removió al jefe, pero sobrevivió el régimen.
Una evaluación con 48 indicadores
Para medir estos ocho meses construí una auditoría basada en 48 indicadores, agrupados en ocho pilares: seguridad y estabilidad, desmontaje del aparato represivo, derechos humanos, transición democrática, recuperación económica, servicios públicos, reconstrucción institucional e intereses estratégicos de Estados Unidos.
Cada indicador recibe una calificación de 0 a 100 a partir de criterios explícitos y evidencias fechadas: documentos oficiales, datos públicos, informes de organizaciones reconocidas y fuentes periodísticas verificables. El resultado global es 30,6 sobre 100: fracaso estratégico.
La evaluación establece cuatro líneas rojas: permanencia de un gobierno sin legitimidad electoral, existencia de presos políticos, continuidad del aparato represivo y ausencia de un calendario electoral creíble. Ocho meses después, las cuatro siguen activas.
No se trata de negar cualquier cambio. Se evitó una guerra civil, disminuyó la presión migratoria, se alteraron algunas redes criminales y se reportó una reducción de la presencia operativa de Irán y Hezbollah. Estados Unidos recuperó capacidad de influencia y volvió a ocupar una posición privilegiada en el negocio energético venezolano.
Pero evitar el caos no equivale a conquistar la libertad. La estabilidad puede ser un primer paso; nunca debe convertirse en una excusa para conservar el autoritarismo.
La estructura central del régimen permanece
La transición democrática obtiene la peor calificación. No hay elecciones convocadas, independencia institucional ni transferencia de poder a una autoridad nacida del voto.
Tampoco existe un verdadero desmontaje del aparato represivo. Continúan los presos políticos, las restricciones a la prensa, el bloqueo de portales y redes sociales y la ausencia de garantías para la oposición y la sociedad civil.
Delcy Rodríguez no representa una ruptura con el régimen anterior. Es una de sus principales herederas. Su permanencia en Miraflores puede ofrecer continuidad administrativa a Washington, pero no legitimidad democrática a Venezuela.
Ese es el error fundamental de la política estadounidense: confundir gobernabilidad con transición y estabilidad con libertad.
Una transición no comienza cuando desaparece una persona. Comienza cuando cambian las reglas que permitieron a esa persona ejercer el poder sin controles; cuando los ciudadanos recuperan el derecho a elegir, expresarse y exigir justicia; cuando las instituciones dejan de obedecer a un partido o a una cúpula. Nada de eso ha comenzado en Venezuela.
El petróleo por 100 años
La situación se agravó con el acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump.
Según la Casa Blanca, la empresa privada North American Blue Energy Partners, NABEP, recibió derechos por 100 años sobre 17 campos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, mediante su Oficina de Capital Estratégico, obtendría una participación del 35 % en la matriz de la empresa. Washington también tendría acceso preferente, a costo de producción, al 20 % del petróleo extraído en los campos operados por NABEP.
La compañía, dirigida por el cuestionado empresario venezolano Alejandro Betancourt, produce actualmente alrededor de 200.000 barriles diarios y promete elevar esa cifra a más de un millón mediante inversiones que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares.
El problema no es solo la magnitud del acuerdo. El problema es quién lo otorgó, bajo qué autoridad y con qué controles.
Una administración que no nació del voto está comprometiendo durante un siglo una parte sustancial de los recursos de Venezuela. Lo hace sin una competencia pública transparente, sin contrapesos institucionales legítimos y sin que los venezolanos conozcan todos los contratos, obligaciones y beneficiarios involucrados.
No se puede hipotecar el patrimonio de varias generaciones con la firma de una autoridad interina cuya legitimidad está precisamente en discusión. Ricardo Hausmann, Diego Arria, Calderón Berti, Evanan Romero, David Morán Bohórquez, Miguel Rodríguez Fandeo y mi persona, entre muchas voces, hemos cuestionado la constitucionalidad y legitimidad del acuerdo. La objeción de fondo es sencilla: los recursos de Venezuela no pueden negociarse a espaldas de sus ciudadanos ni utilizarse para prolongar una estructura de poder que nunca recibió su consentimiento.
Acuerdos energéticos no son democracia
El 2 de septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó a Caracas y participó junto con Delcy Rodríguez en la presentación y firma de nuevos acuerdos energéticos con Chevron, Eni y GE Vernova.
Chevron anunció planes para invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y aumentar su producción hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios. Washington también amplió autorizaciones relacionadas con el oro y otros minerales venezolanos.
Es una operación económica de enormes dimensiones. Pero una inversión no sustituye una transición política.
Venezuela necesita capital, tecnología, electricidad, empleos e infraestructura. La pregunta es otra: ¿esa recuperación estará al servicio de una Venezuela democrática o será utilizada para financiar y legitimar la continuidad del régimen?
Sin instituciones independientes, transparencia contractual y control ciudadano, una bonanza petrolera puede fortalecer exactamente aquello que debía desmontar. El orden correcto era claro: legitimidad, instituciones, transparencia e inversión. Washington escogió otro: primero los contratos; después, quizás, la libertad.
La promesa de rellenar la Reserva Estratégica
Trump también ha presentado el petróleo venezolano como una vía para rellenar la Reserva Estratégica de Estados Unidos y reducir los precios de la energía. Pero el proceso no es inmediato ni automático.
Buena parte del crudo de la Faja del Orinoco es extrapesado. Para transportarlo y comercializarlo debe ser diluido, mezclado o mejorado. Venezuela no produce actualmente todos los diluyentes que necesita y debe importar una parte de ellos.
Además, el petróleo destinado a la Reserva Estratégica debe cumplir las especificaciones del Departamento de Energía. Las cavernas estadounidenses almacenan principalmente crudos livianos y medianos. Incorporar grandes volúmenes de crudo venezolano requeriría tratamiento, logística, infraestructura y tiempo.
El petróleo de Venezuela podría contribuir eventualmente a la reserva y al mercado estadounidense. Lo que no puede hacer es producir de manera inmediata la transformación que promete el discurso político. Confundir 65.000 millones de barriles bajo tierra con 65.000 millones disponibles para consumo o almacenamiento es propaganda, no política energética.
Venezuela como instrumento electoral
En Estados Unidos habrá elecciones de medio término el 3 de noviembre. La guerra con Irán, el precio de la gasolina, la inflación y el costo de vida presionan a la Casa Blanca. Trump necesita mostrar resultados económicos antes de esa fecha. “Gasolina más barata”, “seguridad energética” y “las reservas más grandes del mundo” son mensajes electoralmente atractivos.
Eso ayuda a explicar la velocidad del acuerdo. También explica por qué las elecciones venezolanas, los presos políticos y la emergencia social fueron desplazados hacia una supuesta fase posterior. La libertad de Venezuela quedó subordinada al calendario electoral estadounidense.
La operación puede convertirse en un arma de doble filo: resultar atractiva para independientes preocupados por la economía y producir el efecto contrario entre venezolanos y cubanos que apoyaron a Trump por su promesa de enfrentar a los regímenes autoritarios de la región.
Para quien huyó de una dictadura, ver a un secretario estadounidense estrechando la mano de Delcy Rodríguez en Miraflores no representa una transición. Representa una legitimación.
El costo político entre los venezolanos
Una encuesta de Meganálisis divulgada en mayo ya mostraba señales de desencanto: el respaldo a Trump entre los venezolanos consultados cayó de 75 a 47 puntos en un mes, mientras una amplia mayoría rechazaba las negociaciones con Delcy Rodríguez y la continuidad de su interinato.
La medición es anterior al nuevo acuerdo petrolero y no permite atribuirle directamente el deterioro. Pero sí retrata una percepción que Washington no debería ignorar: muchos venezolanos sienten que el petróleo volvió a valer más que sus derechos.
El problema no es que Estados Unidos defienda sus intereses. Todos los gobiernos lo hacen. El problema es presentar esos intereses como si fueran automáticamente los intereses de los venezolanos. No lo son.
Una transición futura podría desconocer el acuerdo
Si Estados Unidos impulsa mañana una transición auténtica y Venezuela elige un gobierno legítimo, ese nuevo gobierno tendrá la obligación de revisar acuerdos otorgados por 100 años sin transparencia suficiente y por una autoridad no elegida.
Cuanto más oscuro, prolongado y desequilibrado sea el compromiso, más difícil será que sobreviva a una verdadera democratización. El acuerdo no facilita necesariamente la transición. Puede convertirse en un obstáculo para ella.
Washington está creando incentivos económicos para preservar como interlocutora a la misma estructura cuya sustitución democrática había prometido impulsar.
Para el ciudadano, la libertad sigue sin llegar
Mientras se anuncian inversiones multimillonarias, la vida cotidiana de los venezolanos continúa marcada por servicios públicos deficientes, hospitales sin recursos, escuelas deterioradas, inseguridad, cortes eléctricos y problemas de acceso al agua.
Siguen existiendo presos políticos. No hay plena libertad de prensa. Persisten las restricciones digitales y el temor a disentir. El ciudadano todavía no sabe cuándo podrá escoger a sus gobernantes en una elección competitiva y verificable.
Un país no se reconstruye únicamente aumentando la producción de petróleo. Tampoco se libera sustituyendo una figura autoritaria por otra persona proveniente de la misma estructura. Maduro preso es un hecho importante. Pero Maduro preso no significa Venezuela libre.
La libertad exige instituciones, justicia, derechos, transparencia y votos. Exige un Estado que no pueda ser vendido ni repartido mediante negociaciones celebradas lejos del escrutinio público.
Ocho meses perdidos
Han pasado ocho meses. Casi el tiempo que tarda una vida en formarse antes de nacer.
Pero en Venezuela no nació una transición.
No nació un nuevo sistema electoral. No nació una justicia independiente. No nació una institucionalidad democrática. No nació un gobierno legitimado por los ciudadanos.
Lo que sobrevivió fue el régimen: con otro rostro, nuevos socios y contratos más grandes.
Mi conclusión es incómoda, pero inevitable: firmar el petróleo de Venezuela por 100 años con la heredera política del chavismo no es liberar al país. Es hipotecarlo antes de devolverles la palabra a sus dueños.
Venezuela no necesita otra fotografía en Miraflores ni otro anuncio de miles de millones de dólares. Necesita una ruta definitiva, verificable y con fechas hacia la libertad. A ocho meses de la caída de Maduro, esa ruta todavía no existe.
La transición nació muerta. El régimen sigue en el poder.
Fuentes y nota metodológica
- Casa Blanca, ficha del acuerdo petrolero con Venezuela, 31 de agosto de 2026.
- Departamento de Energía de EE. UU., acuerdos energéticos anunciados el 2 de septiembre de 2026.
- Chevron, ampliación de operaciones en Venezuela, 2 de septiembre de 2026.
- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), licencias generales relativas a Venezuela.
- Departamento de Energía de EE. UU., documentación técnica de la Reserva Estratégica de Petróleo.
- Meganálisis, medición divulgada en mayo de 2026; se cita como antecedente y no como efecto del acuerdo de agosto.
- Auditoría VSRTI: 48 indicadores, ocho pilares y 42 evidencias con fuente y fecha; datos al 2 de septiembre de 2026. El 30,6 es el resultado ponderado por indicador y no el promedio simple de los ocho pilares.
Esteban Gerbasi · @estebangerbasi · 3 de septiembre de 2026
