Los Llanos.- Con la cosecha de arroz del ciclo invierno 2026 recién iniciada en Portuguesa, los productores volvieron este martes 1 de septiembre a las calles. Se concentraron en las inmediaciones de Bolipuerto, en Araure, para exigir al Gobierno la definición sobre el precio del cereal y denunciar que algunas agroindustrias están pagando incluso por debajo del valor que ellas mismas plantearon ante el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.
Los agricultores aseguran que hay industrias que están liquidando el kilogramo de arroz paddy húmedo en $0,29, mientras el valor planteado por la agroindustria ante el Ejecutivo es de $0,35. Para los productores, ninguno de esos montos permite cubrir los costos de producción ni garantizar rentabilidad.
La protesta reunió a agricultores de las zonas de Pimpinela, Las Majaguas y Payara, en los municipios San Rafael de Onoto, Páez y Agua Blanca, además de productores de Turén y Santa Rosalía.
El reclamo ocurre mientras comienza la cosecha de las aproximadamente 55.000 hectáreas de arroz sembradas durante el actual ciclo, según cifras de Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz).
El conflicto no se limita al precio. Los productores también denunciaron que continúa el ingreso de arroz importado al país, pese a los acuerdos alcanzados a mediados de agosto entre el Ejecutivo, la agroindustria y los agricultores para proteger la cosecha nacional.
«Nos llevan a la quiebra»
Francisco Ojeda, vocero de los productores concentrados en Araure, reclamó un pronunciamiento del Ministerio de Agricultura y Tierras y pidió que el Ejecutivo intervenga ante los precios que actualmente ofrece parte de la industria.
«El 0,35 dólares que están planteando no lo están cumpliendo. Hay industrias que están pagando hasta 0,29 y no es lo acordado«, afirmó.
Ojeda sostuvo que solo los costos de producción, sin ganancia, se ubican entre $0,45 y $0,49 por kilogramo, por lo que considera insuficiente incluso el precio de $0,35 planteado por la industria.
«Un 0,35 que es lo que aspira pagarnos la industria es llevarnos a la quiebra, es hacer desaparecer el circuito arrocero de Venezuela», dijo.
Los productores piden que el Gobierno establezca mediante una providencia administrativa un marco obligatorio para la comercialización del arroz, que defina las condiciones de recepción, liquidación y pago.
En sus planteamientos, el sector ha colocado como referencia un precio de hasta $0,64 por kilogramo de arroz paddy húmedo, de acuerdo con la estructura de costos que han presentado.
La diferencia entre ese valor y los precios que actualmente reciben los agricultores es considerable: si una industria paga $0,29 por kilogramo, el productor estaría recibiendo 35 centavos menos por cada kilo respecto al precio que actualmente reclaman.
«Estamos en una emergencia grave»
Edgar Miranda, vocero de los productores, afirmó que el sector ya agotó las instancias administrativas para plantear sus demandas ante las autoridades y pidió que sean convocados los agricultores que realmente trabajan en el campo.
«Que llamen a los verdaderos y genuinos productores. Tienen que escuchar a la gente que se produce en el campo, se suda y conoce la deplorable situación. Estamos en una emergencia«, advirtió, haciendo un llamado directo a Delcy Rodríguez, encargada de la administración de Venezuela.
Miranda cuestionó además las condiciones otorgadas a la agroindustria, mientras los productores enfrentan precios que consideran insuficientes para cubrir sus costos. Señaló que, aunque se han exonerado impuestos y aranceles a las empresas para facilitar la importación de productos, que está siendo pagado entre $0,30 y $0,32 por kilogramo.
«Aquí pueden ver los soportes, los costos de producción. Queremos que se pronuncie el Gobierno», sostuvo.
El vocero aseguró que los productores mantendrán sus acciones hasta que el Ejecutivo establezca mediante una providencia administrativa un precio con fuerza y respaldo legal que obligue a la agroindustria a ajustarse a los costos reales del sector. «No estamos pidiendo un precio cualquiera, estamos pidiendo un precio justo».
Agregó que la estructura de costos elaborada por el Ministerio de Agricultura y Tierras es similar a las presentadas por Fedeagro, Fevearroz y los productores de Guárico y Portuguesa, por lo que, a su juicio, existen elementos suficientes para establecer un valor acorde con la realidad del cultivo.
El rendimiento necesario para no perder
Los productores sostienen que el problema del precio está directamente relacionado con el rendimiento por hectárea. Con los valores fijados por las procesadoras, aseguran que una unidad productiva tendría que alcanzar rendimientos cercanos a 7.600 kilogramos por hectárea apenas para cubrir sus costos y evitar pérdidas.
La cifra está muy por encima del rendimiento promedio nacional calculado por los productores en alrededor de 5.000 kilogramos por hectárea.
«Necesitamos que el Ministerio se pronuncie y tome cartas en el asunto. Estamos siendo atropellados por la industria nacional», reclamó Ojeda.
Que no se repita la situación de Calabozo
Los agricultores de Portuguesa temen que la historia registrada durante la cosecha anterior en Calabozo, estado Guárico, se repita ahora en las principales zonas productoras del país.
Durante el ciclo 2025-2026, Fedeagro denunció que ingresaron al país más de 300.000 toneladas de arroz importado en los primeros meses del año, una cantidad que superaba las 200.000 toneladas que el sector había estimado necesarias para complementar el consumo nacional.
Según Fedeagro, la llegada de arroz extranjero en plena cosecha coincidió con restricciones de las industrias para recibir el grano nacional y con una reducción de 35 % en el precio pagado al productor, que pasó de $0,40 a $0,30 por kilogramo.
El gremio agrícola advirtió entonces que el problema no era exclusivo del arroz y señaló que situaciones similares se estaban produciendo con otros rubros, entre ellos maíz y azúcar.
«Es repetir la historia de Calabozo, donde muchos productores quedaron en la ruina», afirmó Ojeda.
Importaciones pese a los acuerdos
Los agricultores pidieron respuestas al Ministro que se comprometió a impedir nuevas importaciones de arroz durante el resto de 2026, pero —según denuncian— se conoció la llegada de un nuevo cargamento.
En agosto, durante las mesas de trabajo sobre la comercialización del arroz del ciclo invierno 2026, los ministerios de Agricultura Productiva y Tierras, Alimentación e Industria y Comercio Nacional acordaron con representantes de la agroindustria y productores mecanismos para garantizar la absorción de la cosecha nacional.
Entre las medidas anunciadas estuvo la suspensión del ingreso de nuevos buques con materia prima de arroz durante lo que resta de 2026. Además, el Ejecutivo estableció que las industrias que no compren la producción nacional perderían el acceso a nuevas licencias de importación. El acuerdo buscaba evitar que el arroz importado compitiera con la cosecha venezolana en el momento de mayor disponibilidad del producto nacional.
«En la mesa de negociación se han planteado muchas alternativas, incluso se acordó cero importaciones, pero tenemos información que en días pasados llegó por el puerto de Paraguaná un cargamento de arroz y de azúcar refinada», afirmó Ojeda. «¿Dónde está la palabra empeñada por el Gobierno nacional?», cuestionó.
Un barco de 30.000 toneladas en Paraguaná
La denuncia de los productores coincide con una investigación publicada por el medio Infobae el 29 de agosto, según la cual un buque con 30.000 toneladas métricas de productos atracó en Guaranao, en Paraguaná, en lugar de Puerto Cabello.
De acuerdo con esa investigación, el cargamento estaba compuesto por 15.000 toneladas de arroz paddy y 15.000 toneladas de azúcar refinada. Infobae identificó como uno de los principales beneficiarios de la operación a MICEVEN C.A., procesadora ubicada en la Zona Industrial de Araure y propietaria de las marcas Arroz Kaly y Harina Kaly.
La investigación también señala que fuentes del sector atribuyeron al cargamento un origen real en Guyana, mientras que la documentación declaraba Brasil. Justo la empresa señalada tiene su planta en Araure, uno de los principales centros de procesamiento del cereal en el estado.
Productores rechazan versión de la agroindustria
Los agricultores también rechazaron declaraciones ofrecidas días atrás por representantes de la agroindustria de Portuguesa junto con autoridades locales, quienes aseguraron que no se había producido una importación excesiva y que las licencias habían sido manejadas de manera controlada.
En esa reunión, representantes de la industria negaron además que Portuguesa hubiera atravesado problemas similares a los denunciados en Calabozo y sostuvieron que se trataba de una situación puntual del estado Guárico.
Sin embargo, los productores de Portuguesa aseguran que las dificultades de comercialización y la incertidumbre sobre el precio afectan a todo el circuito arrocero y que las decisiones sobre importaciones repercuten directamente sobre quienes sembraron el cereal.
«El problema no puede reducirse a un conflicto de Calabozo porque la estructura de costos, la comercialización y la competencia con el producto importado afectan a todas las zonas productoras», dijeron.
«Como les duele a los grandes, también nos duele a nosotros»
Robert Timaure, productor de caña de azúcar y pequeño productor de arroz, cuestionó el resultado de las mesas de negociación entre el Gobierno y los gremios. «Como les duele a los grandes, también nos duele a nosotros los pequeños», expresó.
Timaure sostuvo que, pese a las reuniones realizadas con las autoridades, los pequeños productores no se sienten representados ni beneficiados por las decisiones adoptadas.
«Ni siquiera con estos acuerdos petroleros que se están haciendo hay un beneficio para el ciudadano, menos para el agricultor», afirmó.
De 60 hectáreas a sobrevivir con la siembra
Claudio Rojas, pequeño productor de Pimpinela, contó que años atrás llegó a cultivar 60 hectáreas de arroz, pero aseguró que las condiciones económicas lo llevaron a reducir su capacidad productiva. Ahora siembra en unas tierras prestadas. «Me quebraron«, afirmó.
Rojas explicó que los agricultores han tenido que sobrevivir año tras año con el resultado de sus propias siembras, sin garantías de rentabilidad y enfrentando costos crecientes.
«¿Qué le pasa al Gobierno que no quiere a los productores venezolanos? ¿Por qué primero lo nuestro, por qué tanta injusticia?», cuestionó.
También advirtió sobre el efecto que la crisis tiene sobre los trabajadores agrícolas. «Los obreros también son padres de familia. Si nosotros no podemos seguir sembrando, ¿cómo vive esa gente también?», preguntó.
El impacto de las importaciones va más allá del arroz
Víctor Castillo, vocero del gremio agrícola de Turén, extendió el reclamo a otros rubros. «Queremos rechazar la importación desmedida del arroz que ingresó a Portuguesa. Ya nuestro estado inició una cosecha de arroz y de maíz y todavía no se sabe bajo qué modalidad ni qué precio se va a cancelar», afirmó.
«Este es el sustento de padres de familia«, afirmaron los agricultores. «Aquí no estamos exigiendo ninguna otra cosa sino ser escuchados».
