El Tribunal Arbitral Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) determinó este sábado 10 de octubre que la decisión de la empresa finlandesa Fennovoima de dar por terminado de manera unilateral el contrato para la construcción de la central nuclear Hanhikivi-1 fue ilegal, según informs el diario Straná Rosatom.
El proyecto y su cancelación
En 2013, la corporación rusa Rosatom y Fennovoima suscribieron un acuerdo para edificar una unidad de generación eléctrica con reactor incluido. El presupuesto estimado para la obra oscilaba entre 7.000 y 7.500 millones de euros (equivalente a entre 7.842 y 8.400 millones de dólares). La central, una vez operativa, estaría en capacidad de satisfacer el 10 % de la demanda energética de Finlandia.
No obstante, en mayo de 2022, Fennovoima decidió cancelar el convenio, argumentando el deterioro del contexto político y los retrasos en los plazos de ejecución. Ante esta medida, Rosatom recurrió a la vía legal para impugnar la resolución.
Impacto económico y laboral
"Esta decisión ha sido un fuerte revés para el este de Finlandia y para una serie de proyectos de inversión en el país. Se han perdido numerosos empleos y, lo más grave, se han frustrado las enormes oportunidades de desarrollo en una región tan extensa como el propio país", declaró Alexéi Lijachov, director ejecutivo de Rosatom.
Demandas cruzadas
Durante el proceso de arbitraje, ambas partes presentaron reclamaciones por indemnizaciones:
- Fennovoima exigió 2.000 millones de euros.
- Rosatom solicitó 3.000 millones de euros.
El fallo de la ICC
El tribunal internacional concluyó que la anulación del contrato fue ilegal, ya que, en el momento de la ruptura, el proyecto seguía avanzando y Rosatom estaba gestando las licencias necesarias para la instalación de la planta.
"Recorremos el camino que se llama 'la justicia prevalecerá'", afirmó Lijachov.
Antecedentes favorables
Según el CEO de Rosatom, este es el segundo fallo a favor de la empresa por parte de organismos europeos de prestigio. Hace cuatro años, un panel internacional de expertos ya había determinado que la cancelación del proyecto carecía de fundamento y que la rescisión del contrato de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) era ilegal.
Este caso no es el único en el que Rosatom ha buscar proteger sus intereses legales frente a Finlandia, pues la corporación ha iniciado otros procedimientos judiciales en defensa de sus derechos.
