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José Raúl Mulino, quien ha mencionado en varias ocasiones el impacto económico que ha tenido el cierre de esa mina en el país, busca una «alianza genuina» con la minera canadiense como una forma de una posible reactivación del proyecto, que significaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y creaba alrededor de 7.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos.
El Ministerio de Ambiente de Panamá comunicó que ha comenzado una «auditoría integral» en la gran mina a cielo abierto, gestionada por First Quantum Minerals (FQM) y cerrada desde noviembre de 2023 por orden judicial tras una intensa serie de protestas.
La firma francesa SGS, que se especializa en servicios de auditoría, inspección y certificación a nivel internacional, tiene la responsabilidad de auditar la mina de Cobre Panamá durante un lapso de seis meses, «junto con dos de liquidación», por un total de 539.791,46 dólares, conforme a la información oficial.
Deberá «llevar a cabo esta auditoría integral con un enfoque sistemático, minucioso y ordenado, que garantice que los auditores se concentren en áreas clave para la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto», indica el comunicado del Ministerio de Ambiente.
Según el Gobierno, «esa auditoría es un mecanismo esencial para que el Estado panameño asuma sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de recursos naturales, en la determinación de los aportes sociales y económicos, en la protección del medio ambiente y en la defensa de intereses nacionales».
En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá era inconstitucional, representando una inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares según fuentes oficiales, tras una serie de protestas antimineras, por lo cual quedó anulada.
Con Informacion de BANCA Y NEGOCIOS.
