Dentro del Parque Nacional Morrocoy, y con múltiples impactos sociales, económicos y ambientales, se promueve un proyecto turístico de gran escala que nadie ha presentado oficialmente. No existe un plan técnico público, tampoco estudios de impacto ambiental divulgados ni procesos de consulta con especialistas, pero sin planos en la mano el gobierno lo presenta como un modelo de “turismo ecológico y sostenible”.
Las figuras visibles de la iniciativa son la ministra de Turismo, Daniella Cabello, y la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, que actúan con el respaldo público y notorio de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
El proyecto se describe como una iniciativa ecológica, como hicieron con el desarrollo turístico anunciado para Isla La Tortuga, pero sin estudios de impactos ambientales, masiva destrucción de manglares y ausencia de soluciones para problemas tan esenciales como la deposición de las heces.
Los académicos y organizaciones ambientales han manifestado que la escala de las obras que vienen en camino –hoteles, marinas, clubes náuticos e incluso una pista de aterrizaje– es incompatible con el Parque Nacional Morrocoy, uno de los ecosistemas costeros más frágiles del Caribe venezolano.
El proyecto incluye cuatro megahoteles 5 estrellas, con tres muelles, marinas deportivas, club náutico, centro comercial y una pista de aterrizaje en Morrocoy (estado Falcón). La construcción demolerá los lados del Cerro Morrocoy, cerro que separa a Tucacas de Chichiriviche
El debate comenzó antes de que se conociera documento oficial alguno y de inmediato las opiniones de los expertos fue descalificada y apareció la palabra desinformación. Pero los venezolanos conocen muy bien el choque entre la protección formal del territorio y su explotación política y económica desde antes de que Morrocoy fuese declarado parque nacional.
Si bien no hay un plan estructurado, ni licitaciones ni nada concreto, ni el proyecto turístico-hotelero ha sido presentado públicamente, no existen estudios de impacto ambiental publicados ni procesos de consulta a expertos, universidades o comunidades locales; en todos los medios del Estado, las autoridades lo promocionan como parte de una estrategia de “turismo sostenible y de ecosocialismo” en Venezuela.
La construcción de hoteles de gran escala, marinas deportivas, clubes náuticos e incluso una pista de aterrizaje en las cercanías del parque, como cualquier otra intervención masiva en ese ecosistema puede alterar de forma irreversible los flujos de agua, la salinidad y las cadenas biológicas que sostienen manglares, arrecifes y poblaciones de aves. El Refugio de Fauna Silvestre Cuare, un humedal reconocido internacionalmente como sitio Ramsar, es uno de los más importantes del Caribe para la reproducción y descanso de aves migratorias.
Informes técnicos de la organización ambiental SOS Orinoco han documentado la apertura de canales artificiales en el humedal para permitir el tránsito de embarcaciones privadas. Una intervención criminal que tala manglares y modifica el equilibrio hidrológico y altera zonas de anidación de aves.
La función del manglar en la naturaleza no admite reemplazos técnicos. Filtra sedimentos que llegan desde los ríos, estabiliza las costas y sirve de criadero para las especies marinas. Su destrucción abre la puerta a un proceso de degradación encadenada: los sedimentos alcanzan los arrecifes coralinos, los corales se asfixian, la biodiversidad se reduce y se pierde la transparencia de las aguas azules de Morrocoy. Una belleza única que existe por la interacción entre manglares, cayos coralinos y praderas marinas. Alterar ese equilibrio perturba todo el sistema.
Mientras el discurso del interinato sigue hablando de “ecosocialismo” y ordenamiento turístico, existe un escandaloso patrón de urbanización dentro o alrededor de un parque nacional, un matiz siempre presente cuando quienes administran el territorio protegido también promueven su explotación económica. Ocurre en Canaima, quienes cuidan el parque son los explotadores del oro.
La contradicción institucional tampoco es menor. El Ministerio de Turismo pretende ampliar la infraestructura y aumentar el número de visitantes sin importarle el medioambiente, pero Inparques debería actuar como una barrera infranqueable de protección ambiental. No obstante, ambos impulsan proyectos de gran escala dentro de un parque nacional. Y ambos actúan a contravía de sus objetivos constitucionales. Sin protección de las aguas cristalinas, Inparques no sirve; y sin aguas cristalinas, no hay turismo. No se trata de una inocentada de dos muchachas sin credenciales y sin la preparación adecuada.
El chavismo no da puntada sin dedal, detrás del proyecto que no existe hay evidentes componentes políticos y económicos, negocios y dólares.
Daniella Cabello es hija de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo. Rosinés Chávez Colmenares es hija de Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013. Las dos ocupan posiciones clave en áreas donde se cruzan permisos, concesiones y actividades de índole económico. Es un dato que no constituye una prueba de intereses privados, pero describe un modus operandi del chavismo: controlar sectores estratégicos mediante redes familiares o gente cercana
Rosinés fue designada presidenta del Instituto Nacional de Parques en 2023. Su formación académica no registra especializaciones en biología, ecología, gestión ambiental o administración de áreas protegidas. Inparques históricamente ha sido dirigido por profesionales vinculados a las ciencias naturales o a la planificación ambiental.
Daniella Cabello Contreras, ministra de Turismo, no concluyó sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se inscribió en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en Brasil, etapa que tampoco culminó. Su exposición pública ha estado asociada a actividades mediáticas y culturales dentro del aparato comunicacional del chavismo.
Sin formación verificable en turismo, economía o planificación territorial, Cabello supervisa políticas que afectan destinos estratégicos como el archipiélago Los Roques, la isla de Margarita y Morrocoy, entre otros.
La gestión del sistema de parques nacionales y de la política turística nacional quedó así en manos de las hijas de Hugo Chávez y Diosdado Cabello.
En el caso de Morrocoy, que se ha transformado en uno de los lugares con mayor circulación de dólares en efectivo del país, ese control adquiere valor económico inmediato. Cada temporada, los cayos, su arena blanca y agua transparente atraen miles de visitantes que pagan en divisas transporte marítimo, hospedaje, comida y servicios recreativos. Un circuito que funciona fuera del sistema bancario. El dinero se mueve directamente entre turistas, operadores de lanchas, restaurantes y hoteles.
En la última década ha habido un boom de condominios vacacionales, posadas boutique y marinas privadas en Tucacas y Chichiriviche. Son inversiones que provienen de riquezas surgidas durante la crisis económica venezolana. En un país con inflación crónica y debilidad institucional, los bienes raíces turísticos preservan valor y generan ingresos en dólares.
Morrocoy, el archipiélago Los Roques y la isla de Margarita se han convertido en refugios para capitales privados que buscan activos tangibles y retornos rápidos. Un movimiento económico que ocurre mediante transacciones que se realizan en efectivo y en divisas.
La expansión turística responde entonces a una lógica financiera más amplia. Retorno rápido, operaciones en divisas y menor dependencia de la infraestructura estatal. En ese contexto, un parque nacional se convierte en un activo económico que se legitima en el discurso oficial como desarrollo “sostenible y ecológico”.
Pero detrás hay un vacío. Lo que promocionan, aplicaciones digitales para registrar visitantes y campañas de turismo responsable, no coincide con las exigencias de científicos y organizaciones ambientales que rechazan que un parque nacional sea un terreno disponible para urbanizar con criterios turísticos. Negocios de alto rendimiento y bajo riesgo amparados por el ecosocialismo, un oxímoron.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
