Barquisimeto.- Manuel Virguez, abogado y representante de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, exhortó este 10 de marzo a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía a recomendar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la habilitación de tribunales itinerantes o taquillas regionales especializadas que permitan a los beneficiarios de casos de persecución política tramitar sus solicitudes sin tener que desplazarse a Caracas.
Virguez explicó, durante una rueda de prensa en la sede de la organización, que la solicitud busca que se considere el impacto económico y territorial que enfrentan los potenciales beneficiarios de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero del presente año para atender casos vinculados a conflictos políticos en el país.
Según una evaluación realizada por la ONG, los costos de traslado desde 20 estados del país hacia Caracas tienen un costo promedio de 120 dólares por persona: “Lo que constituye un obstáculo desproporcionado para quienes buscan ejercer un derecho que debe ser accesible, gratuito y expedito”, reza la solicitud, también escrita.
Además, se explica que la habilitación de estas instancias es posible gracias al fundamento jurídico que permite la descentralización del proceso: “La LOTSJ, en su artículo 2, establece la rectoría del TSJ sobre la organización del Poder Judicial; el artículo 26 (numeral 10) faculta a la Sala Plena para crear o suprimir tribunales en cualquier lugar de la República; y la LOPJ, en sus artículos 65, 108 y 109, contempla la existencia de juzgados itinerantes para atender necesidades territoriales específicas. A ello se suma la Resolución N° 20230057, que demuestra que el TSJ ya ha ejercido estas facultades para reorganizar la justicia cuando lo considera necesario”.
Virguez sostuvo que la opción de tribunales itinerantes para la amnistía no sólo es jurídicamente viable, sino que también resulta coherente con el marco legal vigente y con las atribuciones de seguimiento que ejerce la comisión mencionada.
“Luego de la Resolución Ne 20230057, el Poder Judicial, citando sus propias cifras argumentó que tiene plena capacidad operativa para reorganizar territorialmente la justicia y atender a grandes volúmenes de personas mediante estructuras especiales Según las propias cifras oficiales publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia, la implementación de tribunales con competencia nacional y el despliegue de tribunales móviles permitió atender a más de 177.000 personas en 2024. realizar más de 21.299 gestiones legales en un solo trimestre de 2025 y activar más de 130 tribunales móviles en 116 municipios del país”, detalla el texto.
La experiencia acumulada del TSJ, se indica, confirma que la justicia puede desplazarse hacia las comunidades y no al revés, y que los mecanismos itinerantes resultan viables y eficientes para atender necesidades urgentes y masivas.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973