Nayrid Parra, familiar del juez Duncan Espina Parra, denunció que tras 13 meses de detención, el proceso judicial que enfrenta el magistrado y la representante legal del Diario La Voz, Blanca Suárez, representa una clara vulneración a la independencia judicial y al debido proceso en Venezuela.
«El ejercicio de la abogacía y la autonomía en la toma de decisiones judiciales enfrentan un escenario de extrema precariedad en el país», afirmó Parra, quien sostiene que la situación de ambos profesionales evidencia la delgada línea que separa la labor profesional de la persecución judicial.
El caso tiene su origen en una controversia legal con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En el marco de sus funciones como titular del Juzgado Sexto Contencioso Tributario de Caracas, el juez Espina Parra dictó una sentencia para levantar medidas impuestas por el ente recaudador, en respuesta a un Recurso de Amparo Cautelar interpuesto por la defensa del medio de comunicación, detalló Parra.
Abogada y juez tras las rejas
Dicha actuación judicial derivó en la privación de libertad del juez y de la abogada del diario, un hecho que, según Parra, constituye un precedente alarmante. «Este tipo de acciones debilita los pilares fundamentales del Estado de Derecho, al enviar un mensaje de coerción hacia los operadores de justicia que actúan apegados a la normativa vigente», advirtió.
La denuncia también resalta el impacto colateral que este proceso ha tenido sobre la libertad de expresión, tras el cese de operaciones del Diario La Voz. Para la familiar del juez, la paralización de las rotativas de un medio con trayectoria es un síntoma de un sistema que requiere retomar la imparcialidad.
«La continuidad de esta detención por más de un año sugiere una aplicación desproporcionada de la justicia penal ante actos que forman parte del ejercicio legítimo de la abogacía y la judicatura», sentenció Nayrid Parra.
Parra hizo un llamado a que el sistema de justicia actúe con transparencia y garantice el respeto a la Constitución Nacional. Reiteró que la justicia no debe ser utilizada como una herramienta de sanción administrativa.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
