Tarek William Saab, ahora defensor encargado del Pueblo después de su renuncia al Ministerio Público, a pesar de que durante su paso por la institución alardeó de luchar contra la corrupción, un análisis de la ONG Transparencia Venezuela en el exilio demuestra que muchas investigaciones quedaron engavetadas.
Poco después de su salida de la Fiscalía General de la República, la organización no gubernamental que ha hecho seguimiento a los casos de corrupción en el país, de los 340 que reposan en el Ministerio Público tomaron una muestra de 10 de ellos para determinar que Saab «engavetó» muchas denuncias.
«Hemos seleccionados 10 relacionados con irregularidades en la industria petrolera nacional (sobreprecios en Petrozamora y Petropiar, alteración de producción en la Faja del Orinoco, Pdvsa Cripto, entre otros) y en ninguno se evidencia avances significativos en las investigaciones o que en los tribunales se realizara el juicio y se dictara sentencia, salvo alguna condena contra funcionarios medios que habrían admitido los hechos», explicaron en un reporte especial.
Expendientes que involucran a Pdvsa
Uno de ellos, en la Faja Petrolífera del Orinoco, está relacionado con la presunta pérdida patrimonial por 2 mil millones de dólares en el que estuvo involucrado Pedro José León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja; Carlos Esteban Urbano Fermín, gerente de una empresa constructora. La investigación del Ministerio Público dijo que hubo, entre 2010 y 2016 sobreprecios en contrataciones e ilícitos para asignar esos contratos. No se conoce qué pasó con las averiguaciones que comenzaron en 2017, hace más de 8 años.
En el año 2017 también se inició una investigación de la empresa mixta Petrozamora por sobreprecio en la compra de equipos y materiales de producción, valoradas en daño patrimonial de 500 millones de dólares. Es una EPS en la que estuvieron involucrados Alejandro Betancourt y Francisco Convit Guruceaga. Aunque se constituyó en 2012 con una petrolera rusa, esta última cedió el 40 % de su paquete accionario en el año 2022. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
Estaban involucrados 17 funcionarios de Pdvsa, entre ellos el expresidente de la estatal Eulogio Del Pino. Doce de ellos se declararon culpables y admitieron los hechos. Otros cinco pasaron a juicio en 2021.
Petróleo pagado en oriente que no se produjo
También de 2017 se investigó un caso en Pdvsa Producción Oriente que involucraba a 10 funcionarios de esta dirección por alterar precios de producción de crudo con el fin de obtener más regalías y aumentar el presupuesto a la empresa. El daño se cuantificó en 1.156 millones de dólares por barriles de petróleo que no se produjeron y 216 millones de dólares más en pagos de regalías. Desde que se abrió el proceso no se conoce avances.
En 2018 se anunció un nuevo hecho de corrupción en una empresa mixta, Petropiar. Se habría adjudicado maquinarias y servicios para beneficiar a varias compañías externas sin seguir los procesos regulares. Se detuvo al presidente de la EPS, Pedro Coronil; al director adjunto de la Faja Petrolífera del Orinoco, Lorenzo del Valle Aguilera; al gerente general de Petropiar, Aníbal Velásquez Marcano y dos representantes de empresas privadas. No se dijo cuál fue la pérdida para el Estado. Tampoco hay avances del caso.
Una estafa contra Pdvsa se produjo en el año 2021. Se denunció que la empresaria Kristina Antonorsi Quintero y otros involcurados, entre ellos Jesús Alfredo Guevara Betancourt, comercializaron de forma ilícita crudo asignado a Pdvsa. Negociaron dos buques en China por 1.900.000 barriles de petróleo, pero solo se cargó uno. Se desconocen avances en el caso.
Qué pasó con el caso «Pdvsa Cripto»
Desde el año 2024, 24 meses después de que se anunció el llamado escándalo «Pdvsa-Cripto» por el que apresaron al exvicepresidente y exministro Tareck El Aissami, no se conocen avances de este proceso que involucró a exdiputados, exdirectivos de empresas estatales como la CVG, Cartones de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, hoy desaparecida; no se sabe qué ocurrió con esa investigación en la que se habló de una pérdida de 16.900 millones de dólares y que fue usada por el chavismo para aleccionar al país sobre el combate a la corrupción.
Más de 60 personas resultaron detenidas, entre ellos empresarios que participaron en el esquema para vender petróleo venezolano propiedad de Pdvsa, pero que se entregó a particulares sin cargarse como parte de la estatal. «No se sabe con certeza dónde están los detenidos o si fueron liberados». Se habla de que el exdiputado Hugbel Roa estaría en El Rodeo, según denuncias de sus familiares; lugar al que habrían también trasladado al exministro El Aissami. Mientras que el exjefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez, estaría en El Helicoide.
¿Y Pedro Tellechea?
«Ni siquiera hay certeza de que los implicados se encuentren en realidad privados de libertad, a pesar de la exhibición de los detenidos con uniformes anaranjados que circularon por los canales y redes oficiales. Y más de dos años después no se ha informado sobre el juicio, ni cuánto fue el daño sufrido por las arcas públicas, aunque cálculos propios ubican lo defraudado en más de 16.960 millones de dólares», dijo Transparencia Venezuela.
Desde la detención del expresidente de Pdvsa, Petro Tellechea, y sus colaboradores, señalados de «entregar el cerebro de Pdvsa» a una empresa estadounidense, no se conoció qué ocurrió con esa investigación.
«Un rastreo sobre la actuación del Ministerio Público bajo la conducción de Tarek William Saab frente a las economías ilícitas — narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales— reveló que la información suministrada por ese despacho ha sido insuficiente, parcial, discrecional y hasta confusa, lo que exige un esfuerzo de sistematización para tratar de determinar en qué casos avanza la acción penal, en cuántas causas se logra sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles expedientes estarían paralizados», aseveró la organación no gubernamental.
Otras investigaciones paralizadas
La ONG también mencionó los casos de Cartones de Venezuela relacionado con el de Pdvsa-Cripto por el que apresaron al entonces presidente de la empresa estatal, Leoner Azuaje y al exministro y exgobernador Hugo Cabezas. Azuaje fue encontrado muerto en su celda en 2023, seis después de su detención. No se conocen avances.
Los negocios de Ramón Carretero Napolitano con el entorno familiar de la exprimera dama, Cilia Flores, ni siquiera se investigaron en el Ministerio Público de Tarek William Saab. Un consorcio de medios internacionales denunció que se firmó con la Fundación Propatria 2000, entre agosto de 2013 y febrero de 2014, contratos para la construcción de gimnasios verticales, remodelación de dos hoteles emblemáticos en La Guaira, la construcción de un centro de convenciones y el estadio de béisbol de La Rinconada. Los contratos eran por 700 millones de dólares entre el empresario panameño con esta fundación.
Se informó que se transfirieron 5.8 millones de dólares desde compañías de Carrero Napolitano a Juan Carlos López Tovar y su entonces pareja, Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores.
Un último caso mencionado por Transparencia Venezuela relaciona a familiares del exministro Haiman El Troudi por haber recibido transferencias bancarias por 42 millones de dólares, que supuestamente hizo la brasileña Odebrecht. La Fiscalía de Suiza encontró sospechosas estas transacciones y las remitió al Ministerio Público de Saab. Involucraban a la esposa y suegra del exfuncionario. En julio de 2017 se citó a las dos mujeres como imputadas, pero después, en diciembre de ese año, un juez en Caracas revocó la imputación contra ellas.
«Sobre Odebrecht, por ejemplo, luego que Tarek William Saab sustituyera a Luisa Ortega Díaz en 2017, fue detenido el asistente del fiscal que había ido a Brasil a interrogar a Euzenando Acevedo, director de la empresa brasilera en Venezuela. La investigación quedó en la gaveta de la fiscalía 51″, dijo la ONG.
En 2021 se inició una investigación contra el presidente de Lácteos Los Andes, coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, por sobrefacturación y contratar servicios con empresas de sus familiares para la producción de la estatal. Un año después, el tribunal cuarto de control contra el terrorismo condenó a 5 años de prisión a cuatro implicados por declararse culpables y ordenó el pase a juicio de Piligra Jiménez.
Cuál era el papel de Saab
Transparencia recordó que Saab fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017 después de que ese órgano legislativo paralelo al Parlamento venezolano que tenía mayoría de oposición destituyó a la entonces fiscal, Luisa Ortega Díaz, quien al menos de 2016 se distanció de la gestión del depuesto Nicolás Maduro.
Destacaron que su salida del Ministerio Público aunque era un secreto a voces en los últimos meses fue sorpresiva, aunque se dio tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026 cuando fuerzas especiales de EEUU bombardearon Caracas y ciudades vecinas para extraer del país a la expareja presidencial, trasladarla a ese país y encarcelarlos.
«La salida de Saab es emblemática, pues era una figura cercana a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Su reemplazo es percibido como cercano tanto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como a su hermano, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez. El cambio es interpretado como el primer paso de la dupla actualmente en el poder para iniciar la colonización del sistema de justicia venezolano».
Al igual citaron su papel como parte del aparato represor del chavismo durante los ocho años en los que ocupó el cargo.
«A lo largo de los más de ocho años que permaneció en el Ministerio Público, Saab desempeñó ‘un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos’, denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe. En el documento indicó la Misión que los fiscales recibían instrucciones de sus superiores para actuar en casos donde el Poder Ejecutivo tenía intereses sin importar los hechos».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
