Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) designó este jueves, 9 de abril, al abogado Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal general de la República.
El pasado 25 de febrero, Devoe fue designado como fiscal general de la República encargado, luego de la renuncia de Tarek William Saab y ante la ausencia de un vicefiscal que asumiera el cargo.
Devoe es abogado de profesión y ha acumulado múltiples cargos en el sector público. Fue designado consultor jurídico del Ministerio de Petróleo en agosto de 2024, tras la llegada de Delcy Rodríguez al despacho. También se desempeñó como consultor jurídico de la Vicepresidencia, directivo del Banco de Venezuela y representante de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Se graduó en 2001 de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y posee estudios de posgrado que incluyen un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, una especialización en ciencias penales y criminológicas, y dos diplomados en derechos humanos.
Su carrera en la administración pública comenzó en la Defensoría del Pueblo en 2001, como Defensor II, cargo que ocupó hasta 2005. Posteriormente trabajó en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y fue asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sancionado
Devoe Márquez fue incluido por el Gobierno de Canadá en una lista de sancionados en abril de 2019, junto a otros funcionarios venezolanos. La medida fue adoptada en el marco de las sanciones impuestas por ese país ante la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
Las restricciones fueron aplicadas bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales (Special Economic Measures Act) y el Reglamento sobre Venezuela, lo que implica la congelación de bienes que pudiera poseer en territorio canadiense, la prohibición de realizar transacciones con personas o entidades en Canadá y restricciones migratorias
Rol en derechos humanos y posición ante la CIDH
Entre 2016 y 2017, como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Devoe representó al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante ese período, afirmó que en Venezuela no había presos políticos, utilizando como argumento un documento firmado por representantes de la MUD en el diálogo de octubre de 2016, en el que se mencionaba a “personas privadas de libertad”.
También negó que Leopoldo López estuviese recluido en una celda de 2 metros cuadrados, asegurando que su celda medía más de 24 metros cuadrados y que cumplía con los estándares de derechos humanos. De acuerdo con Devoe, López contaba con televisión por cable, una cafetera, 152 libros, 154 películas, cursaba un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela y tenía acceso a un huerto y áreas de recreación, así como visitas de familiares y abogados en distintos días entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.
En ese rol, Devoe defendió la actuación del Estado ante denuncias internacionales sobre derechos humanos, negando violaciones por parte de las autoridades.
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Devoe participó en actuaciones del Estado venezolano ante la Cidh relacionadas con el Caso del Caracazo, cuya sentencia fue dictada en 2002.
Formó parte del equipo encargado de gestionar la admisión de responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos derivadas de los hechos del 27 de febrero de 1989 y de coordinar las acciones vinculadas al cumplimiento y supervisión de las medidas ordenadas por la Corte, incluyendo actuaciones posteriores en el marco del seguimiento del caso.
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