Un grupo de madres, esposas, tías y hermanas de personas privadas de libertad en Monagas llevan semanas exigiendo la renuncia del presidente de Circuito Judicial Penal de la entidad, el juez Jorge Arzolay, a quien consideran responsable del retardo procesal, condenas injustas y largas penas de cárcel contra sus familiares.
Agrupadas junto a otros afectados en el Comité de Familiares de Procesados y Víctimas del Estado Monagas nuevamente acudieron al Palacio de Justicia de Maturín, este lunes 16 de marzo, para enumerar las irregularidades que se cometen en los juicios, detenciones y los procesos judiciales de sus allegados.
Carmen Campos, una señora de 78 años, contó a El Pitazo que tiene un hijo en prisión desde hace siete años. «Lo condenaron a 15 años de cárcel y estoy buscando todas las formas para que lo liberen, soy una mujer de la tercera edad, de escasos recursos y mi hijo es un profesional, era inspector de la Policía del estado Monagas y lo acusaron falsamente», dijo desde las afueras del Palacio.
Junto a otras mujeres demandó la renuncia de Arzolay, quien antes fue juez rector y fiscal superior del Ministerio Público. Otra afectada, Judtih Blanco, contó que su hijo tiene 3 años y 3 meses encarcelado con una condena de 26 años. Carlos Alberto Flores estaba junto con otro amigo en el sector Santa Inés en un funeral, a la espera del ataúd con el cuerpo de un vecino para ayudar a cargarlo a la vivienda donde harían el velatorio.
Al sitio llegó una patrulla policial sin identificación que se los llevó a los dos. Aunque le dijeron a sus familiares que se trataba de un trámite de revisión y posteriormente serían liberados, posteriormente los acusaron de porte de armas de guerra, agavillamiento y otros delitos por los que le impusieron casi que la pena máxima. Merenice García dijo que su hijo Wilder Blanco es uno de los condenados.
Otra mujer y tía de Jorge Luis García expresó que su sobrino es huérfano y solo tiene a sus tíos para ayudarlo. Aunque en un momento recibió la libertad, lo detuvieron y condenaron por un homicidio, que su familiar aseguró no cometió. «Lo condenaron a 15 años de prisión por un delito que no cometió. Solo nos tiene a sus tíos y no tiene nada que ver con el caso del que lo acusaron», recalcó.
Exigen respuesta de Arzolay
Una señora que viajó desde Aguasay hasta Maturín afirmó que su hijo llevaba 45 días preso y necesita tratamiento psiquiátrico. Lo apresaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 26 de enero y lo trasladaron desde ese municipio hasta la capital monaguense. «Los policías lo detuvieron y la Fiscalía lo acusa de intento de homicidio y robo de ganado, pero son delitos fabricados, eso es falso, mi hijo es inocente».
Mientras que Yismelis Marcano dijo que después de cinco meses detenida a su hija la pasaron a juicio. La acusan de la muerte de su pequeña hija de 3 años, a quien ingresaron al hospital Manuel Núñez Tovar, en la capital monaguense, desde Caripito. Alegan que la niña sufrió una reacción alérgica a los medicamentos que recibió durante su hospitalización, pero la justicia la responsabiliza de su deceso.
«Hoy, lunes 16 de marzo, apenas fue la apertura del juicio, no quieren aceptar los informes médicos del hospital de Caripito, por qué no han ido a investigar lo que nosotros le decimos», cuestionó. A ella la mantienen detenida en la base de homicidios del Cicpc en el sector La Cruz, también en la capital monaguense.
Estas afectadas denunciaron que pese a los reclamos, cartas y otros intentos de comunicarse con Arzolay, no tienen una respuesta del presidente del Circuito Judicial Penal al que responsabilizan de lo que dicen son irregularidades en los procesos judiciales de sus parientes.
«Solo queremos que haya justicia y de verdad se aplique la ley porque hay inocentes encarcelados injustamente», recalcó otra de las familiares.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
