Caracas.- Delcy Rodríguez anunció a través de sus redes sociales al general Gustavo Enrique González López como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde el 2014.
«Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», publicó Rodríguez en sus redes sociales.
Acusado de torturas por EE. UU.
A sus 65 años, Gustavo Enrique González López, general en jefe del Ejército venezolano, carga con un historial marcado por su peso dentro del aparato militar y de inteligencia, así como por múltiples sanciones internacionales y señalamientos por violaciones de derechos humanos.
Sancionado por Estados Unidos por la represión a opositores y señalado por casos de tortura, el general en jefe vuelve al centro del poder con un cargo estratégico: ministro de la Defensa. Previo a este nombramiento, el pasado 5 de enero, fue designado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como el nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
Nacido el 2 de noviembre de 1960 y graduado en la Academia Militar en 1982, González López ha transitado por los espacios más sensibles del Estado venezolano: inteligencia, contrainteligencia, el sector petrolero y, más recientemente, seguridad presidencial.
González López cumplió cargos en el Gobierno a partir del 2006. En la gestión del expresidente Hugo Chávez Frías, fue designado director del Metro de Caracas, de Los Teques.
Su carrera parecía encaminada a un retiro en 2013, pero su reincorporación apenas dos meses después marcó el inicio de una etapa de ascenso acelerado y de creciente influencia política.
Su nombre está ligado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo que dirigió en dos periodos (2014–2018 y 2019–2024).
Detenciones arbitrarias, desapariciones y tratos crueles
Bajo su mando, el SEBIN fue señalado por organismos internacionales por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y tratos crueles contra opositores. El Helicoide, principal centro de detención del organismo, se convirtió en símbolo de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En 2015, el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó por presuntas violaciones de derechos humanos. Poco después, Nicolás Maduro lo nombró ministro de Interior, Justicia y Paz, cargo que ocupó hasta 2016, antes de regresar nuevamente a la dirección del SEBIN.
En 2016, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz abrió una investigación sobre presunto sobreprecio en la construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, vinculada a Odebrecht. El caso no avanzó debido a la destitución de Ortega en 2017, pero parte de la documentación fue divulgada posteriormente en 2018 por fiscales exiliados.
Entre 2017 y 2018, González López recibió sanciones de varios países: Canadá lo sancionó en septiembre de 2017 por la ruptura del orden constitucional tras la elección de la Asamblea Constituyente; Suiza lo sancionó en marzo de 2018 por presuntas violaciones graves de derechos humanos y Panamá lo incluyó en una lista de alto riesgo por presunto blanqueo de capitales y financiamiento ilícito en marzo de 2018.
Ese año murió el activista, abogado y político venezolano Fernando Alberto Albán Salazar, mientras estaba bajo custodia del Sebin en El Helicoide.
González López también quedó en la mira de la Unión Europea, quien lo puso en su lista negra por «contribuir con la ruptura del orden constitucional con las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente».
Designación en la estatal petrolera
Lejos de frenar su ascenso, las sanciones parecieron reforzar su posición dentro del Gobierno. En 2019, fue designado consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.
En 2024 amplió su radio de acción al sector petrolero, controlando áreas de PDVSA. En octubre de 2025 fue designado intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de esa empresa estatal, consolidando la militarización de la industria y reforzando la dependencia del gobierno en figuras de línea dura para sostener el control político y económico.
Su más reciente nombramiento como comandante de la Guardia de Honor Presidencial —unidad encargada de la protección directa del Ejecutivo— confirma su rol como custodio del poder y operador central del sistema de seguridad del régimen.
La decisión llegó en un momento de tensiones internas y reacomodos en la cúpula militar, y coloca al frente de la seguridad presidencial a un oficial con un historial marcado por la represión y la lealtad al proyecto chavista.
Analistas venezolanos concuerda con que no es un hombre del círculo cercano de Maduro, sino de Diosdado Cabello, el poderoso número 2 de PSUV, también sancionado por los EE. UU.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
