Caracas.- La organización Acceso a la Justicia denunció una serie de irregularidades legales en el nombramiento de Carlos Alexis Castillo Ascanio como nuevo titular del Ministerio del Proceso Social del Trabajo. Castillo, quien hasta su designación cumplía funciones como magistrado y vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asume este cargo en el Ejecutivo tras una decisión que, según la ONG, debilita la separación de poderes.
La organización advierte que, de acuerdo con el marco legal vigente, la designación de un magistrado activo en una cartera ministerial vulnera las normas de independencia judicial.
“Aunque existen precedentes de magistrados en cargos políticos, estos han debilitado la separación de poderes, el artículo 60 de la Ley Orgánica del TSJ permite licencias solo por causas específicas (enfermedad o misiones compatibles), lo que no incluye ejercer como ministro”, explicó la organización en su cuenta de X.
Asimismo, la organización señala que el artículo 256 de la Constitución prohíbe de forma expresa que los magistrados ejerzan otras funciones públicas. La única salvedad que admite la Carta Magna es el desarrollo de actividades académicas, medida que busca garantizar la autonomía de los integrantes del Poder Judicial.
El texto constitucional también exige que los jueces no mantengan activismo político de ningún tipo. En este sentido, la ONG afirma que formar parte del gabinete ministerial de un partido de gobierno es una actividad política evidente. Por este motivo, la organización asegura que la licencia que recibió el magistrado Castillo para incorporarse al gabinete de Delcy Rodríguez es contraria a la Constitución.
Para Acceso a la Justicia, el ejercicio de un ministerio debe tener como consecuencia el cese definitivo de las funciones en el Poder Judicial. La organización indica que, ante esta situación, corresponde el retiro oficial del cargo de magistrado y la designación formal de un sustituto que ocupe su lugar en la Sala de Casación Social.
«Este tipo de decisiones profundiza la falta de independencia judicial y la confusión entre funciones políticas y jurisdiccionales, y lo que es más grave partidiza la justicia», apunta la ONG.
¿Quién es Carlos Alexis Castillo?
Delcy Rodríguez anunció la remoción de Eduardo Piñate del Ministerio del Proceso Social del Trabajo para dar paso a Carlos Alexis Castillo Ascanio, quien posee una trayectoria que combina funciones en el Poder Judicial con diversos cargos en la administración pública central. Es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también obtuvo una especialización en Derecho del Trabajo. Además, cursó una especialidad en Derecho Procesal Civil en la Universidad Santa María.
Su ascenso al TSJ ocurrió el 26 de abril de 2022, fecha en la que la Asamblea Nacional lo juramentó como magistrado de la Sala de Casación Social. Antes de llegar a la máxima instancia judicial, Castillo desarrolló una carrera dentro de los tribunales como asistente de juzgados civiles, mercantiles y del trabajo en el Área Metropolitana de Caracas.
También ocupó el cargo de secretario titular en juzgados del trabajo en el estado Miranda y en tribunales superiores del área capital. Su vinculación con el sector laboral incluye una etapa como dirigente sindical dentro del Poder Judicial.
En la administración pública, Castillo Ascanio ocupó cargos de alta responsabilidad en el Ministerio del Trabajo, donde fue director adjunto, director de inspectoría nacional, director general sectorial y viceministro del Trabajo. En su hoja de vida destaca un periodo previo como ministro encargado de esa misma cartera. Su experiencia en el Poder Ejecutivo abarca también asesorías jurídicas en la Vicepresidencia de la República y en la Procuraduría General de la República.
A nivel municipal, ejerció como síndico procurador del municipio Libertador de Caracas y ocupó la Dirección de Recursos Humanos de esa Alcaldía. Su labor en la gestión de personal fue constante en su carrera, pues dirigió los departamentos de recursos humanos en los ministerios de Petróleo y Minería, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y en la Asamblea Nacional Constituyente.
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