A un mes de la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero), el panorama de los derechos humanos en Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica.
Aunque la normativa fue presentada por el Estado como un paso definitivo hacia la reconciliación, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en alianza con Alerta Venezuela, advierte en su más reciente informe que la medida está funcionando como un “espejismo jurídico”. La opacidad en su implementación y la falta de cronogramas claros han generado una brecha profunda entre el discurso oficial y la realidad de quienes aún permanecen tras las rejas.
En el texto, advierten que este primer mes ha revelado que el sistema de justicia se ha transmutado en un “aparato de control social que instrumentaliza la arbitrariedad procesal como una herramienta técnica para la neutralización de la disidencia”. El informe denuncia que las liberaciones no responden a un reconocimiento de la vulneración de derechos, sino a cuotas de negociación estratégica.
Lejos de ser un cierre definitivo al conflicto, la organización percibe esta ley como una maniobra para “mitigar la presión nacional o internacional, seguidas casi de inmediato por nuevas oleadas de arrestos”, manteniendo vigente la estructura de persecución.
A 30 días de la aprobación de la Ley de Amnistía de 2026, presentamos junto a AlertaVenezuela nuestro nuevo informe: «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)», que ofrece una mirada técnica sobre la evolución del sistema judicial y el impacto real de la Ley de Amnistía… pic.twitter.com/bgxaVoWsIw
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 20, 2026
Estancamiento de las cifras y el fenómeno del subregistro
El monitoreo realizado durante las primeras cuatro semanas de vigencia de la ley revela que la reducción de la población carcelaria por motivos políticos no ha sido tan drástica como prometía la narrativa oficial. JEP explica que existe una resistencia institucional a vaciar los centros de reclusión, lo que genera una sensación de libertad selectiva.
Asimismo, el informe alerta sobre el afloramiento de casos antiguos que el miedo había mantenido ocultos, una consecuencia directa de la aplicación de castigos al entorno familiar conocidos como Sippenhaft.
Población persistente: A pesar de las 677 salidas verificadas en el primer trimestre de 2026, aún permanecen 689 prisioneros políticos identificados.
Efecto de sustitución: Se observa un ciclo donde las excarcelaciones son compensadas con nuevos arrestos o el mantenimiento de perfiles críticos de larga data.
Opacidad informativa: La ausencia de listados públicos impide contrastar las cifras oficiales, que hablan de hasta 7,000 beneficiarios, con la realidad de los centros de reclusión.
Perfil de los detenidos: El castigo a la disidencia civil y militar
El informe desglosa la demografía de quienes aún no han sido alcanzados por el beneficio de la amnistía, evidenciando que el Estado mantiene un control estricto sobre sectores específicos. La organización sostiene que el gobierno se concentra en retener a aquellos que poseen capacidades técnicas o liderazgo social, afirmando que esto “corrobora la motivación política de mantener tras las rejas a quienes pueden amainar su permanencia en el poder”.
Sociedad Civil: Representa el 53.99% (372 personas), incluyendo a 43 militantes de partidos opositores y numerosos sindicalistas.
Sector Militar: Un 35.12% (242 personas) de los detenidos pertenecen a cuerpos de seguridad o fuerzas armadas, siendo este el grupo con procesos más opacos.
Género y Vulnerabilidad: Permanecen detenidos 590 hombres y 99 mujeres; para ellas, el informe cita que “la libertad se ha vuelto un alivio a cuentagotas que se detiene ante el umbral de sus celdas”. Se confirma, además, la presencia de una menor de edad en cautiverio.
La persistencia de la tortura en los centros de reclusión
Más allá de la libertad física, el balance a un mes de la ley pone el foco en las condiciones de reclusión y la integridad física de los prisioneros. JEP documenta que la amnistía no ha borrado las secuelas de los tratos crueles ni ha mejorado significativamente la situación en los recintos donde la vigilancia es más férrea. El informe denuncia que el 39.76% de las víctimas reporta haber sufrido torturas sistemáticas que dejan huellas imborrables en su salud mental y física.
Métodos documentados: Se reportan casos de golpes, asfixia, violencia sexual y la denominada “tortura blanca” (aislamiento sensorial prolongado).
Focos de mayor detención: Los centros con mayor concentración de presos políticos siguen siendo Ramo Verde (93 personas), El Rodeo I (88 personas) y Fuerte Guaicaipuro (44 personas).
Estado de salud: Muchos de los que esperan la aplicación de la ley presentan cuadros médicos graves que no son atendidos por las autoridades carcelarias.
La amnistía como sustituto de la legalidad procesal
El informe denuncia que la Ley de Amnistía se está utilizando para subsanar, de forma cosmética, graves irregularidades procesales que ya deberían haber resultado en libertades por vía ordinaria. Justicia, Encuentro y Perdón argumenta que el Estado presenta como un “gesto de magnanimidad” lo que en realidad es una obligación legal vencida según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Vencimiento de términos: Más de 300 personas califican para libertad inmediata por los artículos 230 y 231 del COPP, debido al retardo procesal y el decaimiento de las medidas.
Instrumentalización de la ley: Se utiliza la amnistía para “perdonar” a personas cuyos juicios nunca se realizaron o cuyas pruebas fueron inexistentes, evitando que el Estado asuma la responsabilidad por la detención arbitraria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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