“No se trata de una cacería de brujas”, respondió la aspirante a convertirse en Fiscal General de la República, Magaly Vásquez, cuando la directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Ronna Rísquez, le preguntó sobre una eventual depuración del Ministerio Público durante La Conversa de este miércoles 18 de marzo de la coalición conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que llevó por título “El reto de tener una Fiscal General independiente”.
La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es una de las 74 aspirantes al cargo, según expuso Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Vásquez aseguró que hay capacidad de depurar al Ministerio Público y es necesario hacerlo.
“No podemos seguir siendo selectivos a la hora de investigar. Así como hay fiscales que han delinquido y tienen que ser sometidos a la justicia, también queda gente honorable en la institución. Con esta posibilidad que tengo, muchas personas me han escrito expresando su deseo de pertenecer o volver a formar parte de la administración pública”, dijo la abogada, quien aspira ocupar la plaza que dejó vacante Tarek William Saab luego de su renuncia el pasado 25 de febrero.
Luis Blanco, director de Runrunes, hizo hincapié en la necesidad de adelantar investigaciones a funcionarios envueltos en posibles crímenes contra los derechos fundamentales del venezolano.
A juicio de Vásquez, toda persona, independientemente de su cargo, puede ser investigada por el MP y rendir cuentas.
“Las víctimas tienen derecho a que les den una respuesta. El asunto es que no podemos cambiar tantas desatenciones a las leyes de un día para otro, hay mucho que hacer, pero no le tengo miedo al volumen de trabajo, es necesario establecer concursos para escoger gente, hacer planes, indicadores, proyectos y promover políticas públicas”.
Según Vásquez, el MP ha tomado atribuciones que no le corresponden.
“Un Fiscal General no puede calificar a nadie de culpable, esa es una función de los jueces. El Fiscal General no debe interrogar, debe saber de derecho, ir más allá de las redes sociales, es un funcionario que representa la institución para que haya unidad de criterio”.
Vásquez aseguró que de quedar seleccionada para el cargo que Tarek William Saab ocupó por nueve años, no actuará con revanchismo.
“Yo no tengo enemigos, ni llegaría para perseguir a nadie. No tengo compromisos, siempre he combinado mi actividad docente con el ejercicio profesional. Hay que empezar a ofrecer respuestas expeditas”.
La profesional del derecho indicó que de los 73 postulados restantes conoce apenas a una decena y con algunos posee reservas.
Alertó que lo fundamental es que quien sea seleccionado por la Asamblea Nacional cumpla con el perfil adecuado y no tenga vinculaciones políticas.
Vásquez aspira que el proceso para la escogencia del funcionario público sea transparente en función del supuesto ambiente de reconciliación y reinstitucionalización que se respira en el país.
“Tomé la decisión de postularme porque mi perfil se adapta, siempre me ha gustado la función pública, llegué a la universidad por un préstamo y ya han pasado 29 años, anteriormente era abogada en el Congreso Nacional”.
La docente informó que el Colegio de Abogados del estado Lara la postuló en 2014 al puesto de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Sala de Casación Penal, pero no fue seleccionada.
Vásquez indicó además que fue coredactora del Código Orgánico Procesal Penal.
“Es el instrumento que definió la verdadera función del Ministerio Público, he dedicado parte de mi vida a estudiar al MP. ¿Entonces por qué no voy a participar por el puesto de Fiscal?”.
Aunque asegura contar con los requisitos para ocupar la función, no sintetiza la escogencia a un mero tema de credenciales
“Hay que ir un poco más allá, el MP debe caracterizarse por una actuación imparcial e independiente, de ausencia de compromiso”.
La docente dijo que las víctimas venezolanas han buscado refugio en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque sienten que en Venezuela no hay justicia imparcial.
“El Estado no hace su trabajo, hay que rescatar la soberanía y eso se activa actuando”.
La gente en la calle
Rísquez apuntó que las diversas protestas que se han generado en Venezuela recientemente demuestran el descontento de las personas, que ven ingresos por concepto petrolero para el Estado que no se generan en una mejora de calidad de vida para el pueblo.
Este lunes 16 de marzo, la ciudad de Caracas amaneció con un paro de transporte que devino en un aumento del pasaje a 100 bolívares, menos de un cuarto de dólar.
Previamente se produjo una marcha de gremios, sindicatos y estudiantes a la Asamblea Nacional para exigir incremento del salario mínimo, estacionado en 130 bolívares desde 2022, y una concentración frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en pos de una demanda por el desbloqueo de portales web de información independientes y de la red social X.
Blanco sostuvo que el palpitar de la gente en Venezuela apunta a que la situación económica ha empeorado en lo que va de 2026.
Rísquez indicó que el chavismo ha mostrado señas de debilidad después de la incursión armada del pasado 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y por eso la población ha decidido hacer exigencias frontales a quienes están en el poder.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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