Caracas.- El tribunal a cargo de realizar la audiencia de Samantha Hernández, de 16 años y de Aranza Hernández, de 19 años, volvió a cerrarles la puerta a la libertad a ambas jóvenes este 19 de marzo de 2026, después de que suspendieron por quinta vez la audiencia de juicio que las mantiene privadas de libertad.
Samantha es la adolescente más joven entre los presos políticos detenidos después de los eventos electorales del 28 de julio.
La defensa sostiene que el Estado castiga a las hermanas Hernández por su vínculo familiar con el teniente Cristian Hernández Castillo, hoy en el exilio.
Los abogados Eduardo Torres y Alberto Maimone denunciaron frente al Palacio de Justicia que las autoridades aplican el método Sippenhaft, un término que describe la persecución de familiares por las acciones o posturas políticas de sus parientes.
Para ellos, el caso refleja una política de represalia que golpea a familias de militares y convierte a jóvenes inocentes en blanco de presión.
Samantha y Aranza llevan más de cuatro meses detenidas desde el 21 de noviembre. Sus abogados afirman que el expediente no contiene pruebas sustanciales que justifiquen la privación de libertad.
En el caso de Samantha, la defensa remarca un elemento todavía más grave: el Estado mantiene bajo arresto a una menor de edad y desconoce estándares básicos de protección a adolescentes.
Eduardo Torres cuestionó con dureza la continuidad del proceso y exigió que termine la persecución contra familiares de militares. La defensa acusa a las autoridades de usar la suspensión constante de audiencias como mecanismo de retardo procesal.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
