Este 21 de marzo se cumplen 77 días de la designación de Delcy Rodríguez como encargada de la administración de Venezuela por parte del TSJ. Aunque promueve un discurso de cambios que denomina el nuevo momento político, hay deudas que no ha resuelto. La población exige mejoras de los servicios públicos, aumentos de salarios y libertad plena para los presos políticos
Por: Redacción El Pitazo
Delcy Rodríguez está a cargo de la administración de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. Han transcurrido 77 días de gestión interina y aún no hay respuesta a las fallas en servicios públicos, el aumento salarial y la liberación de todos los presos políticos que reclaman ONG, gremios, sindicatos y la sociedad civil.
La abogada de 56 años de edad asegura que se enfoca en impulsar una reforma para dar un impulso al sector petrolero. Mientras tanto, la ciudadanía reclama agua, electricidad, transporte público e ingresos que alcancen para vivir y el cese de la persecución políticas. En lo que va de mandato la sociedad civil ha vuelto a organizar protestas –que se redujeron en 2024 por la represión postelectoral– en busca de respuestas de las autoridades.
Rodríguez, en contacto permanente con Washington, está bajo la tutela de EE.UU. y el escrutinio de los venezolanos que exigen a esta gestión respuesta a los reclamos urgentes: la canasta básica supera los 677 dólares, pero el ingreso mínimo cubre apenas el 23 %, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación Venezolana de Maestros.
Crisis eléctrica
El estado Zulia, al occidente de Venezuela y zona petrolera, es uno de los estados más poblados y afectados por la crisis eléctrica. Este viernes 20 de marzo padecieron por un apagón general que afectó a otros cuatros estados del occidente del país.
Los habitantes reportan entre dos y seis horas continuas sin luz por los cortes que forman parte de un racionamiento desde hace al menos una década. Y el viernes, después del apagón, hubo comunidades con 14 horas consecutivas sin servicio.
Los cortes eléctricos se recrudecieron a finales de febrero de 2026, cuando los apagones pasaron de ser una vez por semana a interdiarios.
El ahora exministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, había asegurado que los racionamientos eléctricos de cuatro horas en el estado Zulia se mantendrían, al menos, hasta el 19 de marzo, cuando esperaban terminar los trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión número 1 El Tablazo – Cuatricentenario.
Pero el 18 de marzo, un día antes de la fecha dada por Márquez, Delcy Rodríguez decidió nombrar a Rolando Alcalá, el ministro desconocido en el sector eléctrico que tiene como tarea acabar con los apagones. Ahora le toca el desafío de recuperar el Sistema Eléctrico Nacional, que entre sus principales problemas está el déficit de generación de energía que impide cubrir la demanda del país
A esto se le unen las quejas contra la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que se multiplican en distintos estados del país debido a los elevados montos que la empresa estatal está exigiendo para reconectar el servicio eléctrico. Usuarios aseguran que son “impagables” porque pueden costar hasta 48 dólares en un contexto donde el salario mínimo no alcanza ni siquiera para gastos de alimentación.
Retroceso en la gestión del agua
El interinato de Rodríguez decidió fusionar todas las empresas hidrológicas y centralizar el servicio a través de Hidroven y reestructurar las instituciones regionales dentro de esta nueva autoridad única del agua, de acuerdo con el decreto 5.229 de la Gaceta Oficial 43.304, publicada el 27 de enero de 2026.
«Se procede a la fusión por absorción, de las empresas hidrológicas regionales adscritas al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, con la C.A Hidrológica Venezolana (Hidroven), centralizando la administración de la prestación del servicio y las competencias de las empresas hidrológicas, que actualmente operan en el territorio nacional», dice el decreto.
Expertos del área califican esta decisión como un retroceso que lleva al país a la gestión del antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Inos) que se creó en 1945 y se liquidó en 1990.
“Imagínate que se tenga una emergencia en San Cristóbal y tengas que pedir autorización a Caracas, al organismo central, para que analice la situación y dé una respuesta. Eso puede ser cuestión de días, y en los servicios públicos como el agua, los minutos son muy importantes”, cuestionó José Norberto Bausson, ingeniero civil y exvicepresidente de Operación y Mantenimiento de Hidrocapital, en una entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias el mes pasado.
Cumaná, la capital de Sucre, tiene una veintena de días sin agua, mientras que en El Hatillo, Caracas, se enfrentan a una situación similar, que suma ya casi cuatro meses sin que los responsables ofrezcan alternativas.
Aumento de salario
Venezuela tiene cuatro años sin aumento del salario mínimo. En marzo de 2022 Nicolás Maduro anunció que los venezolanos ganarían 130 bolívares, equivalentes a 30 dólares para la fecha, pero con la inflación y la devaluación del bolívar, en 2026 un venezolano cobra un sueldo base de 0,29 centavos de dólar, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) en marzo.
Desde entonces, el gobierno de Maduro optó por pagar beneficios paralelos a los trabajadores que no representan un ajuste al salario mínimo legal ni repercute en el pago de las prestaciones sociales o los aguinaldos.
El 12 de marzo de este año, trabajadores activos, jubilados y pensionados se concentraron en la Plaza Morelos, ubicada en el centro de Caracas, para exigir mejoras salariales y denunciar el deterioro del ingreso en Venezuela. Esto se repitió en diferentes estados del país con el mismo llamado: exigencias relacionadas con los salarios, las pensiones y las condiciones laborales.
En la movilización, distintos empleados del sector público reclamaron un aumento urgente del ingreso mínimo, pues consideran que este apenas cubre una fracción del costo de vida, lo que ha generado reclamos constantes de trabajadores y jubilados.
Ante esto, Rodríguez anunció durante un acto, en Falcón, que trabajadores del país le entregarán el próximo 1 de mayo –Día del Trabajador– un plan estratégico orientado al desarrollo económico nacional.
Rodríguez adelantó que el plan busca contribuir a la recuperación de la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la industria nacional, pero no detalló las acciones que pueden conducir a la mejora de los ingresos ni dio respuesta a los sindicatos que piden renovar las contrataciones colectivas.
Transporte público y vialidad
En Caracas y zonas adyacentes se declaró un paro de transporte que redujo drásticamente la afluencia de unidades este lunes 17 de marzo. Esta medida, sumada al anuncio de un ajuste en el pasaje del servicio superficial y del Metro, tomó por sorpresa a miles de ciudadanos que reportaron esperas de hasta dos horas en las paradas.
Los usuarios manifestaron su rechazo a la nueva tarifa, pues el monto casi iguala al salario mínimo mensual (130 bolívares).
Desde el sábado 14 de marzo se conoció el incremento de la tarifa urbana, que pasó de 60 a 100 bolívares ($0,13 a $0,22). El nuevo monto comenzó a cobrarse de forma inmediata y apuró a que fuera publicado en Gaceta Oficial. Por su parte, los sistemas Metro y Metrobús aumentaron sus pasajes a 80 bolívares ($0,17) desde este lunes; mientras que, en rutas suburbanas, la tarifa asciende a 120 o 150 bolívares.
Aunque las denuncias de los usuarios, según el gremio, hace insostenible el servicio con tarifas congeladas frente a una devaluación diaria de la moneda. Jiménez informó que actualmente solo el 70 % de la flota se encuentra operativa, debido a la falta de recursos para mantener los vehículos y pagar repuestos a la tasa de cambio del día.
Delcy Rodríguez aseguró que el paro de transporte que se llevó a cabo el 16 de marzo se planificó desde el exterior. “Todos, todos, sin excepción, van a ser escuchados … nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas. Pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas en el país. Ahí está, hoy hubo un paro”, afirmó.
En un video que fue publicado en redes sociales, el gremio de transportistas explicó que hicieron el llamado a «Hora 0» para exigir que el pasaje -que actualmente está en 60 bolívares- suba a 120 bolívares, algo que, según ellos, les prometió el ministro de Transporte desde hace tiempo y no se les ha cumplido. Por el contrario, en Gaceta autorizó que queda en 100 bolívares.
La vialidad es otra deuda pública con los ciudadanos. La presidenta de la Sociedad de Ingenieros de Transporte y Vialidad, Celia Herrera, advierte que aunque existen problemas de seguridad vial, la solución reside en planes de mantenimiento rutinario de las calles y avenidas y en el fortalecimiento de los sistemas de transporte público.
Para la ingeniera, el caos actual requiere una combinación de inversión técnica, educación ciudadana y el fin de la impunidad en las infracciones de tránsito.
Presos políticos
Al menos 600 presos políticos, entre civiles y militares, permanecen bajo custodia en el país y sin una respuesta del Estado.
La Ley de Amnistía fue aprobada el jueves 19 de febrero por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país suramericano, mientras que ONG y opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, detalló en su cuenta de X que la cifra de excarcelaciones verificadas desde febrero subió a 690. Familiares de reclusos permanecen en vigilia y protesta y exigiendo su libertad plena.
Al menos 120 ONG venezolanas denunciaron que la Ley de Amnistía excluye a un número significativo de presos políticos, carece de mecanismos de verdad y reparación y no garantiza la no repetición de violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones alertan que el artículo 9 de la nueva ley excluye de la amnistía violaciones graves a los derechos humanos y deja la evaluación de esos casos en manos de instituciones cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada.
Asimismo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) explicó que todavía hay “cientos de personas” que están detenidas e hizo énfasis en las “graves violaciones de derechos humanos sufridas durante la detención” que deben ser “reconocidas y reparadas por el Estado” para garantizar “justicia y paz” en el país.
La sociedad civil mantiene su llamado por el cese inmediato de la persecución política y la liberación de todas las personas detenidas injustamente.
A pesar de lo ocurrido el 3 de enero, en Venezuela continúan registrándose detenciones arbitrarias y casos de tortura. Además, aún no se ha difundido una lista oficial de las personas consideradas presos políticos que han sido liberadas, declaró Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde Ginebra.
Las demandas de la población al gobierno de Maduro se han transferido al interinato de Rodríguez sin que se conozcan los plazos para resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos cada día. Aunque después del 3 de enero se anunciaron inversiones para mejorar los servicios, los cortes de electricidad o incluso de agua han ido en aumento y sin respuesta de posibles soluciones. El foco de atención parece no estar en lo social, sino alejado de los ciudadanos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
