🔴🔵 Denuncian red de explotación sexual infantil en el Chocó

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Una grave denuncia sobre explotación sexual infantil en el departamento del Chocó, en Colombia, ha encendido las alarmas de las autoridades y organismos de derechos humanos. De acuerdo con un reportaje de la revista Semana, estructuras criminales vinculadas a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo estarían captando y vendiendo niñas indígenas y afrodescendientes en carreteras de acceso a esa región.

Según el medio colombiano, que cita a una alta fuente militar, la red de trata opera en vías que conectan Medellín y Pereira con Quibdó, especialmente en zonas como Pueblo Rico, Guarato y Yuto. Allí, los delincuentes presuntamente trasladan a menores de edad desde sus comunidades para ofrecerlas a explotadores sexuales, cobrando entre uno y cinco millones de pesos por cada víctima.

La fuente indicó que las niñas, muchas en tránsito hacia la adolescencia, son despojadas de sus territorios bajo amenazas a sus familias, en un contexto de pobreza estructural y control territorial por parte de grupos armados ilegales.

El reportaje también advierte que la situación se agrava por el paro armado indefinido decretado el pasado 17 de marzo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas del Bajo Baudó, lo que ha paralizado actividades esenciales como el transporte, la pesca y la agricultura, afectando a miles de personas.

Casos de explotación sexual

La Defensoría del Pueblo confirmó que esta medida impacta a al menos 16 comunidades afrocolombianas —unas 530 familias— y a nueve comunidades indígenas que agrupan a más de 4.000 personas, profundizando la crisis humanitaria en la región.

El organismo ya había advertido, en una alerta emitida en diciembre pasado, sobre la persistente vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes en múltiples zonas del país, incluido el Chocó. En ese contexto, documentó casos de explotación sexual, trata de menores de entre 10 y 12 años y contagios de infecciones de transmisión sexual producto de violencia sexual.

Asimismo, denunció que personal médico y parteras han sido amenazados por grupos armados cuando intentan atender a las víctimas, e incluso se han reportado asesinatos tras la imposición de pruebas médicas forzadas.

De acuerdo con Semana, las investigaciones militares apuntan a que en estas redes de explotación participan no solo grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, sino también personas cercanas a las víctimas, incluidos familiares y conocidos, lo que complejiza aún más el fenómeno.

Un informe del Cinep-Programa por la Paz, citado por la publicación, detalla cómo estas estructuras se aprovechan de la precariedad económica para captar a menores. En algunos casos, ofrecen dinero o bienes a las familias, mientras consolidan un control total sobre la vida de las niñas, a quienes consideran objetos de explotación.

Altos niveles de pobreza

El documento recoge testimonios que describen prácticas sistemáticas de abuso, confinamiento y control, incluyendo casos en los que decenas de menores eran retenidas en condiciones de vigilancia permanente, sin posibilidad de abandonar el territorio.

El panorama se ve agravado por los altos niveles de pobreza. Según datos del DANE citados por Semana, Quibdó registra una de las tasas de pobreza monetaria más altas de Colombia, lo que incrementa la vulnerabilidad de estas comunidades frente a las redes criminales.

Las autoridades advierten que muchas de las víctimas terminan siendo trasladadas a grandes ciudades, donde continúan siendo explotadas, o regresan a sus comunidades tras sufrir violencia sexual reiterada, en medio de un silencio impuesto por el miedo.

La Defensoría del Pueblo alertó que este contexto está generando graves afectaciones en la salud mental de las mujeres y niñas, sin que existan capacidades institucionales suficientes para atender las consecuencias del conflicto armado en estas poblaciones.

La denuncia, revelada por Semana, expone una de las caras más crudas de la violencia en el Chocó, donde la combinación de pobreza, abandono estatal y control de grupos armados sigue dejando a la población más vulnerable a merced de redes de explotación.

LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973

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