La exdiputada a la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández consideró que la reforma a Ley de Minería, que discute el Parlamento en la actualidad, debe considerar cinco aspectos clave para avanzar en la defensa del medio ambiente, en especial de las cuencas hidrográficas del país, así como recuperar el control del territorio en manos de grupos irregulares a lo largo del Arco Minero del Orinoco.
En una entrevista con El Pitazo, Hernández quien presidió la Comisión de Ambiente del Legislativo que tuvo mayoría opositora, dijo que también debe tomarse en cuenta la Ley Orgánica aprobada por este Parlamento sobre el tema: La Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía.
Hernández contó que esa ley buscaba desmantelar el aparataje del gobierno de Nicolás Maduro en el Arco Minero, que aprobó su gestión en el año 2016, pero que a la postre no se aplicó por la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente y el control del Poder Judicial por parte de Miraflores.
«El que tú puedas hoy tener una nevera prendida con todo y los apagones, un ventilador prendido, para que tú puedas cargar tu teléfono y tu aparato portátil, necesitas electricidad y en Venezuela esa electricidad viene de la fuerza del agua. Si nosotros secamos los ríos, si nosotros desviamos los recursos hídricos, si minamos como se ha minado con el arco minero del Orinoco, con los cauces de los ríos, no hay electricidad», advirtió.
Insistió que una nueva Ley de Minas debe atender el artículo 127 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad del Estado para tener un ambiente sano y la que tienen la ciudadanía en el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad del país, uno de los más importantes pero también frágiles en el mundo.
Estos son los cinco aspectos claves que Hernández dijo debe garantizar el instrumento legal que se aprobó en primera discusión en el Parlamento controlado por el chavismo, pero que del cual no se conoce el proyecto.
1- Respetar el artículo 127 de la Constitución
La Constitución dice sobre este tema lo siguiente: «Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia».
Y agrega que «es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley».
Sin embargo, la aprobación del Arco Minero del Orinoco hace una década fomentó la anarquía en el sector minero, en el intento del chavismo por obtener ganancias de los recursos minerales del país más allá del petróleo. El pasado 24 de febrero, la ONG Provea al cumplirse los 10 años de la creación de este espacio, advirtió sobre las graves consecuencias que ha vivido el sur de Venezuela con este decreto.
«La frontera extractiva se sigue expandiendo en el sur del país, afectando severamente al medioambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones», dijo la organización no gubernamental que llamó la atención sobre el «Plan Oro» anunciado recientemente por el interinato de Delcy Rodríguez.
Hernández dijo que este primer aspecto es fundamental: «Debe hacer que el Estado otorgue las garantías necesarias para que el ambiente sea puro, sano y limpio, porque eso es un derecho humano fundamental y el Estado lo debe garantizar».
2- Respetar la Ley de la Megareserva de Agua
La Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, aprobada en 2018, debe cumplirse como segunda condición.
La ONG SOS Orinoco, cuando se aprobó, dijo que era necesaria hacerla válida: «Esta ley traza una política de largo plazo para la sustitución progresiva de las actividades y usos que perjudican significativamente a los ecosistemas y a las comunidades humanas. Crea Reservas de Biosfera, donde se prevén zonas para el uso sustentable de los recursos naturales, pero también otras zonas para la protección estricta de los ecosistemas. Plantea un reordenamiento territorial que establece una política de sustentabilidad, para todo el Sur de Venezuela», algo que actualmente no ocurre.
«Esa ley se discutió y aprobó en el 2018. No llegó a cumplirse porque el Gobierno venezolano hasta ahora se ha caracterizado por ser anárquico, paralelo a todo lo que es ley, a todo lo que es orden, a todo lo que es estado de derecho, es decir, es un estado criminal», denunció Hernández.
Recordó que el Estado comenzó de forma anárquica a explotar los recursos «al descubrirse una cantidad de minerales, más allá del oro que albergaban esas tierras». Fue cuando «empezó el Estado de una manera anárquica a otorgar desordenadamente, y sin los estudios previos, una cantidad de autorizaciones para la explotación minera, pero además en un propósito paralelo permitió que el corredor del Orinoco fuera a su vez un paso seguro para movimientos irregulares armados que transportaban droga, gasolina y cualquier otra cosa ilegal, incluso trata de personas».
3- Recuperar el control territorial
La exdiputada señala que es urgente la recuperación territorial de esos espacios, cedidos a grupos irregulares colombianos y también nacionales, donde se instalaron formas de vida y supervivencia contrarias a las leyes con anuencia del chavismo.
«Debe extirparse todo grupo anárquico irregular de toda esa zona, debe sacarse de ahí, debe volver el orden a todo el territorio y recuperar el territorio», aseguró.
Reconoce que pese al tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero aún no hay voluntad política para ello, ni de parte de Miraflores ni de la Fuerza Armada Nacional.
«Para nosotros recuperar la soberanía es más que recuperar el poder del voto. Recuperar la soberanía es que el estado de derecho sea para todos en todo nuestro territorio. Significa que nosotros sepamos que podemos ir al Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad y que lo podemos disfrutar bajo ciertas reglas de protección del ecosistema, sin que haya minas alrededor o personas ligadas al crimen a tu alrededor. Significa que nosotros podamos tener control del territorio que hoy no lo tenemos», cuestionó.
Sobre el papel de la Fuerza Armada indicó que debe cumplir con su papel constitucional y sacar a las mafias, los grupos del tráfico de drogas, los de contrabando de combustible y trata de personas para que una Ley de Minas pueda hacerse efectiva.
4- Asegurar el regreso a sus territorios de los pueblos indígenas
Hernández dijo que debe permitirse el regreso a los indígenas desplazados por esos grupos irregulares, por la violencia paraestatal y la misma del Estado. Que tengan la garantía de volver a sus territorios ancentrales como una condición Sine qua non.
«Todos los que son nuestros parques nacionales al sur del Orinoco y de la Amazonía están seriamente comprometidos hoy. Y necesitamos intervenirlos para restaurarlos y hacer que esa riqueza que está allí realmente venga hacia los venezolanos y no me estoy refiriendo a la riqueza bajo tierra, sino a la riqueza del ecosistema», remarcó.
Provea en su informe sobre el Arco Minero destacó que en 10 años provocó «graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana. Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo. Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el Gobierno nacional o local y por instancias paraestatales».
Y no menos importante el asesinato de líderes indígenas defensores de sus territorios por parte de esos mismos grupos paraestatales instalados en la zona.
«El Arco Minero del Orinoco sigue siendo la principal amenaza a los derechos de los pueblos indígenas al sur del Orinoco. Su expansión, a través de la minería ilegal hacia el resto de la Amazonía venezolana, amenaza las formas de vida de las comunidades indígenas y, lo que es peor, la de sus defensores y guardianes», explicó la ONG.
5-Confinar la actividad minera a zonas específicas
Hernández remarcó que aunque bajo el suelo venezolano haya minerales raros, uno de los intereses de Estados Unidos en su competencia con China por acceder a estos recursos, lo prioritario es que la actividad minera no implique -como hasta ahora- riesgos para la contaminación de cuencas hidrográficas.
«Debe confinarse la actividad minera a zonas, previos estudios, para que no comprometan las cuencas hidrográficas y el capital biodiverso que Venezuela tiene. Yo diría que si una ley de minas contempla estos puntos, estamos bien». Y añadió: «es más importante para nosotros que nuestras cuencas hidrográficas tengan agua, tengan árboles alrededor, que la biodiversidad que alberga la Amazonía y el sur del Orinoco se preserve. Esa es nuestra verdadera riqueza».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
