La reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos sigue siendo la asignatura pendiente del Estado. Durante más de una década, el oficialismo no solo improvisó; diseñó y ejecutó un patrón sistemático de represión que abarca desde asesinatos en protestas y ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia. Cada uno de estos crímenes, catalogados como de lesa humanidad, arrastra obligaciones de reparación que el Estado, hasta hoy, simplemente ignora.
Para miles de familias venezolanas los daños que ha generado la violencia estatal va más allá de las cifras o pronunciamientos que puedan emitir los organismos internacionales. En la memoria colectiva del país quedaron marcados momentos de un dolor profundo que demostraron qué tan lejos puede llegar el Estado para silenciar a quienes piensan distinto.
Cada crimen activa deberes de reparación específicos que deben cumplirse de forma integral, tal como exigen las normas internacionales.
En entrevista para Runrun.es, el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado, señala que hablar de reparación no es solo ponerle un monto a la tragedia: es dimensionar la profundidad de una deuda que el Estado ha eludido sistemáticamente desde hace varios años.
¿Cómo se repara una vida arrebatada?
Las cifras de las ONG reflejan un aumento constante de la letalidad en las manifestaciones antigubernamentales. Desde 2014, el uso de armas de fuego, gases lacrimógenos y la fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad, se volvió común.
En una mirada al pasado el conteo de fallecidos resulta demoledor. En el año 2014, en las protestas denominadas como “La Salida”, fallecieron 43 venezolanos. Tres años después, en 2017 murieron entre 121 y 163 víctimas (el año más letal). Durante las protestas de 2019 se registraron 54 asesinatos y, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, al menos 25 ciudadanos más perdieron la vida.
La mayoría de estos casos duermen en gavetas judiciales, tal como lo documentó la investigación periodística El Patrón del Olvido la cual encontró que en al menos 70% de los casos de ejecuciones extrajudiciales en protestas se aplica una estrategia de dilación e impunidad en los procesos judiciales contra policías y militares que cometieron estos crímenes.
Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que para las familias de los asesinados, la reparación empieza por la justicia. “Debe ser un proceso que incluya verdad, justicia y garantías de que esto no volverá a pasar”, afirmó. Además, subrayó el valor de lo simbólico a través de la construcción de museos, escuelas, plazas y monumentos históricos con el nombre de la persona, hechos que, contribuyen y aportan a la construcción de la memoria histórica.
Ejecuciones extrajudiciales: política de Estado
Lejos de ser hechos aislados, las ejecuciones extrajudiciales han sido denunciadas como una política de Estado por distintos organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU.
Organizaciones nacionales como Provea y el Foro Penal estiman que, desde 2015, se han cometido más de 10 000 ejecuciones en operativos como los Operativos para la liberación del Pueblo (OLP), donde eran comunes las denuncias por manipulación de escenas para simular “enfrentamientos”, principalmente con las zonas más populares del país.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU lo dejó claro en varios de los estudios anuales que realizó en el país: “Existen motivos razonables para creer que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostuvo que para reparar los daños de una ejecución extrajudicial se debe reconocer el daño, investigar y, sobre todo, limpiar el nombre de las víctimas. “Para muchas familias, un gesto tan sencillo como que el Estado admita que su pariente no era un delincuente y que no murió en un enfrentamiento tiene un peso emocional que ninguna indemnización económica puede igualar”, aseguró Daniels.
Persecución política: La cacería contra la disidencia
El 28 de julio marcó un antes y un después en la persecución contra la disidencia. Periodistas, dirigentes, sindicalistas y ciudadanos comunes se vieron envueltos en una persecución feroz. Entre detenciones arbitrarias y expedientes fabricados, al menos 100 líderes políticos terminaron en el exilio para salvar su libertad, según datos de La Hora de Venezuela.
Para Martha Tineo, reparar este daño exige devolverle a la víctima las condiciones que tenía antes de ser perseguida (restitución), además de una indemnización por los daños físicos y psicológicos causados.
Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias: el control a través del miedo
Las desapariciones forzadas han dejado de ser “accidentales” para convertirse en una estrategia deliberada de control estatal, Un estudio de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights y la organización venezolana Foro Penal.
Aunque muchas de las desapariciones han sido temporales, hay familias que han denunciado casos donde sus parientes pasaron más de 90 días incomunicados.
Actualmente existen casos como los de Hugo Marino y Alcedo Mora, cuyos paraderos siguen siendo un misterio después de años. O como el de Víctor Hugo Quero, quien desapareció tras ser detenido en enero de 2025. Su madre, Carmen Teres Navas, una adulta mayor, lleva más de cinco meses buscando a su hijo
La reparación en caso de desapariciones forzadas implica, según Alí Daniels, un proceso integral que debe, primeramente, iniciar con la búsqueda de la persona desaparecida, luego con una sanción judicial para los responsables del hecho. Seguidamente, la restitución total de los derechos así como también la implementación de medidas efectivas para una reparación simbólica o económica que incluya también garantías de no repetición.
Según cifras del último balance del Foro Penal, difundido el 11 de marzo, se desconoce el paradero de cinco personas detenidas por motivos políticos.
Por otro lado, las detenciones arbitrarias han dejado un saldo de más de 19 000 personas arrestadas por motivos políticos desde 2014, de las cuales 11000 siguen bajo medidas restrictivas.
Marino Alvarado es enfático y aseguró que la reparación comienza con la libertad inmediata y la restitución de derechos (empleos, bienes, salud mental). “Investigar y sancionar a los responsables de una violación grave es, en esencia, una forma de hacer justicia y reparar el daño”, señaló.
El panorama de las reparaciones por crímenes considerados como de lesa humanidad no refleja la luz al final del túnel. Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el gobierno de Delcy Rodríguez asomó y aprobó la Ley de Amnistía para la “convivencia democrática”. Sin embargo, defensores de derechos humanos ya han puesto la lupa sobre este instrumento porque ignora por completo la reparación a las víctimas asegurando que “no es una herramienta de justicia, sino de olvido”.
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