El nuevo proyecto de Ley de Minas (Ley Orgánica de Minas), que actualmente se discute en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, profundizará el saqueo del oro y la destrucción ambiental en el sur del país al consolidar un entramado legal que permite prácticas opacas, ignora los estudios de impacto ambiental y la participación social, y continúa la violación de derechos humanos en la Amazonía.
Así lo afirmaron este lunes, 23 de marzo, 16 organizaciones (SOSOrinoco, Provea, Clima21, AC Chunikai, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Civilis, Fundación Aguaclara, Fundación ECOVITA, Fundación Hoffmann Salud Integral, Fundación Memoria Colectiva, Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas IVACEA, Movimiento SER, Fundaredes, Laboratorio de Desarrollo Humano, Red de DDHH en Acción y Universidad Autónoma Indígena- Wainjirawa) que analizaron los artículos de la legislación que atentan con perpetuar el ecocidio y la explotación del “oro de sangre” en el país.
No son los únicos. Ya el pasado 19 de marzo, Vladimir Aguilar, abogado especialista en derechos indígenas y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, publicó un artículo de opinión en el que advirtió los riesgos que corren los pueblos indígenas tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la futura sanción de la Ley de Minas.
Para Aguilar, la legislación intenta formalizar la minería informal e ilegal “a través de alianzas estratégicas, empresas mixtas y el papel de la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”. Todo contribuye a “un nuevo relanzamiento del extractivismo, ya no solo hidrocarburífero sino minero”.
“El interés geopolítico global con la venia del Estado venezolano en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros, viene a plantear la continuación del mismo saqueo pero esta vez con orden. La violencia generada por la presencia de actores armados no estatales (sindicatos mineros, grupos irregulares, etc.) que controlan los territorios en disputa, entrarán en una nueva fase de choque con las guardias corporativas de las empresas transnacionales que entrarán a operar en los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos”, señala el texto de Aguilar.
De acuerdo con el grupo de organizaciones, esta nueva legislación desconoce la Constitución y el marco legal vigente, tal como lo han hecho “normas lesivas —como la Ley Antibloqueo— que han profundizado la devastación ambiental y social del país”.
Lo que preocupa de la Ley de Minas:
El artículo 8 de la normativa introduce el término “Desarrollo Minero Ecológico”, nombre con el que se designa en Venezuela al Ministerio de Minas desde 2016. El grupo rechaza el concepto porque considera que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” que propone una falacia: la sostenibilidad de un extractivismo que, en la realidad, solo esconde la devastación de ríos y de la biodiversidad.
Los artículos 4, 10, 11 y 17 de la Ley de Minas, afirman las organizaciones, permiten que el Ejecutivo Nacional actúe con discrecionalidad y criterios de confidencialidad al momento de otorgar títulos y regular y fiscalizar las actividades de explotación, exploración y comercialización de “minerales estratégicos”. La propuesta solo incrementará la opacidad e impedirá que la ciudadanía participe y se informe sobre cada proyecto.
También se denuncia que el tema ambiental solo se aborda “de forma declarativa”. Los estudios de impacto ambiental no se establecen como un requisito obligatorio para otorgar concesiones. Tampoco existe un enfoque que prevenga el daño “y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos”.
Sumado a ello, la Ley de Minas “tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”. Ni propone medidas que contribuyan a mitigar emisiones.
Si bien la legislación excluye a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales de las zonas permitidas para establecer concesiones mineras, esto no ocurre con otros espacios que requieren la misma protección como reservas de biósfera, zonas protectoras y reservas forestales.
La Ley de Minas pasa por encima de los derechos indígenas al ignorar la obligatoria demarcación de territorio de estos pueblos, que lleva décadas de retraso, y no mencionar el “consentimiento libre, previo e informado” que deben tener las comunidades sobre los proyectos mineros.
Los artículos 13 y 14 establecen la creación del “Resguardo Nacional Minero“, que controlará la Guardia Nacional Bolivariana, y “formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas”, que se ha asociado a la “violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”.
Lo que se debe incluir:
Para las organizaciones es clave que la ley de Minas tenga “mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos” que están dentro de la normativa. También exigen que se haga “explícita” la obligación –incluida en la Constitución– de hacer “Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en todos los proyectos de explotación minera”.
Sostienen que se deben incluir “mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental” para que haya una verdadera gestión de los recursos naturales acorde con los más altos “estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos”. En este sentido, apuestan por un marco legal que controle la seguridad industrial y laboral, que cuente con inspecciones públicas y abiertas, mantenga a raya la contaminación por residuos y contemple la remediación y mitigación ambiental.
El grupo propone que se incorporen a la ley medidas para orientar actividades mineras que respeten los derechos humanos. Esto se traduce en normas que “garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación”.
Finalmente, insisten en que la Ley de Minas solo debe incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas determinadas por la Constitución y las Leyes. Todo sea para garantizar los derechos humanos, sobre todos los de comunidades tan vulnerables como las indígenas.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
