Ante la falta del aumento de sueldos justos y la ausencia de respuestas por parte del Gobierno venezolano, los trabajadores públicos, jubilados y pensionados salieron una vez más a las calles del país a exigir reivindicaciones salariales, pues aseguran que viven en pobreza extrema.
«Estoy en pobreza extrema porque jubilarse en este país es pasar a una condición de indigencia. Vivo de las remesas de mis hijos y nunca imaginé estar así porque antes uno podía comprarse hasta un carro con lo que uno cobraba, ahora ni para un electrodoméstico», precisó Naucela Gudiño, jubilada del sector salud.
En distintas regiones del país lograron llegar hasta las inspectorías del trabajo, pero en el caso de Caracas el panorama fue distinto debido a que funcionarios policiales no permitieron que los manifestantes llegaran hasta el Ministerio del Trabajo. Desviaron la movilización y solo pudieron marchar hasta la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en donde finalizaron la actividad.
«Estamos en la calle por un salario digno«, fue la consigna que acompañó a los manifestantes este lunes, 23 de marzo. Las pancartas también eran protagonistas de la movilización, pero grupos de motorizados arrancaron estos carteles para sabotear la actividad, según denunciaron los dirigentes gremiales, quienes además precisaron que se trataba de colectivos.
«Nos robaron las pancartas y lo denunciamos de manera verbal ante la Fiscalía. Hoy nos trataron como unos ciudadanos de segunda y no nos permitieron ejercer nuestro derecho a una protesta. Intentan generar miedo, pero vamos a seguir insistiendo porque Venezuela tiene que volver a ser un país democrático y necesita urgente una transición política», indicó Ana Rosario Contreras, representante del Colegio de Enfermeras de Caracas.
Contreras aseguró que en la movilización del pasado 12 de marzo se movilizaron más de 30.000 trabajadores en todo el territorio nacional y esto generó incomodidad en las autoridades del Gobierno, pues observaron a todos los gremios organizados.
«Como vieron que nos estábamos organizando pensaron que con pagar a grupos violentos como hicieron hoy, nos van a hacer retroceder, pero lo que podemos decirle es que viene un abril movilizado y un 1 de mayo contundente», sentenció.
Ana Yanez, miembro del Comité Nacional de Conflicto, también rechazó las trabas para movilizarse hasta el Ministerio del Trabajo. Hizo un llamado a Delcy Rodríguez a detener la violencia en contra de la clase trabajadora.
Los dirigentes gremiales están a la espera de que los llamen de la Asamblea Nacional para la reprogramación de la reunión que estaba prevista para el 18 de marzo y se suspendió. De no ser llamados, aseguran que realizarán nuevamente una visita a la sede del Parlamento venezolano para obtener respuestas.
“Bono no es salario”
En San Cristóbal, estado Táchira, los empleados públicos rechazaron el incremento del bono realizado recientemente. Evencio Zenon, líder sindical del sector educativo, aseguró que: “el bono no es salario”, por lo que aún esperan el ajuste de los ingresos formales de todo los trabajadores.
Reiteró que los bonos no tienen incidencia en las vacaciones ni prestaciones sociales, por lo que el aumento de 120 a 150 dólares no representa ningún beneficio a largo plazo.
El próximo 25 de marzo marcharán hasta la Defensoría del Pueblo a pedir mejoras en los sueldos, pensiones y jubilaciones.
En Maturín, estado Monagas, la manifestación se realizó a las afueras de la Inspectoría del Trabajo donde los voceros fueron la secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros en la región, Odalis Level; y el presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Educación, Carlos Núñez.
Los dos exigieron una respuesta del organismo sobre el pliego que introdujeron el pasado 26 de febrero en demanda de un ajuste salarial que corresponda con la realidad económica del país.
“Estamos aquí en busca de una respuesta a un pliego de reclamos que se introdujo el pasado 26 de febrero cuando se exigía el mejoramiento salarial de todos los trabajadores activos y jubilados porque con los salarios que ahorita estamos dependiendo de un bono que no llega a ninguna parte”, dijo Núñez
Mientras que Level destacó que tienen unas peticiones a la Comisión Tripartita, la cual tenía previsto reunirse este lunes. Solicitan que el salario y la pensión sean igual a la cesta básica, que los bonos se incorporen al salario, la discusión de la contratación colectiva, pago de prestaciones sociales y derogar el instructivo Onapre, así como la activación del HCM y servicios funerarios.
«No nos van a chantajear»
En el estado Bolívar trabajadores universitarios encabezaron la marcha que salió desde el paseo Rotario y llegó hasta la sede del Ministerio del Trabajo. Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), resaltó que el salario actual de un profesor titular está por debajo de 600 bolívares al mes, es decir, menos de 2 dólares.
“La realidad de los trabajadores universitarios es crítica, al igual que en otros sectores. No nos van a chantajear diciéndonos que no hay recursos, porque estamos montados sobre una montaña de oro y las reservas más grandes de petróleo y gas del mundo. Además, se robaron 23.000 mil millones de dólares. Con eso podrían haber pagado nuestras deudas”, señaló Brito.
Una vez que llegaron a la sede del ministerio, los manifestantes entregaron un documento con sus peticiones. La marcha transcurrió sin contratiempos y sin presencia de agentes uniformados. Sin embargo, los trabajadores alertaron que en la actividad había algunos oficiales infiltrados y vestidos de civil grabando las declaraciones y tomando fotografías a los participantes.
En Vargas, los representantes del Frente Intersindical protagonizaron una marcha en la parroquia La Guaira, como medida de protesta para exigir respuestas a sus demandas laborales. La movilización también congregó a docentes, jubilados, empleados públicos, trabajadores del sector salud y profesores universitarios, quienes recorrieron la avenida Soublette desde el sector El Cardonal hasta Guanape, donde se encuentra la sede principal de la Inspectoría del Trabajo.
La actividad transcurrió de forma pacífica, pero con consignas firmes en rechazo a la situación salarial que enfrentan los trabajadores.
Los manifestantes explicaron que el objetivo principal de la jornada fue reiterar la solicitud de atención al pliego petitorio introducido el pasado mes de febrero, el cual, aseguran, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades competentes. Durante el recorrido, voceros de los distintos sectores insistieron en la urgencia de establecer mecanismos de diálogo efectivos que permitan abordar la progresiva pérdida del poder adquisitivo, así como las condiciones laborales que califican de “críticas”.
Mercedes Aponte, docente, abogada y directiva del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Vargas (Sitravargas), señaló que, además del incremento de sueldos y salarios, uno de los principales reclamos es la derogación de las normativas aplicadas por la Onapre. A su juicio, estas medidas han incidido directamente en la precarización de los ingresos del sector público.
«Esto es lo que ha llevado a que los sueldos estén actualmente por el suelo”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso del gremio en mantener acciones de calle hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias.
No reciben pliego de exigencias
En el estado Falcón los trabajadores petroleros señalaron los incumplimientos de la Inspectoría de Trabajo en Punto Fijo.
“Denunciamos ante el país que la Inspectoría del Trabajo de Punto Fijo, bajo la responsabilidad de la inspectora Damaris Alemán, se negó a recibir el pliego de exigencias presentado como parte de una jornada nacional en todas las inspectorías”, dijo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos, Iván Freites.
Detalló que en esa oficina niegan los reclamos de los trabajadores, bloquean las conciliaciones y vulneran los derechos laborales. «Esta conducta constituye un abuso de autoridad y un incumplimiento de funciones públicas. En los próximos días se introducirán acciones legales contra esta funcionaria», anunció.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
