La designación de nuevas autoridades en el sistema de justicia venezolano ha encendido alertas dentro y fuera del país. En este contexto, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó a que el proceso se lleve a cabo con apego a principios de transparencia, legalidad y evaluación objetiva.
El pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional avanza en la selección del nuevo fiscal general y del defensor del pueblo, tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero, figuras asociadas al oficialismo. Estas vacantes han colocado el foco sobre los mecanismos de elección y su impacto en el equilibrio institucional.
A través de sus redes sociales, Satterthwaite enfatizó la importancia de estos cargos y calificó como “crucial” su papel en la protección de derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado de derecho. En esa línea, pidió a las autoridades venezolanas garantizar un proceso ajustado a estándares internacionales.
Denuncian falta de transparencia
Mientras se desarrollan las evaluaciones, el Parlamento venezolano decidió otorgar una prórroga de 48 horas al Comité de Postulaciones para continuar revisando expedientes. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, admitió que alcanzar consensos ha resultado complejo, aunque señaló que “casi 60 aspirantes cumplen los requisitos”
En paralelo, organizaciones no gubernamentales han cuestionado la falta de apertura del proceso. Según advirtieron en un comunicado, la ausencia de participación de sectores independientes dentro del Comité compromete su equilibrio, ya que “anula la pluralidad e independencia del proceso y puede abrir la puerta a designaciones basadas en lealtades políticas más que en méritos profesionales”.
Las críticas también apuntan a la escasa información oficial disponible. Aunque se publicó una lista con más de 130 aspirantes, no se han divulgado ni las reglas del proceso ni los parámetros de evaluación, lo que, a juicio de estas organizaciones, limita la vigilancia pública y debilita la credibilidad de las futuras designaciones.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
