En un paso orientado a reformar el funcionamiento de la administración pública, la Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley destinada a simplificar los procesos y requisitos exigidos por las instituciones del Estado.
La normativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió el respaldo unánime del Parlamento y fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que deberá pronunciarse sobre su carácter orgánico antes de su implementación.
El instrumento legal establece un conjunto de medidas para optimizar la gestión pública, incluyendo la eliminación de trámites considerados innecesarios, la digitalización de procesos y la estandarización de procedimientos entre organismos estatales. Su objetivo central es mejorar la eficiencia institucional y reducir los tiempos de respuesta para los ciudadanos.
Uno de los puntos clave de la ley es la facultad que se otorga a la presidencia ejecutiva para intervenir directamente en los procesos administrativos, pudiendo ajustar, reducir o eliminar requisitos que sean considerados redundantes o poco efectivos.
Asimismo, se prevé la creación de una comisión nacional encargada de evaluar de manera continua los procedimientos del Estado y proponer cambios que permitan hacerlos más ágiles. Este órgano estará integrado por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo.
Reforma busca simplificar trámites
Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que la iniciativa integrada por 12 artículos busca atender una de las principales quejas de la población en su relación con las instituciones públicas. En ese sentido, afirmó que la ley aspira a que “sirva y contribuya para acabar con el viacrucis” que, a su juicio, enfrentan los ciudadanos al realizar gestiones administrativas.
La aprobación de esta normativa forma parte de una agenda más amplia de reformas impulsadas por el gobierno desde comienzos de año, orientadas a reconfigurar el entorno económico del país. Entre ellas destacan cambios en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, con el objetivo de facilitar la inversión privada y extranjera.
En ese contexto, autoridades estadounidenses han manifestado interés en estas iniciativas. Durante una reciente visita a Caracas, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, expresó su respaldo a la reducción de cargas burocráticas como un mecanismo para incentivar la llegada de capital internacional.
Durante la sesión legislativa de este jueves, el Parlamento también avanzó en el segundo debate de una reforma a la Ley de Minas, que apunta a ampliar la participación de inversionistas extranjeros en el desarrollo del sector, en línea con la estrategia económica planteada por el gobierno.
Con información de Efe.
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