El pasado domingo, 22 de marzo, se cumplieron cuatro años de la imposición del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que l dejó de ser un simple documento administrativo para convertirse en el símbolo de la precarización de los ingresos de trabajadores públicos en Venezuela.
A través de una aplicación sistemática de recortes en primas y beneficios, este instrumento logró lo que años de inflación no había terminado de concretar: el aplanamiento de las tablas salariales y la pulverización del mérito profesional.
Desde su implementación, el instructivo se convirtió en el epicentro de un conflicto institucional sin precedentes, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo llegó a declarar “inexistente”, aunque en la práctica se sigue aplicando y desgastando cada vez más el ingreso de los trabajadores públicos del país.
El pasado 22 de marzo se cumplieron cuatro años de la imposición del llamado Instructivo ONAPRE.
Oficialmente se conoce como el «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas».
Esta… pic.twitter.com/F7f1QtE8r8
— PROVEA (@_Provea) March 25, 2026
El Memorándum 2792 de 2018
De acuerdo con una nota publicada por la ONG Provea, el camino hacia el actual instructivo se inició en agosto de 2018, cuando el ejecutivo nacional presentó el «Programa de Recuperación económica, crecimiento y prosperidad», que incluyó una reconversión monetaria y el aumento del salario mínimo a 1800 bolívares. Como consecuencia directa, el 11 de octubre de 2018 se publicó el Memorándum 2792, el antecedente inmediato de las medidas de la Onapre.
Este memorándum facultó a la administración pública para revisar las escalas salariales pactadas en convenciones colectivas previas, bajo la premisa de que el nuevo salario mínimo ya garantizaba la progresividad del ingreso. Dirigentes sindicales tildaron esta medida como «las tablas del hambre», denunciando que borraba años de luchas laborales. La resistencia de los trabajadores en ese momento resultó en la detención del sindicalista Rubén González y otros 15 líderes en Guayana.
Marzo de 2022: La implementación del instructivo
El conflicto escaló nuevamente en marzo de 2022. Tras la publicación en Gaceta Oficial de un nuevo aumento del salario mínimo el 16 de marzo, la Onapre aprobó el instructivo denominado «Proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas».
Esta normativa modificó las interescalas de los tabuladores salariales del sector público, lo que provocó un «aplanamiento» de los sueldos y el desconocimiento de beneficios socioeconómicos previamente conquistados.
El impacto fue severo; por ejemplo, en el sector universitario, los profesores pasaron a percibir un salario mensual un 39% menor al que les correspondía según su escalafón y contrato colectivo. Voceros sindicales denunciaron que este esquema se apropiaba de entre un 40% y un 70% de los salarios y prestaciones de los trabajadores.
La ola de protestas de 2022
Durante el primer semestre del año 2022, la indignación por el instructivo se convirtió en el principal motor de la protesta social en Venezuela. Se registraron 3982 manifestaciones en todo el país, de las cuales 1642 estuvieron vinculadas directamente con reclamos laborales.
Para agosto de ese mismo año, la situación alcanzó un punto crítico con movilizaciones masivas en Caracas y las principales ciudades del país. Este escenario resultó inédito, pues logró unir en una misma demanda a sectores políticos históricamente enfrentados, todos exigiendo la derogación del instructivo por considerarlo violatorio de la Constitución Nacional y de la progresividad de los derechos laborales.
Cuatro años después la protesta sigue
A cuatro años de la implementación del instructivo, el descontento no se ha diluido en la resignación. Por el contrario, la articulación gremial ha mutado en una coalición de supervivencia. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, resume el sentimiento de un sector salud que se niega a aceptar la “inexistencia” jurídica de su verdugo financiero.
“Hoy nos encontramos aquí las fuerzas vivas de los trabajadores: gremios profesionales, sindicatos y ONG, junto a una base trabajadora que ha comprendido que la realidad actual es de extrema pobreza. Enfrentamos a un Estado-patrono que vulnera sistemáticamente los derechos legítimos consagrados en nuestra Constitución”, señaló Conteras desde una protesta realizada esta semana en Caracas.
Colegio de enfermeras de Caracas, exige la eliminación del instructivo ONAPRE. Reduce entre 40% y 70% sus salarios y prestaciones. Viola convenciones colectivas, desmejoras salariales, exigen ingreso digno. Mantendremos la protesta activa ante el incumplimiento@LaTvCalle pic.twitter.com/xOYTB0VFpq
— rcalcina1944 (@ROSINACALCINA3) February 26, 2026
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