La diputada a la Asamblea Nacional, Nora Bracho, se ha trazado la meta de que cada uno de las 11.432 solicitudes válidas que se han recibido para solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, tengan una rápida y satisfactoria resolución.
La vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía y figura clave del partido Un Nuevo Tiempo participó junto a Luis Ernesto Blanco en la más reciente edición de Espacio Runrunes y la conversación sirvió para actualizar el tablero de libertad de los presos políticos.
Más allá de las estadísticas
La diputada Bracho presentó un balance detallado que busca dar rostro humano a las cifras oficiales y trató de desglosar los números y precisar el impacto que ha tenido la ley hasta ahora. Aunque a veces los números se le enredan, la diputada puso el acento en aquellos que se encontraban en centros de reclusión al momento de la aprobación de la ley y que recibieron libertad plena.
Al momento de realizar la entrevista, la Comisión de seguimiento daba cuenta de 13.716 solicitudes recibidas, 11.432 válidas, 302 liberados, 7782 beneficiados que estaban con medidas cautelares y 32 militares.
Para Bracho, este volumen de casos evidencia cómo el Poder Judicial se utilizó durante años como un “brazo de persecución de la disidencia”. Sin embargo, enfatizó que la labor de su comisión no termina con la ley y que están en una segunda fase para buscarle una salida a todos esos casos que no están incluidos en la ley. Esto incluye, por ejemplo, a trabajadores de sectores públicos como PDVSA, Corpoelec o el SAIME, cuyos casos a menudo tienen trasfondos políticos enmascarados como delitos comunes.
“Sabemos que no es una ley perfecta, pero es una ley que nos está sirviendo para sacar a los presos políticos y para que retornen los exiliados. Por supuesto que no estamos completamente satisfechos pero entendamos el momento político e histórico que estamos viviendo”.
El camino a la reparación
Un aspecto fundamental abordado fue la reparación de las víctimas. La diputada recordó que El 95% de quienes atienden a los presos son mujeres, quienes sufren vejaciones y maltratos durante las requisas carcelarias. También insistió en que la amnistía extingue la responsabilidad penal, lo que permite a los afectados iniciar acciones civiles para recuperar bienes confiscados.
“Al extinguirse el supuesto delito mediante la amnistía, los afectados tienen el derecho jurídico de exigir la restitución de sus haberes por vía civil, ya que “lo accesorio acompaña a lo principal”. No obstante, reconoció que la ley actual no contempla todos los estándares internacionales de resarcimiento, una deuda que queda pendiente para futuras reformas.
Sin embargo, subrayó que la amnistía es solo el comienzo de una necesaria reinstitucionalización. Bracho abogó por la derogación de instrumentos que considera pilares de la persecución política, como la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar, afirmando que en democracia no es concebible que se persiga a alguien por un comentario en redes sociales.
El desafío del Grupo Parlamentario Libertad
Bracho describió la compleja realidad de legislar desde la minoría. Con apenas 12 diputados frente a 285 oficialistas, la bancada opositora se define como una voz de disidencia necesaria en un foro que antes era unánime. Denunció prácticas obstructivas, como la entrega tardía de proyectos de ley, lo que dificulta una discusión profunda en temas sensibles como la Ley de Hidrocarburos o la designación del Fiscal General y el Defensor del Pueblo.
“Los poderes no pueden seguir partidizados… tienen que obedecer a la eficiencia, a la honorabilidad, a la eficacia y a la cero tolerancia ante la corrupción”.
La diputada también reconoció que existe una desconexión actual con el sector que representan María Corina Machado y Edmundo González, señalando que “no hay un reconocimiento para nosotros por parte de algunos compañeros”. A pesar de esto, extendió un puente hacia la coalición opositora, recordando que todos han compartido décadas de lucha, persecución y sacrificios.
La diputada concluyó con un llamado a la valentía ciudadana para denunciar atropellos, asegurando que Venezuela ha entrado en una etapa de estabilización que debe conducir, irremediablemente, a una transición democrática con elecciones transparentes.
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