Con la próxima designación de un nuevo fiscal general y un nuevo defensor del Pueblo, Venezuela se encuentra ante la oportunidad de rescatar la credibilidad de sus órganos de control tras años de opacidad y cuestionamientos internacionales. Ante esos nombramientos, las relatoras especiales de la ONU, Margaret Satterthwaite y Mary Lawlor, recordaron que este proceso es una prueba de fuego para el Estado de derecho.
Las expertas señalaron, en un comunicado publicado este 26 de marzo, que las designaciones deben basarse obligatoriamente en el mérito y la integridad. “Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos… la Asamblea Nacional y todos los actores relacionados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo con las normas aplicables”.
Asimismo, lamentaron que nombramientos previos para estos roles se hayan realizado “al margen de los procedimientos establecidos constitucionalmente y en contravención de las normas mínimas de mérito, transparencia, independencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”, al nombrar una y otra vez a las mismas personas.
En ese sentido, indicaron que como medida mínima de higiene institucional, “ninguna persona contra la que existan acusaciones creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos… debería ser preseleccionada ni designada hasta que se lleve a cabo una investigación independiente”
Para las relatoras de la ONU, el objetivo final es el nombramiento de personas cuyo “compromiso sea reconocido por toda la sociedad venezolana”, siendo este el “primer paso para reconstruir la confianza y establecer un sistema de justicia independiente”.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 24 de marzo una prórroga de 48 horas para el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas han manifestado su preocupación ante el manejo del proceso y piden permitir la participación ciudadana en el mismo.
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