Táchira.- Comisiones policiales detuvieron a Ricardo Albacete en julio de 2024, tras hospedar en su vivienda a María Corina Machado durante su gira por la entidad. Luego de su aprehensión y de recibir una medida cautelar de arresto domiciliario, el Estado lo deportó a España por poseer esa nacionalidad. Albacete solicitó acogerse a la Ley de Amnistía, pero el beneficio le fue negado.
El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, informó que el pasado 19 de marzo fue rechazada la solicitud realizada por el equipo legal de Albacete en Venezuela. Además, indicó que para el 26 de marzo se tuvo conocimiento de la comercialización de una máquina picadora de piedra, la cual fue confiscada de un galpón en San Cristóbal.
Márquez denunció que grupos armados, presuntamente pertenecientes a cuerpos policiales, desvalijaron las propiedades de Albacete. Los sujetos desmantelaron por completo su vivienda y la empresa Guarimetal.
Según Márquez, la negativa de amnistía constituye una violación de derechos humanos. «Es un hecho insólito: el propio Gobierno lo expulsa, a pesar de que la Constitución, en su artículo 50, prohíbe el extrañamiento o deportación forzosa de un venezolano. Al sacarlo del país forzosamente, sometieron sus bienes a un saqueo sistemático», indicó el también exdiputado de la Asamblea Nacional.
Discrecionalidad en la amnistía
Walter Márquez recordó que todas las leyes de amnistía en Venezuela han sido de aplicación inmediata y no han quedado a discrecionalidad de los jueces. En el caso de Albacete, la negativa representa que deberá permanecer en España, sin posibilidad de regresar a Venezuela para atender personalmente la situación de sus propiedades.
Asimismo, informó que en los últimos días los tribunales negaron las solicitudes de amnistía de los tachirenses Javier Tarazona y Jackson Vera. «Es una ley chucuta, hecha a su medida. Olvidan que, mediante un indulto bajo la figura del sobreseimiento, Chávez pudo salir de la cárcel y hacer política. El chavismo existe por el sobreseimiento de Caldera», aseveró.
Finalmente, instó al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, a intervenir ante el desmantelamiento de la vivienda y la empresa de Albacete, cuyos responsables fueron calificados por Márquez como «bandidos y asaltantes bajo la figura de la Policía Nacional Bolivariana».
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
