En política, como en las casas viejas, hay objetos que nadie usa pero nadie se atreve a botar. Se acumulan por pudor, por nostalgia o por simple cobardía. La oposición venezolana exhibe tres con particular esmero: la Asamblea Nacional de 2015, el TSJ en el exilio y la presidencia de Edmundo González. Tres piezas que alguna vez se presentaron como instrumentos de poder y hoy no son más que jarrones chinos: intactos en apariencia, inútiles en la práctica.
Durante años, estas instancias sirvieron para sostener una ficción: la de una legitimidad paralela capaz de desplazar al chavismo. Pero la política —esa disciplina poco indulgente— no premia las ficciones prolongadas. Las archiva.
El punto de quiebre no ocurrió en Caracas, sino en Washington. Porque en este juego, el reconocimiento no se declama: se otorga. Y Estados Unidos ya decidió a quién otorgárselo. En marzo de 2026 formalizó el reconocimiento de Delcy Rodríguez como única jefa de Estado de Venezuela, con capacidad plena para actuar en nombre de la República.
Ese acto, administrativo en la forma pero demoledor en el fondo, reconfigura todo el tablero. Implica control sobre activos, representación legal y, sobre todo, el fin del espejismo que durante años sostuvo a la oposición institucional en el exilio.
Lo demás es consecuencia.
La Asamblea Nacional de 2015 quedó reducida a una reliquia sin funciones. No legisla, no representa, no decide. Su existencia es más conmemorativa que política.
El TSJ en el exilio confirma una verdad incómoda: la justicia sin poder coercitivo es apenas retórica togada. Sentencias sin ejecución son, en el mejor de los casos, ejercicios de estilo.
Y la llamada presidencia de Edmundo González —esa figura que pretendió sintetizar consensos imposibles— se ha disuelto en el silencio. Sin reconocimiento internacional, sin estructura de poder, sin respaldo real. Ni siquiera dentro de la propia oposición se le toma en serio.
Lo más elocuente, sin embargo, no es su irrelevancia externa, sino su abandono interno.
María Corina Machado, hoy epicentro indiscutible del discurso opositor, ignora olímpicamente estas instancias. No las menciona, no las articula, no las incorpora a su estrategia. Ha optado por otro camino: exigir nuevas elecciones que le permitan ser candidata, aun si eso implica pasarle por encima —sin demasiadas ceremonias— a la figura de González.
Es una apuesta personal, no institucional. Y en esa apuesta, estos “jarrones” no solo sobran: estorban.
La oposición, mientras tanto, sigue atrapada en su bucle favorito: negociación-elección-negociación. Un circuito que no produce poder, pero sí expectativas recicladas.
Por eso el problema ya no es si estas estructuras funcionan o no. Es que se han convertido en un peso muerto. Un lastre político que impide cualquier redefinición seria de estrategia.
Ponerles punto final no debería entenderse como un gesto ingenuo —nadie sensato cree que el régimen responderá con elecciones limpias por cortesía— sino como un acto de higiene política. Desprenderse de lo inútil para, al menos, intentar pensar lo necesario.
Porque la oposición venezolana enfrenta una disyuntiva elemental: seguir administrando símbolos vacíos o comenzar, por fin, a construir poder real.
Lo primero garantiza continuidad.
Lo segundo, al menos, abre la posibilidad de futuro.
Y a estas alturas, ya no está tan claro que ambas cosas puedan coexistir.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
