La congresista republicana María Elvira Salazar pidió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, reanudar los trámites de ciudadanía y ceremonias de naturalización para solicitantes venezolanos y cubanos, manteniendo rigurosos controles de seguridad.
En la carta enviada a Mullin el 31 de marzo, la congresista plantea tres acciones concretas: reactivar el procesamiento de beneficios migratorios y naturalizaciones, preservar los filtros de seguridad reforzados y retomar de inmediato las ceremonias de naturalización que han sido suspendidas.
Solo en el sur de la Florida, una de las regiones con mayor volumen de casos en todo el país, decenas de miles de solicitantes, muchos de ellos venezolanos y cubanos, “permanecen en un limbo migratorio” sin poder completar su proceso ni jurar como ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con una nota de prensa del sitio oficial de la congresista María Elvira Salazar.
“Se trata de personas que huyeron de la persecución y la violencia, cumplieron con la ley y ya pasaron todos los controles de seguridad”, afirmó la congresista. “Han ganado el derecho a convertirse en ciudadanos, y podemos garantizar la seguridad sin retrasar ese proceso. Con el 250 aniversario de nuestra nación acercándose, no hay mejor manera de honrar nuestros valores que dando la bienvenida a nuevos ciudadanos”.
Salazar subrayó que los afectados son residentes permanentes legales que ya cumplen con todos los requisitos, y que no deberían enfrentar demoras innecesarias por razones administrativas.
Pidió también protección para venezolanos con TPS
El pasado 25 de marzo, María Elvira Salazar también firmó una petición que forzaría al Congreso a votar la Ley de TPS para Venezuela de 2025. Esta iniciativa busca proteger a venezolanos en suelo estadounidense de la deportación y brindarles estabilidad temporal mientras su país aún no es seguro.
Aunque Venezuela inició un proceso de cambio tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Salazar recordó que la seguridad de los ciudadanos en EE. UU. no podía depender de una estabilidad que aún es frágil. El proyecto de ley, que ella presentó originalmente en mayo de 2025 junto a los congresistas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, ya establecía desde entonces la urgencia de otorgar 18 meses de estatus legal y permiso de trabajo.
“Mientras eso no cambie de forma clara, debemos mantener nuestro compromiso con quienes ya cuentan con TPS, incluyendo procesos rigurosos de verificación. Esta acción se trata de hacer lo correcto: impulsar al Congreso a actuar y estar del lado de quienes huyeron de la represión”, señaló Salazar en una nota de prensa.
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