La magistrada Elsa Gómez, desde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anuló la posibilidad de que cerca de 20 personas detenidas o condenadas en casos vinculados a Antonio “El Potro” Álvarez recibieran medidas cautelares o fueran excarceladas.
A estos ciudadanos también se les ha negado el acceso a la ley de amnistía, bajo el argumento de que no están acusados de delitos políticos.
La decisión frenó un proceso que, según fuentes judiciales, ya estaba en marcha. Días antes de Semana Santa, la presidencia del Circuito Penal de Caracas, encabezada por Carolina Molinero, había solicitado a distintos tribunales el envío de expedientes relacionados con detenidos por denuncias impulsadas por Álvarez, con actuaciones de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bajo el mando del comisario Leonardo Márquez.
La intención, de acuerdo con la información recabada, era evaluar la concesión de medidas cautelares. De hecho, el 28 de marzo se habrían emitido boletas de excarcelación a favor de algunos de los detenidos. Sin embargo, la decisión final quedó en manos de la Sala Penal del TSJ, que terminó por bloquear las liberaciones.
Un caso emblemático
Para entender el alcance de estos procesos, El Pitazo conversó con el abogado Javier Pérez, representante legal de Karl Díaz, un propietario de caballos con más de dos décadas en el hipismo nacional.
Díaz lleva cuatro años detenido. Su caso, según su defensa, se originó por una deuda de apuestas, un hecho que —sostiene Pérez— no constituye delito penal en la legislación venezolana. No obstante, terminó con una detención, un juicio y una condena ratificada por el TSJ en decisiones previas.
El abogado califica estos expedientes como “un desastre judicial” y asegura que su defendido es víctima del uso del poder por parte de Álvarez en su condición de funcionario público.
Sin excarcelación y sin amnistía
Pérez también informó que solicitó la aplicación de la ley de amnistía para su cliente, pero fue negada por los tribunales bajo el argumento de que los hechos no califican como delitos políticos.
Esto deja a los detenidos en un limbo jurídico: no son reconocidos como presos políticos, pero sus abogados insisten en que tampoco deberían estar privados de libertad.
La decisión de la magistrada Elsa Gómez no sorprendió a las defensas. Fuentes consultadas la señalan como cercana al entorno de poder que rodea a Álvarez. Además, mencionan vínculos con figuras como Cilia Flores, lo que, a juicio de los abogados, refuerza la percepción de falta de independencia en el caso.
Las preguntas abiertas
Mientras las excarcelaciones fueron frenadas y las solicitudes de amnistía rechazadas, surge una interrogante central entre familiares, abogados y detenidos: ¿Por qué estos casos no son revisados a fondo, pese a las denuncias de irregularidades?
Y otra aún más sensible: ¿Cómo es posible que Antonio “El Potro” Álvarez continúe en libertad, pese a señalamientos sobre presuntas irregularidades, mientras personas vinculadas a su entorno, como directivos de la Corporación El Inmejorable, permanecen detenidas y bajo investigación?
Las respuestas, por ahora, siguen sin aparecer en los tribunales.
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Una publicación compartida de César Ramón Batiz Cermeño (@cesarbatiz)
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