Caracas.- El El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) envió recientemente una carta abierta dirigida al fiscal de la República, Larry Davoe y a la defensora del Pueblo, Eglée González, quienes fueron designados en su cargo por la Asamblea Nacional (AN) en medio de denuncias de falta de transparencia durante el proceso.
En el documento, se le reitera a ambos funcionarios la obligación que tienen de «proteger la libertad de expresión y el derecho a la información», al tiempo que se recordó que, el 9 de abril, el mismo día que ambos fueron juramentados «funcionarios policiales agredieron a diez reporteros» y a ciudadanos que protestaban para exigir mejoras salariales.
En ese sentido, se les pide no aceptar lo sucedido, ya que desde su perspectiva, estos hechos «no son incidentes aislados, pues corresponden a un patrón de agresión física ampliamente documentado» por la organización «como parte de una política sistemática de hostigamiento a la prensa independiente».
«instamos a: Repudiar públicamente las agresiones sufridas por los diez trabajadores y trabajadoras de la prensa el pasado 9 de abril de 2026», pues tanto la ciudadanía, como la comunidad internacional esperan que ambos funcionarios «actúen con independencia, autonomía y estricto apego a la Constitución», agrega.
La organización recordó a Davoe que «la impunidad de las agresiones contra periodistas solo incentiva la repetición de estos crímenes», por lo que se le insta a iniciar de oficio las investigaciones correspondientes contra los agentes policiales identificados en los ataques del 9 de abril. Agregan que las sanciones no deben ser solo administrativas, sino proporcionales a la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas.
En cuanto a González, le piden activar mecanismos de protección para los diez comunicadores afectados, también emitir las recomendaciones necesarias a los cuerpos de seguridad para evitar que vuelvan a recurrir a estas acciones.
¿Qué considera el Ipys que se debe hacer para actuar en consecuencia?
- Establecer una mesa de trabajo con las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información para revisar los protocolos de actuación policial, de modo que se garantice que no se repetirán los atropellos.
- Que haya celeridad y transparencia en el procesamiento de las denuncias interpuestas por las víctimas.
- Solicitar y lograr la libertad plena de todos los trabajadores de la prensa sometidos a procesos penales por el ejercicio del periodismo.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
