El periodista de Yaracuy Osmar Palacio obtuvo su libertad plena después de que el Tribunal de Primera Instancia de Control N.º 5 de esa región centro occidental decretó el sobreseimiento de la causa seguida en su contra desde el año 2017, cuando lo arrestaron mientras cubría una manifestación y lo acusaron de supuesta desobediencia a las leyes.
Desde entonces, Palacio debía presentarse regularmente en tribunales al tener un proceso penal abierto por el hecho de ejercer su profesión durante esa manifestación de partidos políticos.
Palacio interpuso una revisión de su causa como parte de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo el 19 de febrero pasado, y el juzgado falló a su favor al darle el sobreseiimiento de la causa por no haber pruebas en su contra.
“En ese momento estuve detenido durante tres días en la sede de los Patrulleros y posteriormente fui puesto en libertad bajo régimen de presentación. Permanecí con esa medida cautelar desde 2017 hasta ahora, cuando finalmente se decretó el sobreseimiento de la causa, reconociéndose que no hubo delito alguno y que solo me encontraba ejerciendo mi labor”, expresó Palacio.
Incluso, el entonces gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia lo señaló públicamente de participar en una supuesta agresión a policías de esa región durante el desarrollo de la protesta en la avenida La Patria, en San Felipe.
La defensa técnica del periodista estuvo a cargo de las abogadas Marbella Gutiérrez y Ana Hilda Arencibia, quienes acudieron al tribunal para solicitar el procedimiento que finalmente lo benefició.
Tener expediente abierto limitó su ejercicio profesional
Al momento de su detención, Palacio se desempeñaba como productor en Radio Hispana 89.5 FM y Yaracuyana de Televisión. A pesar de encontrarse debidamente acreditado como trabajador de la prensa, lo presentaron ante tribunales que determinó las medidas de presentación cada 30 días en los juzgados de San Felipe.
“El hecho de mantener un expediente abierto en el Sistema Integrado de Información Policial tuvo consecuencias importantes en mi vida personal y profesional. En distintos espacios laborales fui rechazado por ese antecedente, tuve restricciones para tramitar mi pasaporte y tampoco pude concretar mi colegiatura en el Colegio Nacional de Periodistas”, relató.
Tras el sobreseimiento de la causa, Palacio manifestó su expectativa de retomar plenamente el ejercicio profesional.
“Esta decisión me da tranquilidad, significa dejar atrás años muy difíciles y poder aspirar nuevamente a ejercer con normalidad mi derecho a informar”, resaltó.
Más de una decena de periodistas con procesos abiertos
El pasado 20 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que al menos 20 periodistas venezolanos continuan con procesos judiciales abiertos, pese a haberse cumplido un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía.
«El Sntp advierte que la falta de respuesta no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia. En distintos tribunales se han reportado irregularidades, entre ellas el extravío de expedientes, la no distribución de solicitudes introducidas a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) y la ausencia de pronunciamientos dentro de los plazos legales», dijo sobre las solicitudes hechas por abogados de distintos trabajadores para obtener su libertad plena.
En los últimos días también se han conocido casos de rechazos de la amnistía. Uno de ellos fue el de Rory Branker, editor del portal informativo La Patilla, a quien detuvieron en el año 2025, lo mantuvieron en desaparición forzada y excarcelaron en febrero pasado.
El 6 de abril, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Terrorismo en Caracas le negóel sobreseimiento de su causa. El Sntp dijo que «la decisión mantiene vigente el proceso penal en su contra, a pesar de que Branker fue excarcelado el 4 de febrero de 2026, luego de permanecer 11 meses y 15 días detenido arbitrariamente».
Por eso, no puede salir del país y debe presentarse en tribunales periódicamente. Lo mismo ocurre con el reportero Román Camacho, a quien pese haber pedido el sobreisimiento de su causa, continúa bajo medidas cautelares.
«Estas prácticas vulneran de manera directa el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia, y mantienen a periodistas y trabajadores de la prensa en un estado de incertidumbre jurídica, sometidos a medidas cautelares que les impiden ejercer plenamente sus derechos», denunció el Sindicato.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
