Tenemos un gobierno ilegítimo que en forma descarada robó la manifestación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Desconoció la soberanía popular mediante el uso de la fuerza de las armas. Más tarde, una potencia extranjera se aproximó a nuestras costas, sobrevoló nuestro espacio aéreo y, finalmente, capturó a Maduro. Hubo esperanza. Soñamos que salíamos de la pesadilla y retornábamos a la libertad. Pero no era así. La potencia imponía quien debía mandar y dejaba a los mismos que había calificado de bandidos. Desconoció, igualmente, como la camarilla chavista, la voluntad popular. Lo peor, la sigue desconociendo.
En la tradición constitucional venezolana podemos afirmar la existencia de dos cuerpos del soberano. Por un lado, si examinamos quien establece la creación del Estado y el andamiaje jurídico, no hay lugar a dudas de que es el pueblo (preámbulo y artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario). El pueblo es «poder originario», «indivisible», «supremo», «perpetuo». Acorde con el artículo 5º: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. El otro cuerpo es el territorio donde está asentado el pueblo y ejerce su soberanía.
Ahora resulta que los poderes públicos los designa una potencia extranjera. Es decir, el venezolano no puede ejercer su soberanía, por la fuerza y la vía de hecho ha sido despojado. La camarilla que usurpa el poder está feliz, mantienen el poder, disfrutan de sus riquezas mal habidas y siguen haciendo negocios, saben que los otros están en su campo: business to business. La camarilla, el puñado de militares corruptos que le apoyan, los vividores y alacranes de la Asamblea Nacional muestran que el pueblo no les interesa, menos su soberanía, esto es solo para discursos para engañar incautos. La camarilla gobernante sin pudor entrega la soberanía popular con tal de mantenerse en el poder y en el negocio.
Es claro que la soberanía está ligada a una determinada organización del proceso de creación jurídica, esto significa que el soberano es quien designa, mediante procedimientos democráticos, a los poderes públicos que lo representarán. En este sentido, es mediante la democracia que se organiza el sistema jurídico estableciendo vías procesales a través de los cuales puedan acceder al sistema el mayor número de diferentes expectativas surgidas en el medio social y tengan, así, la posibilidad de convertirse en respuestas normativas, en «voluntad general». Ello implica normas orgánico-procedimentales y sustantivas que hagan fiable esa adaptación del sistema a las demandas del pueblo. Obviamente, el núcleo de esas normas lo compone la Constitución y, dentro de ésta, las cláusulas de reforma constitucional. Esto supone un sistema democrático, en el cual el pueblo decida.
La soberanía implica, también, un poder negativo y que lo transfiere a la democracia. Este poder negativo es su delegación de la voluntad del pueblo mediante el voto lleva no sólo la abstención de actuar los poderes de ir contra el pueblo, sino también a una determinada organización del ordenamiento jurídico que no menoscabe la democracia, medio para ejercer la soberanía popular. Obvio, que al existir poderes de facto es porque se ha destruido el ordenamiento jurñidico y se desconoce la soberanía popular. No hay democracia sin derecho.
La Constitución en sus artículos 333 y 350 dispone que ella no pierde su vigencia por actos de fuerza, imponiéndonos la obligación de restituirla. El pueblo mantiene la soberanía y debemos hacerla valer. Es incompatible que nuestra tradición histórica, nuestros valores libertarios, nuestro ordenamiento constitucional, que otros decidan por nosotros, mucho menos poderes extranjeros. Delcy, el TSJ y la Asamblea Nacional son ilegítimos. Debemos obligarlos a reconocer la soberanía popular y convocar a a elecciones libres. Las normas internacionales apoyan nuestra autodeterminación, que se manifiesta a través de la voluntad popular mediante el voto libre. Por eso tenemos que exigir un nuevo CNE y un cronograma de elecciones libres y competitivas, con observadores internacionales imparciales. Esta lucha es impostergable. Somos soberanos y nadie puede arrebatarnos esa soberanía. Cerremos filas con los trabajadores, los estudiantes, los pensionados para exigir libertad y elecciones. Luchar. luchar ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capítulo España.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
